Pamela Boltei

De acuerdo en la implementación de un proyecto de ley como "Aula Segura", recientemente aprobado en el Senado y camino a la Cámara Baja luego de una tensa discusión política, se manifestaron algunos rectores de colegios particulares pagados de la región, aunque advirtieron que gran parte de ellos se ha puesto de acuerdo con sus pares en reglamentos que ya comparten varias de las medidas que propone la moción actual.

Las autoridades escolares participaron ayer en el Seminario "Innovación y cambio educativo: Desarrolla la mente de tus estudiantes", organizado por Santillana en la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), instancia en la que expuso el pedagogo, psicólogo educativo y Premio Nacional Investigación en Innovación Educativa 2007, Isauro Blanco, entre otros académicos.

Allí, varios rectores de establecimientos particulares pagados de la región abordaron la discusión sobre "Aula Segura" y sus últimas modificaciones, coincidiendo en lo necesario de una ley que sea para todos igual en torno a un debido proceso en casos de violencia en escuelas.

"Todo lo que vaya a que las autoridades del colegio puedan tomar las decisiones que salvaguarden la seguridad de los estudiantes y que pueda permitir un liderazgo efectivo me parece muy bien y en ese caso estamos muy de acuerdo. También, entendiendo que son situaciones límite, pero nos parece que si se fortalece el rol del rector y del Consejo Escolar, fantástico", dice Roberto Soto, rector de Sagrados Corazones Padres Franceses.

El académico reconoce, como participante del Círculo de Rectores de Viña del Mar, que hay "hechos aislados" de violencia en los colegios. "Creemos que la cultura escolar es distinta y tenemos casos muy puntuales en diversos colegios, pero no graves como los que salen en la televisión. Se trabaja mucho en la alianza con la familia y los centros de alumnos".

Respecto a si está más de acuerdo con el proyecto de "Aula Segura" presentado por el Gobierno o por el denominado "Aula Democrática", la autoridad escolar añade que "el debido proceso siempre debe garantizarse. Si me preguntas cuál es mejor, va a depender si el mecanismo es el adecuado. Me explico: si tienes cinco días donde puedes hacer todas las cosas, fantástico; pero si necesitas 10 para hacer todos los procedimientos y que se ejecuten, bien, y eso va a depender de la capacidad que tengan los establecimientos. Nosotros, como colegios particulares pagados, podemos decir que tenemos más libertad de gestión en cuanto a protocolos y eso nos permite más flexibilidad".

Pablo Lubascher, director del colegio Capellán Pascal, afirma que "estoy de acuerdo con todo proyecto que ayude a un trabajo de mucho respeto en el aula y en la comunidad educativa. Nos ayuda, más allá de la norma punitiva, que ojalá sea lo menos posible, a tener un ambiente de comunidad de mucho respeto y trabajo colaborativo y me parece que es una buena medida".

Sobre su aplicación, en caso de ser aprobada la ley, advierte que no han tenido hechos de tanta gravedad, pero señala que "tendremos que sentarnos a mirarlo bien y ver cómo está esto amarrado con nuestro manual de convivencia. La aplicación de esta ley la veo con mucha prudencia, con mucho tiempo, las comunidades educativas tienen más cosas buenas que malas, hay algunos ejemplos de situaciones incómodas, pero en la práctica los colegios se desarrollan, por lo menos el nuestro, con mucha tranquilidad".

Lubascher sostiene sobre el fondo, que "la expulsión es una medida muy drástica en una situación muy, muy extrema, que espero nunca ocurra. Creo que las cosas deben tener gradualidad".

Carolina Sheward, directora del colegio Sagrada Familia de Reñaca, dice que "Aula Segura es un proyecto necesario, pero no resuelve los problemas de fondo. En la escuela la violencia que vemos se refleja una situación social de más largo alcance. Sin embargo, por lo que vemos en la actualidad, en algunas escuelas el grado de violencia hace necesario generar un proyecto de ley que permita a los profesores generar esto".

Añade que le parece correcto "que haya terminado en algo que resguarda por un lado el debido proceso, que es una convención a la que Chile adscribe y que está muy presente en los reglamentos internos escolares, pero por otro lado también permitir que aquellos alumnos que alteran fuertemente la convivencia puedan ser suspendidos mientras se realiza la investigación para poder resguardar a los profesores y a los alumnos que van a ejercer su derecho a estudiar. El proyecto ahora da solución a lo más urgente, pero el problema social queda detrás".

En cuanto a la inclusión de los colegios particulares pagados en este proyecto, Sheward comenta que "tenemos que cumplir también con el debido proceso. En ese sentido, no somos muy distintos a los colegios que reciben subvención del Estado y nos plegamos también a lo que la ley nos permite. Creo que esta ley nos da un cierto margen para suspender y luego aplicar una sanción. Eso la ley hasta ahora no lo permite. Hacía falta, porque por ley y la jurisprudencia, al menos, de los tribunales, dice que si uno suspende a un alumno ya constituye sanción y cualquier sanción posterior a esa se invalida; por lo tanto, el poder alejar a un alumno que presuntamente ha incurrido en violencia que altera gravemente la convivencia de esa escuela, permite luego ejercer una sanción más grave como la expulsión, sin que se invalide".

Sobre la discusión política sobre qué proyecto es mejor, la rectora dice que "finalmente se llega a un equilibrio ahora. El Aula Segura es una prerrogativa de los colegios para que quienes no están en actos de violencia puedan asistir a clases, pero también hay un mandato de la ley, que es el debido proceso, y no podríamos pasar encima con el proyecto tal como estaba inicialmente, creo que se llega a un buen consenso".

Como parte del Círculo de Rectores de Colegios Particulares de Viña del Mar, detalló que los problemas más complejos tienen que ver "con situaciones de bullying, ciberbullying o agresiones, golpes, y en esos casos se aplican los reglamentos de cada colegio que son diferentes. Nosotros llevamos como Círculo llevamos un año y medio trabajando fuertemente en adecuar nuestros reglamentos a las nuevas normativas en torno al debido proceso, pero que también den garantías que los alumnos tendrán lugares seguros donde desarrollarse. En caso de los particulares pagados se da mucho que los padres llegan a tribunales si el reglamento interno no resuelve a juicio de ellos el problema; ellos lo hacen cuando hay lesiones o una ley penal adolescente donde sobre los 14 años los alumnos que agreden a otros son responsables penalmente".

Verónica Henríquez, directora del colegio Alborada de Curauma, asegura que "en lo práctico los directores necesitamos mayores atribuciones con el fin de poder resolver conflictos al interior del colegio y también resguardar a los profesores y a la comunidad completa. Es una necesidad legislar en torno a las atribuciones de nosotros de cómo resolver conflictos en nuestros colegios y no depender sólo de una institución externa como puede ser la Superintendencia de Educación".

La rectora dice que para aplicar este proyecto de ley "habría que evaluar los hechos en su mérito y no podemos someter al agresor y al agredido a que se enfrenten porque genera un espacio de tensión y ahí se tiene que tomar una medida de mitigación y la suspensión cubre esto. La expulsión inmediata era un tanto apresurada porque no podíamos evaluar los hechos en su mérito y podíamos caer, quizás en ser injustos con alguna de las partes, ya sea alumnos o profesores, porque esto se da viceversa".

"El Aula Segura es para que quienes no están en actos de violencia puedan ir a clases, pero también hay un mandato, que es el debido proceso, y no podríamos pasar encima con el proyecto tal como estaba inicialmente"

Carolina Sheward, Directora Sagrada Familia"

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Todos los involucrados en el fraude del Sename deben ser sancionados y no ejercer nunca más un cargo público"

camila flores, diputada