Paola Passig

"No buscamos modificar el fallo de la Corte Suprema, sino que decirle a los ministros que no pueden ignorar los tratados internacionales", aclara el diputado Jaime Naranjo (PS), uno de los impulsores de la acusación constitucional por abandono de deberes en contra de tres ministros de este tribunal que entregaron el beneficio de la libertad condicional a siete presos de Punta Peuco. "Si no hubiéramos recurrido a este instrumento de fiscalización que nos entrega la Constitución, nosotros podríamos ser acusados de abandono de deberes", subrayó.

- ¿Esta acusación es o no una bomba atómica como señala la UDI?

- Llevo mucho tiempo de parlamentario y he participado en varias acusaciones constitucionales, pero nunca había visto un clima tan apocalíptico y que viene de diversas instituciones, partiendo por el propio Poder Judicial, que ya ha hecho varias intervenciones por la prensa, y también de los propios medios a través de editoriales donde se desliza que prácticamente se está destruyendo el Estado de derecho. Y al parecer toda esta gente ignora, o intencionalmente quiere ignorar, que lo único que estamos haciendo es recurrir a una de las facultades que nos da la propia Constitución. O sea, no estamos pasando a llevar ni poniendo una bomba racimo a ningún Estado de Derecho. No nos hemos apartado ni un milímetro ni de la ley ni de la Constitución. Por eso me gustaría que, así como nosotros tenemos respeto por otros poderes del Estado, exigir respeto porque eso sí podríamos considerarlo una intromisión de otros poderes del Estado en las facultades que la Constitución nos entrega.

- El oficialismo acusa una ofensiva de acusaciones ideológicas.

- Parece que la memoria de ellos es muy corta porque se olvidan de todas las acusaciones constitucionales que hicieron contra ministros durante el gobierno de la Presidenta Bachelet y de otros de la Concertación. Nosotros jamás iniciamos una campaña orquestada diciendo que estaban poniendo en peligro el Estado de derecho. Nosotros estamos haciendo lo mismo con los mismos argumentos que ocupó el entonces senador Piñera en 1993, cuando con su voto aprobó la acusación constitucional contra el ministro Cereceda. ¿Y qué dijo en ese entonces el senador Piñera? Que Cereceda había ignorado los tratados internacionales -lo mismo que estamos diciendo nosotros hoy-, pero Piñera quiere borrar con el codo lo que hizo el 93.

- Hasta el momento la bancada del PDC no ha tomado una decisión oficial.

- No tengo ninguna duda de que apoyarán. Sé la trayectoria de ellos a lo largo de su historia política y de su compromiso en materia de DD.HH. El mismo clima que se está viviendo hoy día respecto a la muerte de Andrés Aylwin, un baluarte en materia de DD.HH., o la misma situación que está viviendo la familia Frei genera condiciones objetivas y subjetivas para que la DC apoye y respalde esta acusación.

- Se ha criticado el fondo de la medida.

- Esta acusación está construida sobre bases muy sólidas, muy profundas. Los argumentos son muy contundentes y cualquier persona con criterios de objetividad debiera apoyarla. Es más, me gustaría que esta acusación no fuera entre Gobierno y oposición, ni entre izquierda y derecha ni entre los que estuvieron con la dictadura y los que estuvieron en contra de la dictadura, sino que fuera una visión común y de todos y que establezcamos una doctrina de los DD.HH. donde dejemos claramente establecido que determinadas situaciones o determinadas violaciones a los DD.HH. no podemos tolerarlas y que, por consiguiente, todos se sumaran a esta decisión nuestra de decirle no a la impunidad.

- La acusación ha gatillado críticas en distintos sectores.

- Llama la atención esta campaña orquestada. Nosotros no estamos cayendo en un capricho ni queremos cobrar venganza. Esto es muy simple y por eso me llama la atención tanto abogado que sale a opinar. Y es que no es lo mismo un delito común que un delito que involucra crímenes de lesa humanidad, porque en estos casos está involucrado detrás el aparato represivo del Estado y por eso en la comunidad internacional existe una mirada homogénea y por eso se persiguen más allá de las propias fronteras. Lo que pasó con estos jueces es que, ya sea por omisión o deliberadamente, no quisieron aplicar los tratados internacionales en las sentencias que hicieron. Y por la reforma constitucional que hicimos, los tratados internacionales están incorporados a nuestra legislación. O sea, ningún juez puede ignorar en sus fallos esos tratados internacionales, especialmente cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Y estos tratados establecen requisitos para que los violadores de DD.HH. puedan acogerse a algún tipo de beneficio. ¿Cuáles son? Que hayan colaborado en el desarrollo de la investigación, que se hayan arrepentido y que hayan tenido una pena y una sanción proporcional al daño que generaron, pero los beneficiados por la Suprema no cumplían ninguno de estos requisitos.

- El constitucionalista Fernando Atria, de su partido, sostuvo que si tenía éxito podría afectar los equilibrios en la Suprema, ya que iba a implicar la salida de tres jueces y el nombramiento de otros tres por parte de Piñera. ¿Se ha sopesado este efecto al momento de presentar la acusación?

- Quienes están teniendo esa mirada -y me sorprende que sea gente de izquierda- están actuando políticamente en la conformación del Poder Judicial. O sea, ver si los jueces son de mi lado o no, y si no son de mi lado, los acuso. Eso me parece absolutamente improcedente y me llama la atención que personas que son constitucionalistas ignoren cómo se nombra a los ministros de la Suprema. Esto es fruto de una quina que la Corte le entrega al Presidente y éste elige a uno que debe ser sometido a ratificación en el Senado con un alto quórum. Pensemos lo que pasó con el ministro Cerda, donde la derecha lo objetó una y otra vez y costó un mundo que fuera ratificado. Entonces que me digan que estamos cambiado la composición... ¡Por favor, no politicemos! Cuando nos acusan de politizar este instrumento, yo le pido a este tipo de personas que no ensucien la acusación. Y quienes opinan así le están haciendo un flaco favor a la causa de los DD.HH.

- Atria sugiere que quizás habría sido mejor recurrir a la Corte Interamericana de DD.HH. (CIDH).

- Nosotros usamos diversos caminos. Uno fue ir a la CIDH y otro camino ha sido la acusación constitucional, pero son complementarios, no excluyentes. Por eso el PS y otros parlamentarios fueron a la CIDH, que es un camino más largo, pero nosotros también necesitamos una respuesta aquí y ahora y que es acusar a estos jueces por notable abandono de deberes. Nosotros queremos que en el país no se establezca la impunidad. Y estaríamos cayendo nosotros, los diputados, en notable abandono de deberes si dejáramos pasar esta situación porque, se apruebe o no la acusación, el fallo sigue firme y se ha querido establecer que nosotros queremos modificarlo. Si se aprueba la acusación, esta gente seguirá con los mismos beneficios. No nos estamos metiendo en los fallos, lo que sí estamos diciendo desde el Parlamento es que no vamos a permitir que haya personas interesadas en establecer la impunidad.

- ¿En qué sentido lo dice?

- En estos últimos meses hay una serie de señales que indican que existe un ambiente de determinadas instituciones de colaborar en la impunidad. El Presidente, haciendo uso de sus facultades, indulta a criminales de lesa humanidad; la Contraloría diciendo que durante un año no va a tomar razón de este tipo de indultos por problemas administrativos y económicos. Y finalmente, que la sala penal esté comenzando a entregarles beneficios a criminales. Nosotros no vamos a aceptar que se establezca este clima favorable a la impunidad.

- ¿El Congreso está al debe en materia de DD.HH.?

- Para que no se repitan estas situaciones se requiere avanzar en materia legislativa y dejar todo claro para que nadie trate de buscar subterfugios para no aplicar las normas internacionales.

"Desde que retornamos a la democracia hemos dado pasos importantes en materia de DD.HH., pero todavía hay insuficiencias legislativas" "Llama la atención que personas como el juez Muñoz opinen de esta forma, porque pareciera que se les olvidó la Constitución. Creo que hay una defensa corporativa""