Cristián Rodríguez F.

La Tercera Sala de la Corte Suprema decidió confirmar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de mayo pasado, que declaró ilegal la intervención del río Aconcagua decretada por la Dirección General de Aguas (DGA) el 1 de febrero pasado, como una medida para enfrentar la escasez hídrica que por años aqueja a las comunas de la zona interior de la región.

La acción, en dicha oportunidad, fue interpuesta por la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del río, que acusó a la DGA de incurrir en una serie de irregularidades al momento de decretar la intervención, que obligó a la organización a cerrar sus compuertas por 36 horas a la semana durante tres meses.

Entre los cuestionamientos que esgrimieron los regantes están el haber sido citados a una reunión antes de que se declarara escasez hídrica en la zona, lo que consideraron como ilegal. Además, acusaron a la DGA de actuar de manera arbitraria al no someter a Codelco a la misma intervención del río Aconcagua.

Y si bien la Suprema descartó que el organismo haya incurrido en una irregularidad al momento de proceder con el decreto, sí consideró que actuaron de manera arbitraria. "Queda en evidencia que la declaración de escasez abarcó una zona considerablemente más amplia que aquella que resultó afectada con la medida de suspensión de las atribuciones de la Junta y el cierre periódico de las bocatomas sujetas a su jurisdicción", indica el fallo.

En esa línea, el escrito agrega que "esa desproporción no aparece explicada y la justificación apoyada en que respecto de otros usuarios, en particular Codelco, la facultad de que se ha venido tratando se ejercería en forma independiente, no logra dotarla de sustento suficiente". Por tal razón, la Suprema sentenció que la actuación de la DGA, a través de su delegado, "es en esa extensión arbitraria y afecta el igual trato legal a que tienen derecho los recurrentes"."Como Primera Sección valoramos que el fallo -y ahora la sentencia- demuestre los errores e ilegalidades cometidos hacia esta Junta de Vigilancia del río Aconcagua, la que desde febrero se encuentra sufriendo una grave escasez de agua", comentó su presidente, Javier Crasemann, quien agregó que "llevamos años señalando la necesidad de que exista igualdad ante la ley y estos fallos lo ratifican".

En ese contexto, desde la Primera Sección ratificaron lo que ya habían adelantado tras el fallo de la Corte de Apelaciones: presentar una demanda civil en contra del Estado por el perjuicio económico que les significó la intervención.

De acuerdo a las estimaciones que manejan, la medida terminó afectando a unos seis mil usuarios, los que en promedio habrían sufrido un recorte de 23,5 millones de metros cúbicos mientras duró la intervención, lo que se traduce en un detrimento de un 21,4% de sus patrimonios.

"Como sección valoramos que se haya demostrado los errores e ilegalidades cometidos hacia esta Junta de Vigilancia"

Javier Crasemann, Presidente de la Primera Sección"