El fiscal nacional, Jorge Abbott, confirmó que el Ministerio Público indagada los dos episodios tóxicos ocurridos la semana pasada en Quintero y Puchuncaví y que llevan, hasta el momento, 301 personas intoxicadas. "Hay una investigación abierta y los nuevos hechos se han vinculado a esa investigación", señaló el jefe del ente persecutor.

En esa línea, Abbott agregó que la causa está siendo encabezada por el persecutor jefe de la fiscalía local de Quintero, Mauricio Dünner, agregando que es él quien "abarca otras contaminaciones anteriores" y que "se le está agregando este nuevo hecho". A casi una semana de haberse detectado los incidentes en la zona, el Ministerio Público ya ordenó la realización de diligencias para establecer si se configuran, especialmente, delitos contra el medioambiente.

El fiscal Dünner detalló que la Fiscalía local investiga "desde el primer minuto los episodios de contaminación acaecidos en la ciudad de Quintero en los últimos días". Sobre el primer episodio, registrado el martes 21 de agosto, el fiscal de turno dispuso la comparecencia de personal especializado de la Bidema de la PDI y del Labocar de Carabineros, que "tomaron muestras y se realizaron otra serie de diligencias en la comuna".

Sobe el episodio del jueves 23, el fiscal de turno dispuso la presencia de la Bidema con diversas pesquisas en la zona, entre ellas la toma de muestras y el empadronamiento de las personas afectadas por estas emanaciones. Dünner añadió que "se ha estado trabajando preferencialmente con personal de la Bidema Metropolitana, atendido que es la unidad que tiene el personal especializado y capacitado para investigaciones de esta naturaleza".

El lunes hubo la primera reunión de trabajo, donde se coordinaron acciones y entregaron los primeros lineamientos de la investigación. "Se han tomado muestras en cada uno de los episodios, estamos a la espera de los resultados a objeto de poder determinar cuáles fueron los compuestos, gases o químicos que habrían originado los problemas en la población e ir centrando la investigación en las empresas que pudieran trabajar con dichos compuestos". Los resultados se conocerían a fines de la próxima semana.

Alexis Paredes R.

Durante los dos años y medio que lideró la región, el exintendente Gabriel Aldoney tuvo dentro de sus prioridades desarrollar una nueva gobernanza para la bahía de Quintero y Puchuncaví, que contemplaba la participación de una mesa público-privada plasmada en una corporación, dotada de las herramientas para abordar la descontaminación en la denominada zona de sacrificio, tanto en materia legal como los instrumentos necesarios para medir y controlar las emisiones.

"El problema que captamos al asumir es que en la legislación chilena no existen autoridades portuarias que regulen, reglamenten y gestionen lo que pasa en la bahía. Hay una ausencia del Estado en la planificación y gestión de las bahías, lo cual requiere una ley. Nosotros convocamos al sector público y privado a conformar lo que llamamos la Gobernanza de la bahía Quintero-Puchuncaví, invitando a los alcaldes, representantes de los municipios, organizaciones sociales y particularmente al empresariado". Aldoney añade que "lo principal para poder actuar en una emergencia medioambiental es conocer cuáles son los factores que generan incidentes como el ocurrido la semana pasada. Cuando hay emanaciones de gases, si no se actúa prontamente para detectar el tipo de material contaminante, hacer las mediciones de viento y una serie de factores relacionados, va a ser muy difícil saber cuál es su origen".

- ¿Lamenta que esos insumos generados durante su mandato no hayan sido aprovechados por la actual administración para avanzar en esta materia?

- Lo lamento porque fue un trabajo en que participó mucha gente. De hecho, se ha dado también en ámbitos como recursos hídricos, movilidad o en cambio climático. Más allá que estén hechas por un gobierno o autoridad determinada, lo que intentamos hacer fue un trabajo en el que participara gente que incluso era de la oposición y hoy está en el gobierno.

- En diciembre de 2016, junto al ministro de Medio Ambiente de la época, Pablo Badenier, el Gobierno anunció la aprobación del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, con el cual se pretendía reducir los niveles de emisión de las fuentes contaminantes en un plazo de 3 a 7 años. ¿En qué quedó eso?

- Una cosa es el plan mismo y otra cosa es cómo se implementa. Ese plan de descontaminación finalmente fue a parar a la Contraloría, por lo menos en el ámbito administrativo, y lo objetó porque, según el contralor, no era un plan de descontaminación lo que se había propuesto. Finalmente, se reingresó a la Contraloría y yo después le perdí la pista, no sé lo que habrá pasado. Independiente de quién sea el gobierno, un plan de descontaminación implica que los servicios públicos estén en condiciones de poder controlarlo. Eso significa más profesionales y más especialistas, tener tecnología e instrumentos que muchas veces no existen, etc. No me parece que el problema que tenemos sea sólo normativo, sino que es un problema de gestión.

- De acuerdo a su experiencia, ¿seremías como Medio Ambiente o Salud están desprovistas de las herramientas e instrumentos para hacer una adecuada fiscalización a las emisiones?

- A mi juicio, en el ámbito medioambiental y en muchas otras áreas, la institucionalidad del Estado está de espaldas a los problemas que existen en la sociedad y que afectan a la ciudadanía. Hay mucho que hacer en esa materia. Insisto, el problema no se acaba sólo con normas más exigentes, hay que tener una autoridad que se dedique las 24 horas del día a trabajar el tema. Como en otras partes del mundo, Chile debería tener autoridades en las bahías dotadas de recursos, con especialistas y que sea capaz de estar por sobre los servicios para poder coordinarlos, donde además es muy importante la voluntad de los privados, que podría haber sido mucho más proactiva cuando trabajamos el tema de la gobernanza, nos costó mucho que comprendieran el concepto, nos faltó tiempo.

- ¿Es posible la convivencia entre las empresas contaminantes y las comunidades?

- Es difícil, pero no imposible. Las empresas deben darse cuenta que la paciencia ya está agotada, si no reaccionan como debe hacerlo un empresario responsable, lo que pienso debería resolverse en una alianza público-privada, tendrá que ser el Estado el que tome la iniciativa y, finalmente, convivir en una situación de tira y afloja permanente. Al final de cuentas, los que salen perjudicados son los ciudadanos y el prestigio del sector privado comienza a ser cuestionado.

- ¿Se apresuraron las autoridades políticas, como la ministra o el intendente, en responsabilizar a Enap de ser el causante de estos últimos episodios?

- Las autoridades actuaron con tanta certeza al comienzo, dando una información que ha sido puesta en duda, entre otras, por la propia Enap. Se actuó con una ligereza que es necesario que la autoridad resuelva; si posee antecedentes que confirmen lo señalado, que se inicien prontamente los sumarios y las gestiones administrativas para sancionar a la empresa. Si no fuera así, estamos frente a un hecho de gravedad extrema, porque se juega con la fe pública. Creo que será difícil conocer la causa, salvo de que existan personas que estén dispuestas a declarar y señalar qué fue lo que ocurrió no sólo en Enap, sino que en todas las empresas del sector, porque mediciones a estas alturas del partido ya no se pueden hacer. Esa era una de las instancias que contemplaba la gobernanza, actuar rápidamente sobre la emergencia y la capacidad para conocer las causas, eso implica tener datos reales y no meras suposiciones.

"La estructura que el Estado tiene en la planificación, gestión y fiscalización de lo que ocurre en las bahías de Chile es paupérrima, no existe no sólo en el tema ambiental""

"Es hora que Chile tenga una legislación que permita contar con una institucionalidad que se haga responsable clara y nítidamente de lo que ocurre en las distintas bahías del país""