Cristián Rodríguez F.

No fueron los proyectos más controversiales de la región los que provocaron una postura generalizada. Tampoco fue la emergencia ambiental en Quintero y Puchuncaví la que motivó una reacción más transversal. Ni siquiera el -a simple vista beneficioso- tren rápido propuesto por el consorcio TVS pudo juntarlos a todos (cinco diputados manifestaron su rechazo). Tuvo que ser una ofensiva del intendente Jorge Martínez -como parte de una campaña realizada a nivel nacional- la que finalmente provocó, después de casi seis meses de iniciado el Gobierno, que todos los parlamentarios de la oposición de la zona se agruparan en contra de un tema.

El miércoles, en la mañana, en una arremetida pocas veces vista en un representante del Ejecutivo, el intendente Martínez emplazó directamente a los diputados Diego Ibáñez (MA), Rodrigo González (PPD), Marcelo Díaz (PS), Carolina Marzán (PPD), Camila Rojas (IA), Marcelo Schilling (PS) y Daniel Verdessi (DC) a que expusieran ante la ciudadanía sus razones tras rechazar el veto presidencial presentado por el Gobierno y que buscaba insistir con la plurianualidad en el proyecto de salario mínimo.

"¿Ustedes realmente creen que con este bloqueo al salario mínimo están dañando al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera?", preguntó el intendente durante un punto de prensa convocado para dar a conocer los resultados de una nueva ronda policial en la región. Más tarde, Martínez ratificó sus dichos en su cuenta personal de Twitter, mencionando incluso las cuentas personales de los siete parlamentarios de oposición.

Sin embargo, la mayor polémica vino después, cuando la cuenta oficial en Facebook de la Intendencia de Valparaíso publicó un mensaje en los mismos términos. "Lamentamos categóricamente el rechazo al reajuste que va en beneficio de quienes reciben el salario mínimo. Decimos #NoalBloqueo (...) Pensemos en los trabajadores chilenos y sus familias y dejemos de lado el aprovechamiento político", decía el polémico mensaje, que ayer ya aparecía borrado.

Antes de su emplazamiento, el intendente ya venía siendo cuestionado por relacionar el crimen del profesor de Villa Alemana, Nibaldo Villegas, con delitos que, según dijo, "vemos en otros países". Su desempeño en la crisis de Quintero también estaba bajo la lupa, al punto que el diputado Schilling instó al Presidente Piñera a "considerar si el intendente debe mantenerse en el cargo". Por lo mismo, ante la inédita ofensiva comunicacional los legisladores no dejaron escapar una nueva oportunidad para arremeter en su contra.

En un escrito de cuatro páginas, los siete parlamentarios emplazados más los diputados Víctor Torres (DC) y Jorge Brito (RD), además de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD), acudieron a la Contraloría Regional de Valparaíso para que ésta se pronuncie sobre la eventual falta a la probidad que cometió Martínez al utilizar los medios oficiales de la Intendencia para cuestionar la votación sobre el salario mínimo.

Además del uso de las redes sociales del Gobierno Regional, en el documento también se cuestiona que Martínez realizara el emplazamiento "en dependencias de la Intendencia y en horario de trabajo".

"Claramente, los intendentes de todas las regiones recibieron la orden desde La Moneda de interpelar a los parlamentarios de oposición por la votación del salario mínimo, tergiversando la información y diciendo que acá hay bloqueo", criticó el senador Latorre, haciendo referencia a los mensajes similares que fueron publicados ese mismo día por otras cuentas oficiales del país.

"El intendente Martínez debiese atender a criterios de imparcialidad, pero contrariamente ha tomado una postura ofensiva comunicacional, prestando todo su repertorio mediático para construir una posteridad y confundir a los chilenos respecto de lo que se aprobó en el Parlamento", criticó el diputado Ibáñez, mientras que Marcelo Díaz esperará que "la investigación sea rápida y categórica y deje en evidencia que el intendente ha faltado a la probidad", agregando que "en estos pocos meses que lleva en el cargo (Martínez) se ha caracterizado por su falta de mesura, de prudencia y de celeridad para enfrentar los problemas".

En tanto, el senador Lagos Weber cerró las críticas recordando que "en el Parlamento hicimos todas las gestiones para dialogar con el Gobierno sobre el salario mínimo. Por eso consideramos que no pueden pedir diálogo y luego desvirtuar la verdad sobre el reajuste, y más encima ordena a que usen sus redes sociales para 'trollear' a los parlamentarios".

La ofensiva comunicacional a lo largo del país provocó que la Contraloría tuviera que salir a aclarar la situación, mencionando un documento de fines de junio de este año donde justamente se cuestionaban diferentes mensajes difundidos por el gobierno anterior.

"Los servidores públicos deben hacer prevalecer el interés general por sobre el particular, de modo que han de guardar la más estricta imparcialidad, no pudiendo realizar actividades de carácter político dentro de las dependencias de la administración, en el ejercicio del cargo o función pública, durante la jornada de trabajo o utilizando recursos o bienes del organismo respectivo", indica el dictamen 16.518.

El documento de la Contraloría incluso advierte que "los servidores y autoridades de gobierno están impedidos de realizar cualquier actividad de carácter político utilizando bienes públicos", porque de lo contrario se "contraviene especialmente el principio de probidad administrativa".

Hasta el cierre de esta edición no fue posible obtener una opinión del intendente Martínez frente al tema.

"Claramente, los intendentes recibieron la orden de interpelar a los parlamentarios de oposición"

Juan Ignacio Latorre, Senador RD"

"(El intendente) se ha caracterizado por su falta de prudencia, mesura y celeridad para enfrentar los problemas"

Marcelo Díaz, Diputado PS"