Venezuela reclama a Francia por respaldar acción en CPI
CRISIS. Nota de protesta pide a la administración de Emmanuel Macron no inmiscuirse en asuntos internos y respetar el derecho internacional. ELECCIÓN. Mandatario obtuvo amplia majoría en votación del poder Legislativo. COLOMBIA. Iván Márquez criticó la extradición a EE.UU. de exlíder del grupo.
Venezuela entregó a Francia una nota de protesta en rechazo a su decisión de apoyar el pedido de seis países para que la Corte Penal Internacional investigue al gobierno de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El viceministro venezolano de Relaciones Exteriores para Europa, Yván Gil, entregó al embajador francés en Caracas, Romain Nadal, la nota en la que señaló a los países de utilizar los organismos internacionales para "agredir a Venezuela y generar un cambio de gobierno por la fuerza", señaló un comunicado de la Cancillería.
En el escrito, Caracas exigió al gobierno francés no inmiscuirse en los asuntos internos y respetar el derecho internacional. Francia y otros países de la Unión Europea han endurecido en los últimos meses su postura hacia el gobierno venezolano y han expresado cuestionamientos a la instalación en agosto de 2017 de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y las elecciones presidenciales de mayo en las que Maduro logró la reelección por seis años.
La protesta de Venezuela se dio luego de que el gobierno de Emmanuel Macron anunciara el fin de semana su apoyo a la iniciativa de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú que enviaron una carta a la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, para pedirle que investigue los supuestos crímenes contra la humanidad que habría cometido Maduro.
La acción fue anunciada la semana pasada durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La petición fue acompañada de dos informes: uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en el que se enumeran ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones, y otro de un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, indicaron los cancilleres de esos países.
Almagro ya pidió una investigación a la CPI este año. Los supuestos crímenes, según los cancilleres, incluyen asesinatos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales y violaciones y atentados flagrantes contra el debido proceso, entre otros.
Por otro lado, el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, dijo ayer que se examina la "grave" situación laboral en Venezuela a cuyo Gobierno se pidió su colaboración para realizar una visita y poder emitir un informe.
En una rueda de prensa realizada en Panamá, Ryder señaló que "están esperando respuesta del Gobierno de Venezuela" para que pueda viajar a ese país una misión de la OIT y "emitir un informe en diciembre próximo", luego de las quejas recibidas por el sector empresarial.
"La comisión para Venezuela es la doce, no es una cosa que pasa todos los días, la última fue hace diez años, se establece porque existen problemas graves, una preocupación sobre cumplir los convenios firmados y es resultado de una queja del sector patronal, es poco habitual", abundó.
Ryder dijo que conocen de casos de intimidación o acoso, y el pedido de colaboración al Gobierno de Nicolás Maduro es para realizar una visita "cuyo objetivo no es de condenar, castigar, sino buscar soluciones, abrir espacios de dialogo con miras al pleno respeto de los convenios ratificados.
"No es una cosa fácil, pero con buena voluntad, con el esfuerzo se logran resultados positivos", añadió.
Por otro lado, también dijo que preocupa la migración de millones de venezolanos porque "impacta la situación laboral" en los países de destino, y la pretensión es buscar que ello "no deteriore las condiciones laborales" de los nacionales de los países de acogida.
Dijo que ese movimiento migratorio coincide con las transformaciones en las formas de contratación en el mundo, y la idea es que este fenómeno no desconozca que el trabajo "no es una mercancía", es una cuestión que va acompañada "con garantías sociales" por lo que "hay que ser muy prudentes".
Irak eligió a Barham Saleh como Presidente
para poner en marcha un nuevo Gobierno
El Parlamento iraquí eligió ayer como nuevo Presidente del país al político kurdo Barham Saleh, quien tendrá la labor de designar al próximo primer ministro y tratar de destrabar la formación de Gobierno tras las elecciones de mayo pasado.
Saleh, de 58 años, candidato del partido progresista Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), fue investido después de ganar con holgura la segunda ronda de votación celebrada en el Legislativo unicameral.
El nuevo Presidente se impuso en la votación con 219 apoyos frente a los 22 que obtuvo su contrincante, Fuad Husein, del conservador Partido Democrático del Kurdistán (PDK), que trató de retirar a su candidato de la votación a última hora después de haber obtenido un mal resultado en la primera ronda.
Tras jurar su cargo, Saleh declaró que está comprometido con "la unidad de Irak y su independencia" y también expresó su satisfacción con el desbloqueo de la situación política.
"El Parlamento pudo, en colaboración con el presidente de la Cámara y sus miembros, poner fin a un dilema político que estuvo a punto de llevar al país a lo desconocido", aseveró Saleh.
El nombramiento ha abierto fisuras entre los principales partidos kurdos, lo que ha obligado a aplazar la votación hasta hoy, el último día hábil establecido por la Constitución.
Reglamentar movilidad de personas
"Hemos hecho poco para reglamentar la movilidad de las personas en Venezuela, el movimiento de millones va a generar un impacto que va a ser importante, la gente va a trabajar ilegalmente, informalmente con todas las consecuencias", advirtió Guy Ryder, quien se encuentra en Panamá en el marco de la 19 reunión americana de la OIT, en la que participan medio millar de representantes de gobierno, sindicatos y patronales de 34 países del continente.
Líder de las FARC dice estar preocupado por acuerdo de paz
Uno de los líderes políticos de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyo paradero se desconoce desde hace meses, envió ayer una carta al Senado en la que manifestó su preocupación sobre el estado del acuerdo de paz.
En una extensa misiva Iván Márquez sostuvo que "pese a que el acuerdo de paz fue destrozado por depredadores sin alma, nuestro sueño sigue siendo la paz en Colombia". La carta lleva también la firma de Óscar Montero, alias "El Paisa", cuya ubicación es desconocida.
Márquez cuestionó el arresto del exlíder guerrillero Jesús Santrich para ser extraditado a Estados Unidos, donde es acusado de narcotráfico. "Esta decisión delirante concebida para sabotear la paz terminó ahuyentado la poca confianza que aún quedaba en los excombatientes", agregó en la misiva.
Santrich se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad de Bogotá. La última vez que Márquez publicó mensajes en Twitter fue el 4 de julio.
"Nuestra principal preocupación es cómo sacar la paz de Colombia del abismo de los acuerdos fallidos a la que fue arrojada con desprecio y nos gustaría conocer al respecto sus valiosas apreciaciones", agregó la nota.
Iván Cepeda, uno de los miembros de la Comisión de Paz del Congreso, dijo a la agencia de noticias The Associated Press (AP) que con esta carta Márquez y "El Paisa" despejan las dudas de que "ambos habían optado por una disidencia o que estuvieran en el territorio venezolano. Nada de eso parece ser cierto".
Agregó que "lo que dicen en la carta (son) sus múltiples críticas a la manera como se ha implementado el acuerdo y también la reafirmación de que están en el proceso de paz".
Delegados de las FARC y miembros del gobierno del ex Presidente Juan Manuel Santos firmaron la paz en noviembre de 2016, luego de casi cinco años de conversaciones en Cuba.
Como parte de ese pacto la exguerrilla, devenida ahora en un partido político, logró 10 bancas en el Congreso bicameral.
Pero Márquez no ocupó su escaño en julio y se refugió en el interior del país argumentando que temía por su seguridad.
Durante toda su campaña el actual mandatario colombiano Iván Duque -que asumió el poder en agosto- se comprometió a modificar aspectos importantes del acuerdo, aunque después de los comicios suavizó algunas de sus posiciones.
Según el comandante de las fuerzas militares, Alberto Mejía, luego de la firma del acuerdo de paz quedaron más de 1.200 disidentes de las FARC que operan en varias zonas del país.