Paola Passig

Impulsor de la sesión especial para abordar la modificación de la ley de puertos y lograr que tributen en las ciudades donde están instalados, el diputado PPD y presidente de la bancada regionalista de la Cámara, Rodrigo González, cree que esta propuesta vive un "momento clave".

Hace tres meses se reunieron con las dos asociaciones de ciudades puerto -la de puertos concesionados y la de puertos públicos-, las que coincidieron en tres o cuatro puntos.

Con esta concordancia pensaron que era importante transformar la temática en una política pública. "Hicimos la sesión especial para visibilizar el tema y hacer un planeamiento sólido y con apoyo ciudadano. Esto en una suerte de trabajo prelegislativo que le planteará al Gobierno la necesidad de una reforma profunda, especialmente en el ámbito de la descentralización fiscal, o sea, de los recursos que los puertos deben dejar en las ciudades que habitan", explicó.

- ¿Han recibido algún comentario o respuesta del Ejecutivo?

- Bueno el foco del proyecto de acuerdo es la urgente necesidad de legislar. Aquí el interlocutor es el Presidente Sebastián Piñera. Y con él vamos a apuntar a seguir conversando, porque es él quien tiene que tomar la decisión de enviar ese proyecto, ya que se trata de un tema en que La Moneda tiene facultades exclusivas. Por eso lo hicimos a través de un proyecto de resolución aprobado por 131 diputados y sin votos en contra.

- Esto de que los puertos tributen en las ciudades en que operan tiene ya mucha historia. ¿Por qué en el gobierno de Bachelet no prosperó, tomando en cuenta que la regionalización fue un caballito de batalla e incluso creó una comisión especial al respecto?

- En muchos puntos Bachelet fue pionera en el proceso de descentralización, pero fue consciente de que hubo aspectos que comprometió y no se cumplieron como, por ejemplo, el envío de la ley de rentas regionales dentro de la cual deberían estar los aportes de las utilidades de las actividades productivas de los distintos sectores económicos para las regiones, y eso forma parte de una agenda que se le planteó a Bachelet en la comisión de descentralización, pero no fue recogida en los proyectos que luego envió. Por eso creo que Bachelet dejó trunco una parte de un gran proyecto de descentralización, entre otras cosas porque algunos sectores de la Nueva Mayoría no contribuyeron, especialmente en el Senado, a que parte importante de la regionalización se pudiera realizar. Una muestra es que la elección de los gobernadores regionales se iba a realizar en conjunto con la presidencial, el 2017, y se postergó por varios factores, entre estos la falta de apoyo de la Nueva Mayoría y porque al Gobierno le faltó voluntad política para avanzar con más decisión en la agenda descentralizadora. Y eso es lo que estamos pidiendo: que se cumplan las etapas que quedaron pendientes, porque el Presidente Piñera, en su discurso inaugural, dijo que le iba a entregar más competencias, más poder de decisión y mayores recursos a las regiones.

- ¿Se ha avanzado más?

- Lo que vemos es que eso no se está produciendo, porque las dos comisiones que tenemos de las dos bancadas regionalistas en la Cámara y el Senado, que son transversales, no se ha avanzado en lo esencial: hasta ahora no se constituye la comisión de responsabilidad fiscal y financiamiento regional porque el subsecretario de Hacienda no ha convocado a esas reuniones. Está citada para la próxima semana y esperamos que se concrete para así saber si el Gobierno va a canalizar la ley de rentas regionales por la vía de la reforma tributaria o la va a canalizar por una ley aparte. Desde luego, ya tenemos noticias de que no lo está canalizando a través del presupuesto nacional porque el presupuesto que se propuso para las regiones fue escuálido.

- ¿El Gobierno tiene de verdad vocación descentralizadora?

- Hasta ahora, el Gobierno ha demostrado que quiere sentarse a la mesa, pero esperamos gestos concretos y específicos en relación a los distintos puntos. Se han constituido cuatro comisiones de trabajo que están sesionando, donde están trabajando los asesores, sobre capital humano, sobre participación ciudadana, y sobre ordenamiento territorial y la cuarta, financiamiento regional, aún no se constituye. Y nos parece preocupante porque esa es la comisión central. Las dos bancadas regionalistas nos reunimos con el ministro de Hacienda, le hicimos el planteamiento y estamos esperando respuesta. Lo mismo ocurre con el sector portuario. El gran reto es el siguiente: están los votos en ambas ramas y el Presidente puede dejar un sello indeleble en materia de descentralización portuaria que permita que parte de las utilidades queden en las ciudades puerto, construir nuevas relaciones ciudad-puerto y que no sólo incluya financiamiento.

- ¿Qué debe incluir?

- Incluye el financiamiento, desde los puertos a las ciudades, pero también armonizar los planes maestros portuarios con los planes reguladores y los planes de desarrollo de las ciudades. Incluye que la legislación, que hoy tiene un vacío, porque la Ley de Puerto 19.542 legisla sólo sobre los puertos estatales. Hoy tenemos más de 60 puertos y de estos, sólo 10 son estatales. Por lo tanto, debe existir legislación también para los privados. La prueba más palpable de esto es lo que ocurre en Quintero-Puchuncaví donde no hay ni Dios ni ley, donde no hay una autoridad portuaria, donde hay 16 muelles de todas las empresas instaladas en esa zona y donde cada una aplica su fórmula operacional. Tenemos un Estado disgregado con siete autoridades que manejan el borde costero en forma disgregada. Necesitamos una autoridad portuaria con poder de decisión que se relacione con los gobernadores regionales y los municipios. Y en esta línea proponemos que los alcaldes integren los directorios de las empresas portuarias y que en el caso de los privados, que se forme un consejo público privado donde estén presentes el municipio, las empresas, organizaciones ciudadanas y los órganos del Estado que tienen que ver con la actividad portuaria.

- En la visibilización de esta propuesta, ¿ha influido la campaña que ha lanzado Sharp con la Ley Valparaíso?

- Él ha sido muy claro en esta misma política. No ha propuesto nada diferente, porque la ley de puertos incluye a Valparaíso, pero ha sido importante que Valparaíso tenga un alcalde que ha puesto énfasis y que le ha dado visibilidad a esta propuesta.

- El senador Juan Ignacio Latorre (RD) también presentó una propuesta en esta línea.

- Esta iniciativa de las ciudades puerto recogió todas las propuestas que hay en esta materia en la última década. La sintetizó y la transformó en una propuesta sumamente realista, porque la tasa portuaria que se está planteando es de entre uno y tres dólares por tonelada de carga descargada y un 50% de los derechos de arriendo que deben pagar por el uso de las áreas concesionadas. Esos aspectos resumen las propuestas que habían existido antes. Además, se agrega que los puertos puedan invertir fuera del área concesionada, o sea, en toda la cadena logística, salir del ámbito de la bahía e invertir en las ciudades.

- ¿Esta propuesta vive un momento de inflexión?

- Creo que vivimos un momento clave por la transversalidad y la masividad que ha tenido el sector portuario y porque ha habido una buena conducción de los municipios y de los parlamentarios. Y porque creo que hay una voluntad distinta, aunque los dichos de la ministra de Transportes no dieron muchas luces. Por eso que el próximo paso será una conversación directa con el Presidente Piñera.

"Los mínimos que planteamos son la tasa portuaria, los derechos que perciben los puertos, que puedan invertir en la ciudad, que los alcaldes puedan participar en los directorios de los puertos y que se constituya un consejo público-privado en los puertos privados" "Sharp ha sido muy claro en esta misma política. Ha sido importante que Valparaíso tenga un alcalde que ha puesto énfasis y que le ha dado visibilidad a esta propuesta""