Como una de las protagonistas de la álgida discusión del proyecto de ley conocido en su origen como Aula Segura, luego Aula Democrática y finalmente Convivencia Escolar, la senadora Yasna Provoste, representante de la DC por Atacama, aseguró que la rudeza en el debate se debió a que el Ejecutivo no ha mostrado "un aprendizaje" de la necesidad de dialogar.

Con públicas desavenencias con la jefa del Mineduc, Marcela Cubillos, la presidenta de la Comisión de Educación del Senado acusó que el texto original de La Moneda nunca apuntó a la convivencia dentro de las comunidades educativas. "El proyecto del Ejecutivo miraba solo a los alumnos, mientras el de nosotros incluye a la comunidad educativa", manifestó la parlamentaria DC.

- ¿Cree que el proyecto que aprobó la Sala de la Cámara es una buena solución a la idea original propuesta por La Moneda?

- En la Comisión de Educación del Senado presentamos una indicación para reemplazar íntegramente el proyecto, incluido el nombre. Eso se aprobó con los votos de mayoría de los senadores Quintana, Latorre y el mío. Y el miércoles presentamos tres indicaciones en la Comisión de Hacienda a través del senador Jaime Quintana y los senadores de oposición de la Comisión de Hacienda -Jorge Pizarro (DC), Juan Pablo Letelier (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD)- y yo, para precisar aquellos temas que ya habíamos planteado en nuestro proyecto el martes. Estamos hablando de ese mismo proyecto.

-¿Por qué hubo tanta dificultad en el diálogo entre parte de la oposición y el Gobierno para sacar adelante este proyecto?

- Creo que hubo mucha dificultad porque, al igual que lo vimos en el proyecto de salario mínimo, no hay en el Gobierno un aprendizaje de la necesidad de dialogar en el Congreso, en donde por cierto el Gobierno no tiene mayoría. Cuando quiere presentar un proyecto de ley, el Ejecutivo tiene que conversar con la oposición. Más aún cuando hay que mejorar los proyectos; incluso, como en este caso, reemplazándolo íntegramente. El proyecto que había ingresado el Gobierno no incluía el debido proceso para los estudiantes. En cambio, el que nosotros aprobamos sí lo tiene. El proyecto del Ejecutivo miraba solo a los alumnos, mientras el de nosotros incluye a la comunidad educativa. En sus tres intentos, el proyecto del Gobierno nunca en su articulado mencionaba la frase convivencia escolar. Y lo que nosotros mencionamos desde un comienzo fue que, a pesar de los problemas que tenía el proyecto, siempre buscamos darle una oportunidad a La Moneda para que lo mejorara. Lo que nos interesa es discutir el tema de fondo: la convivencia escolar y las situaciones diversas de violencia que se dan en los establecimientos educacionales, que afectan el aprendizaje de nuestros niños. El proyecto que presentó el Ejecutivo planteaba la expulsión inmediata. Y después de aquello venía el proceso de investigación. El proyecto nuestro, el que se aprobó en la Sala del Senado, plantea la facultad del director de un establecimiento para poder suspender a un estudiante, con el propósito de proteger a la víctima cuando son faltas graves o gravísimas. Y si ese proceso investigativo da origen a una sanción más gravosa, no se va a considerar la suspensión como una sanción en sí misma, sino como una medida cautelar. Digo esto porque en el proyecto del Gobierno se imponía la obligación al director del establecimiento de expulsar. Y lo que hicimos fue reponer una facultad de quien consideramos es el líder pedagógico y quien toma las mejores decisiones, incorporando una serie de criterios que él conoce en el diario vivir del colegio.

- ¿Cuáles fueron, según usted, las principales debilidades del proyecto de La Moneda?

- La ley ya contempla una serie de medidas gravosas, como la cancelación de la matrícula o la expulsión. Tanto es así, que el Ministerio de Educación nos entregó el dato de que a septiembre de este año van más de 700 estudiantes expulsados de escuelas y liceos en todo el país. Además, el proyecto del Ejecutivo planteaba la tipificación de dos delitos que ya están contemplados en el Código Penal. Nosotros dijimos que, cuando se legisla, hay que hacerlo pensando en el país y en la diversidad que se reconoce en el sistema educativo. Y hemos dicho que quedan remitidas al reglamento escolar, en donde la comunidad participa democráticamente en su construcción, aquellas conductas asociadas a sanciones. Y dimos ejemplos tales como el uso o porte de armas, abuso sexual y otros que puedan ser parte de las preocupaciones de la comunidad escolar.

- El secretario ejecutivo de la Federación de Instituciones de Educación Particular señaló esta semana que si el Estado no financia a los colegios privados "entonces no debiera inmiscuirse de la forma como lo está haciendo". ¿Qué le parece esta apreciación?

- Cuando se trata de proteger a las víctimas, no depende el tipo de establecimiento. Tampoco cuando hay que establecer un debido proceso para los estudiantes.

La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, llamó ayer a la oposición a dejar de lado su intención de introducir cambios al proyecto de Convivencia Escolar y respaldar la iniciativa como viene del Senado, luego de que varios parlamentarios anunciaran que "revisarán" la iniciativa. Para Pérez, las nuevas causales añadidas por la oposición en la Cámara Alta "son suficientes", aunque aclaró que serán bienvenidas "todas aquellas iniciativas que vayan a fortalecer estas mismas medidas".

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, rechazó la postura de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), que no es partidaria de que el proyecto de ley de Convivencia Escolar también se aplique en los colegios particulares.

"El proyecto del Ejecutivo miraba sólo a los alumnos, mientras el de nosotros incluye a la comunidad educativa (...) El proyecto del Gobierno nunca en su articulado mencionaba la frase convivencia escolar""

estudiantes han sido expulsados de colegios y liceos del país en los últimos 12 meses, según el Mineduc. 745