Sabía perfectamente el Presidente de la República que no lo recibirían con arcos de triunfo en Puchuncaví y menos en Quintero. La indignación acumulada por años, las víctimas pasadas y las actuales, justificaban las protestas contra el Presidente, no la violencia. Mirando en perspectiva, los gritos y pancartas del martes no eran en realidad contra Piñera, sino que contra la indiferencia pública de años ante la contaminación originada en múltiples fuentes que el Estado de Chile no ha podido establecer en forma precisa y menos controlar.

Tiene razón del exintendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, ingeniero más que político, cuando afirma que "la estructura que el Estado tiene en la planificación, gestión y fiscalización de lo que ocurre en la bahías de Chile es paupérrima… las empresas deben darse cuenta que la paciencia ya está agotada". Y cuando se habla de empresas se debe entender privadas y estatales. También es prudente preguntarse cuál es la autocrítica de la exautoridad regional respecto a políticas para esa zona, calificada de "saturada", durante su administración.

Y es lógico que la paciencia se agote, pues a episodios aislados y frecuentes se suma la reciente intoxicación masiva con casi 400 afectados en el castigado sector Quintero-Puchuncaví.

Así, el Presidente, junto con reunirse con los alcaldes de las comunas afectadas, viajó a la zona. Inédito acto de coraje en momentos de crisis. En un ambiente de airadas protestas anunció un plan de descontaminación que abarca saneamiento, salud y la petición a las empresas del sector para que limiten sus niveles de actividad y emisión hasta quedar por debajo de la norma que fija la ley. Lo anterior, en lo inmediato, debe significar una acción de seguimiento y control a la población afectada, ya que el daño se proyecta en el tiempo.

Pero el anuncio más importante, quizás, es la instalación de sistemas de monitoreo independientes para aguas, aire, suelo y borde costero. Se trata de una contraloría ambiental. Los resultados de este monitoreo independiente deben proyectarse en medidas inmediatas de paralización de procesos y sanciones cuando corresponda.

A la vez, procede, como se ha pedido, congelar el parque industrial existente para evitar que nuevas "chimeneas" se sumen al letal concierto de gases que por décadas ahoga a la zona. Todo lo anterior supone costos y quizás bajas productivas, pero éstos resultan mínimos si se los compara que el valor que significa el cuidado de la vida humana, cuestión ética fundamental que muchas veces se oculta tras tentadoras cifras de crecimiento.

¿Cambiará realmente la historia de esa castigada zona como lo prometió el martes del Presidente Piñera? Tras años de anuncios y compromisos la duda es razonable, pero pecando de crédulos y optimistas pensemos que ahora sí hay voluntad para un cambio de verdad.