Cristián Rojas M.

La Cámara de Diputados despachó al Senado una indicación que sustituyó el texto que se había aprobado previamente en la Comisión de Medio Ambiente, que consideraba compensaciones por emisiones en estas zonas, mientras no se dictaran los planes de descontaminación.

Por el contrario, el texto aprobado y remitido a segundo trámite establece que en estas zonas, tanto los proyectos nuevos como ampliaciones de existentes requerirán de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental; que no se podrán admitir a tramitación aquellos proyectos que generen emisiones que representen un aporte superior al 1% de contaminantes en relación con la norma ambiental establecida y a la declaración de zona correspondiente, así como aquellos que generen energía a base de combustibles fósiles.

Sobre ese punto, la diputada Cristina Girardi, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, expuso que "las termoeléctricas son las que emiten un 1%, por ejemplo, así que ya otra termoeléctrica no podría instalarse. Con la indicación que estaban planteando los diputados del oficialismo, autorizaban industrias de más de un 5%, y en la medida en que compensaran podían seguir instalándose".

Según destacó la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez, "pese a la nula voluntad del Gobierno, conseguimos aprobar una indicación que finalmente logra proteger a las zonas latentes o saturadas de contaminación, a las zonas de sacrificio a lo largo de nuestro país. Esto significa que en esas zonas todo proyecto tendrá que pasar por un proceso de evaluación ambiental, porque hoy día los proyectos, como las termoeléctricas, por ejemplo, que son nefastas para las comunidades y las están matando, no puedan instalarse en esas zonas mientras no se aprueben los planes de descontaminación respectivos".

Al respecto, agregó que dichos planes "hoy día están demorando cerca de tres años, y es un poco la situación que, por ejemplo, llevó a Quintero y Puchuncaví a estar en la tremenda crisis medioambiental que hoy día está; o en Calama, por ejemplo, comuna que lleva esperando más de nueve años un plan de descontaminación".

En ese contexto, la diputada explicó que "lo que buscamos asegurar es que mientras esos planes de descontaminación no se apliquen, elevemos los estándares medioambientales. En eso logramos comprometer a la oposición y, pese a los votos en contra del oficialismo, logramos aprobar esta iniciativa".

En tanto, el diputado Diego Ibáñez, representante del distrito 7 de la Región de Valparaíso, que incluye a Quintero y Puchuncaví, expuso que lo aprobado por la Cámara "tiene un carácter histórico, se ha legislado en favor de las comunidades y es una señal potente para el Gobierno, para que la ministra Carolina Schmidt, que estuvo en la Sala, firme de una vez por todas el acuerdo de Escazú y homologue las normas medioambientales chilenas a los estándares de la Organización Mundial de la Salud".