En Argentina se podrá fabricar el fármaco abortivo Misoprostol para su administración terapéutica exclusivamente institucional y hospitalaria, conforme a los cuatro supuestos de interrupción voluntaria del embarazo no punibles por su Código Penal.

Dicha especialidad medicinal se encuentra autorizada desde el mes de julio pasado, en forma farmacéutica de comprimidos vaginales con una concentración de 200 microgramos, bajo la condición de venta por receta archivada y para uso institucional y hospitalario exclusivo, aclaró la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina (ANMAT).

La ANMAT, responsable de la autorización de la fabricación, informó de que el fármaco se producirá bajo la denominación de producto "Misop 200" y recordó que el Misoprostol, al igual que otras prostaglandinas, produce maduración cervical, dilatación y reblandecimiento del cuello uterino, disminuyendo la cantidad de fibra de colágeno y permitiendo que se intercale entre ellas una mayor cantidad de agua.

De forma consecutiva, el Misoprostol aumenta la frecuencia y la intensidad de las contracciones del músculo liso uterino, de forma que las fibras se orientan en el sentido de la tensión ejercida sobre ellas, facilitando así la expulsión del contenido del útero, explicó la ANMA en un comunicado.

Estas propiedades del Misoprostol permiten su utilización en la maduración cervical previa a una histeroscopía o en otros procedimientos ginecológicos que requieran acceder a la cavidad uterina en la inducción del parto, en la prevención o tratamiento de la hemorragia posparto o en la interrupción del embarazo, en las condiciones establecidas por la legislación vigente en Argentina.

Rechazo en el senado

La autorización para fabricar este fármaco llega después de que el Senado argentino rechazara, el pasado 8 de agosto, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que antes había aprobado la Cámara de Diputados.

A pesar de este rechazo, el Presidente Mauricio Macri, quien se ha manifestado en contra del aborto libre, sorprendió al señalar que "seguiremos trabajando para que las chicas tengan posibilidad de elegir".

Matías Jullian Velásquez /EFE

El ex Mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción y quien desde abril pelea en los tribunales para recuperar la libertad, inició ayer otra escabrosa batalla judicial, ahora en defensa de su candidatura presidencial.

El Partido de los Trabajadores (PT) planteó un nuevo desafío a la Justicia al inscribir, el miércoles, la candidatura de Lula para los comicios del 7 de octubre próximo, a pesar de que su condición de presidiario con condena en segunda instancia le impediría postularse a cualquier cargo electivo.

Esa norma figura en un ley sancionada por Lula en 2010, conocida como "Ficha Limpia", promovida por organizaciones ciudadanas y cuya constitucionalidad fue ratificada en 2012 por el Supremo. Sin embargo, el texto deja alguna brecha para la interpretación, a la que pretenden aferrarse los abogados de Lula para defender ahora su condición de candidato preso.

Esa ley establece que no puede ser candidata aquella persona que haya sido condenada mediante una decisión "transitada en juzgado", que en la jerga jurídica brasileña supone una sentencia firme, "o por algún tribunal colegiado", como son los de segunda instancia.

En el caso de Lula, se cumple la segunda de esas condiciones pero no la primera, pues en el proceso por el que ha sido castigado con 12 años de cárcel todavía le restan apelaciones en el Superior Tribunal de Justicia y, según su resultado, ante la Corte Suprema.

Hasta ahora, por esos recursos pendientes, Lula ha denunciado que su prisión es "inconstitucional", pues el Código Penal dice que una persona no puede ir a la cárcel hasta que no concluya por completo el proceso de apelaciones.

Sin embargo, la norma fue modificada en 2016 por el Supremo, que consideró que una pena "puede" ser ejecutada tras una sentencia en segunda instancia, pues en las apelaciones restantes ya no se juzga la "materialidad" del delito, sino cuestiones técnicas del proceso que no se refieren a la culpabilidad del imputado.

Hasta ahora, las decenas de apelaciones contra la prisión de Lula han sido rechazadas por la Justicia sobre la base de esa jurisprudencia establecida en 2016, que ha sido contestada por la defensa del ex Mandatario con acciones que están pendientes de análisis en el Supremo.

La inscripción de la candidatura presidencial de Lula abre ahora un nuevo frente jurídico, pero en el Tribunal Superior Electoral (TSE), que deberá decidir sobre el caso en función de la ley de "Ficha Limpia". Esto, porque apenas unas horas después del registro de la candidatura de Lula, la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, presentó ante el TSE un pedido de impugnación, fundamentado precisamente en esa legislación.

El caso estará inicialmente a cargo de Luis Barroso, un juez de línea dura que integra, con otros seis magistrados, la corte electoral y que también es miembro del Supremo, en el que ya ha se manifestó a favor de la plena aplicación de la ley de "Ficha Limpia".

En principio, el TSE tiene plazo para pronunciarse hasta el 17 de septiembre, cuando faltarán 20 días para las elecciones. Sin embargo, hay presiones para que la decisión sobre Lula sea conocida cuanto antes a fin de despejar el panorama que esa compleja situación le plantea a un electorado que, según los sondeos, tiene al ex Presidente como favorito, con un 30% de intención de voto.

No obstante, si la candidatura de Lula fuera vetada, las leyes brasileñas aún le permitirían otras dos apelaciones a esa decisión ante la propia corte electoral y el Supremo, que tendría la última palabra casi a las puertas de la elección más incierta que ha vivido el país.

de octubre. Ese día domingo se llevarán a cabo los comicios presidenciales en Brasil. 7

meses lleva Lula en prisión. El ex Mandatario fue condenado a 12 años por corrupción y lavado de dinero. 4

Más de 300 diarios de EE.UU. defendieron ayer la libertad de prensa en sus editoriales, publicados de manera coordinada en una iniciativa impulsada por The Boston Globe, en los que denuncian los ataques del Presidente Donald Trump a los medios de comunicación. Al ya habitual "noticias falsas" (fake news), que Trump usa varias veces a la semana, el Mandatario ha sumado insultos a periodistas y ha llegado a catalogar a la prensa como "el enemigo del pueblo estadounidense". Ante esta serie de críticas, Trump se defendió señalando que los "medios de comunicación falsos" son el "Partido de Oposición".

Patricia Bullrich, la titular del Ministerio de Seguridad argentino, firmó ayer una resolución que establece que se ofrece "una recompensa para aquellas personas que aporten datos precisos que conduzcan a la recuperación de dinero, divisas o bienes" en la causa que investiga la existencia de una presunta red de coimas de empresarios a funcionarios del kirchnerismo. La recompensa será del 5% del valor recuperado hasta un tope de dos millones de pesos argentinos (alrededor de US$ 67 mil) a aquellas personas que no hayan "intervenido en el hecho delictual". Esta causa, por la que la ex Presidenta Cristina Fernández fue a declarar al lunes, está siendo tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, a cargo de Claudio Bonadio, y según informaron ayer desde el ministerio, la fiscalía interviniente informó "que no existen objeciones que formular" al establecimiento de una recompensa bajo estas condiciones.

Turquía promete reformas ante baja de la lira, pero niega que precise rescate

El Gobierno turco prometió ayer las primeras medidas concretas desde que arreció la crisis devaluatoria de la lira, asegurando que recortará el gasto público, aumentará el superávit primario, flexibilizará el mercado laboral y luchará contra la inflación, al mismo tiempo que negó que la economía del país precise de un rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI). "Aplicaremos una política fiscal más ajustada; las reformas estructurales son nuestra prioridad", dijo el ministro de Finanzas turco, Berat Albayrak, durante una teleconferencia con cerca de 4 mil inversores, con la que buscaba tranquilizar a los mercados y mejorar la confianza en la economía turca. Además, el ministro subrayó que "no hay plan de acudir al FMI", una salida que muchos analistas consideran necesaria para estabilizar la lira turca, que se ha devaluado en más de un 40% en lo que va de año. La lira, eso sí, tuvo ayer su tercera jornada consecutiva de recuperación, llegando a 5,8 por dólar.