Una batalla que se ha intensificado durante los últimos años mantienen los municipios de la Región en contra de los denominados casinos de juego ilegales, cuyas máquinas entregan premios en dinero y son catalogadas de azar, por tanto operan fuera de la ley.

A nivel nacional, la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI en conjunto con el Ministerio Público, han solicitado antecedentes a más de 40 municipios en el marco de la indagatoria por presunto lavado de activos en el gremio de los tragamonedas de barrio. Entre los documentos solicitados por la policía civil están las patentes otorgadas a los salones de juego y antecedentes de clausura de máquinas tragamonedas. En algunos casos incluso se pidió acceso a correos electrónicos, registro de reuniones y computadores.

Si bien la diligencia realizada la semana pasada no incluyó a municipios de la Región, desde la Asociación Regional de Municipalidades existe preocupación por la proliferación de este tipo negocios, que operan al margen de la ley, y la falta de recursos con que cuentan para abordar esta materia y efectuar una adecuada fiscalización.

Según un catastro de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) realizado el 2016, a nivel nacional se contabilizaron al menos 33 mil máquinas de azar, sin embargo, la cantidad real podría bordear el millón de unidades distribuidas a lo largo del país.

El presidente del capítulo regional de municipios, el alcalde de Limache Daniel Morales, afirmó que, tal como se viene trabajando en el combate al comercio ilegal, se pretende desarrollar una acción coordinada con las autoridades de gobierno para erradicar los casinos ilegales, que generan una serie de externalidades negativas, en especial entre la población más vulnerable.

"Lo que se hizo con el comercio ambulante es una muy buena señal para poder potenciar este mismo trabajo en la región, muchos municipios han intervenido los casinos ilegales de manera individual y, finalmente, se arriesgan a acciones judiciales de las personas que hoy día se ven afectadas, porque se coarta su actividad económica, pero que está amparada en la ilegalidad. Faltan criterios comunes, faltan herramientas comunes y visiones comunes para poder enfrentarlo", detalló Morales.

Para presidente de la asociación, "lo que se hizo con el comercio ambulante en las gobernaciones de Valparaíso y Marga Marga es perfectamente aplicable al caso de los casinos ilegales. Si hiciéramos un estudio de la Región, obviamente ambas provincias son las que tienen mayor cantidad de estos casinos. Esta acción conjunta debiéramos impulsarla a instancias mucho mayores, para unificar el tema de las ordenanzas municipales, de las fiscalizaciones por parte de las policías, tratar de sacarle más provecho a lo que hoy mínimamente con sus recursos puede realizar el SEC, que también es un elemento fundamental, y por sobre todo también, las certificaciones por las cuales podemos recibir algún tipo de apoyo de la SCJ. Cuando se vinculan todos esos elementos y además hay una visión única, obviamente pueden ser mucho más positivas las fiscalizaciones".

El jefe comunal de Limache recalcó que si bien "el impulso de los alcaldes de manera individual a esta problemática puede tener resultados, pero son demasiado aislados y focalizados, acá podemos generar una forma de trabajo que puede ser bastante atractiva", en alusión a la coordinación con las autoridades de gobierno en esta materia.

Sobre esta materia, el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, expresó que los locales de máquinas de juego en la comuna están regidos por la ordenanza N° 1 del 2013, y se fiscalizan a través del Departamento de Inspección del municipio. "A las máquinas debidamente certificadas, que no son de azar, la municipalidad les coloca un sello numerado, conjuntamente con la placa madre de la máquina, que no puede ser cambiada ni destruida". Viñambres detalló que "los locales que no cuentan con los permisos son notificados para que regularicen su situación con la nueva disposición de la Controlaría de República, que nos indica que es este organismo el que determina qué máquina es de destreza o de azar; en caso contrario, son remitidos al Juzgado de Policía Local".

En Viña del Mar, el jefe de asesoría jurídica del municipio, Pablo Staig, aseveró que "en cumplimiento de la normativa legal vigente, la Municipalidad de Viña del Mar no otorga ninguna patente para el funcionamiento de máquinas tragamonedas de azar y los casos en que se ha detectado el ejercicio ilegal han sido sancionados y clausurados por los tribunales".

El diputado Osvaldo Urrutia (UDI) resaltó que en forma permanente ha buscado perfeccionar la legislación en torno a los casinos que funcionan legalmente, bajo la supervigilancia de la superintendencia y todas las normas legales, principalmente apuntando al tema de la ludopatía. "En el caso de los tragamonedas, donde no me cabe la menor duda que son máquinas de azar, hay que terminar de una vez por todas con este verdadero cáncer que existe en la gran mayoría de las comunas del país, no sólo a través de normas legales, sino que aumentando los recursos para la fiscalización", afirmó.

Urrutia concuerda en que "los municipios y Carabineros necesitan más recursos para fiscalizar y hay que ser duros con estos sitios, que lo único que hacen es prácticamente quitar los recursos a las familias, son muchos los casos donde quienes son el sustento del hogar gastan grandes sumas de dinero en este tipo de máquinas. Por ello hay que erradicarlas de plano y estoy totalmente disponible para apoyar a los municipios que deseen hacerlo. A su vez, hay que castigar fuertemente a los que promueven este tipo de maquinaria porque están provocando un daño enorme a la sociedad".

El diputado Andrés Celis (RN) también se mostró partidario de una legislación más estricta al respecto. "Los casinos ilegales en Valparaíso son una verdadera mafia, hago un llamado al alcalde Jorge Sharp a que termine de una vez por todas con aquellos que apoyan estos juegos de azar que por ley están prohibidos y que afectan gravemente las finanzas de los porteños".

Sobre la ordenanza municipal que el alcalde Sharp pretende implementar, el diputado Celis afirmó que "esa medida es totalmente improcedente, una ordenanza no puede ir más allá de la ley y se corre el riesgo de que bajo la actividad de los casinos ilegales se termine encubriendo y legalizando. Incluso, esto podría configurar otra causal más de notable abandono de deberes por parte del jefe comunal".

Celis recordó que "como concejal de Viña del Mar me tocó recibir a esta mafia de personas que lo único que hacen es ofrecer dinero a los políticos para que en cada municipio aprueben la instalación de estos lugares a cambio de financiar campañas. En Viña lo intentaron y la respuesta de los ediles fue prohibir los casinos populares".

El senador Alejandro Navarro es autor de uno de los proyectos de ley en esta materia (Boletín 10.811), el cual busca prohibir gradualmente las máquinas populares de azar. Además ha solicitado a los Ministerios Públicos de las regiones del Biobío, O'Higgins, Valparaíso y, próximamente, Antofagasta, investigar el juego ilegal, la defraudación tributaria, el lavado de activos y la asociación ilícita que estarían detrás de éstas. "Le pediremos a las Fiscalías citar a declarar ante la PDI a las empresas y profesionales que realizan la mantención de estas 'máquinas comemonedas'", aseveró.

Dicha medida, explicó el senador, se fundamenta en que "está claro que esa manipulación técnica incluye a la placa madre de las máquinas, parte clave de configuración para categorizarla como ilegalmente de azar o si es de destreza".

El proyecto busca prohibir el funcionamiento de las máquinas tragamonedas o de azar fuera de los locales que están permitidos por la Ley de Casinos Nº 19.995, pero al mismo tiempo apoya a los dueños de estos locales con programas de reconversión.

En tanto la moción presentada por el diputado Osvaldo Urrutia faculta a la SCJ la determinación de juego de azar. Para ello incorpora un inciso a la ley 19.995 por el cual "le corresponderá al Consejo Resolutivo determinar la definición de juegos de azar de un modo generalmente obligatorio".

"Los casinos ilegales en Valparaíso son una verdadera mafia, hago un llamado al alcalde Jorge Sharp a que termine de una vez por todas con aquellos que apoyan estos juegos de azar"

Andrés Celis, Diputado RN"