Cristián Rodríguez F.

En silencio había permanecido los últimos días la seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Valparaíso, Evelyn Mansilla. A mediados de la semana pasada, este Diario dio a conocer un oficio de la Contraloría Regional donde concluía que la prórroga del congelamiento de permisos de obra en Quilpué -decretado el 16 de abril de este año- "no ha tenido efecto jurídico". Y si bien el organismo responsabilizó al municipio, asegurando que "el alcalde carece de competencia para decretar dicha prórroga", también advirtió que la actuación de la seremi "se apartó del ordenamiento jurídico".

La situación derivó en una serie de especulaciones en torno al llamativo error, más aun cuando el alcalde Mauricio Viñambres (PS) señaló a este Diario -y lo ratificó en otros medios de comunicación- que el congelamiento en la comuna permanecía activo. De hecho, ni siquiera la propia Cámara Chilena de la Construcción (CChC) -parte interesada en el asunto a raíz de la ventana de tiempo que se abre para el ingreso de proyectos inmobiliarios en medio de la actualización del Plan Regulador Comunal- quiso intervenir en la polémica y sólo se limitó a decir que "es un problema que debe ser resuelto entre el municipio y la Seremi de Vivienda y Urbanismo".

Sin embargo, después de estudiar con su equipo los alcances del oficio de la Contraloría, la seremi Mansilla decidió aclarar cuáles fueron los procedimientos que se adoptaron y que desencadenaron en que la comuna se encuentre sin un congelamiento de permisos desde abril hasta la fecha, tal como ella lo confirmó.

- A su juicio, ¿cuál fue el error administrativo que se cometió y que terminó impidiendo mantener un congelamiento desde hace más de seis meses en Quilpué?

- Haciendo un poco de historia, cabe consignar que la Municipalidad de Quilpué solicitó en enero de este año el informe favorable a fin de decretar la postergación de permisos en tres sectores de la comuna. Dichos informes fueron elaborados por esta secretaría regional y con ello la municipalidad emitió los decretos alcaldicios que dieron origen a la postergación de permisos en dicha comuna.

- Pero es en la prórroga de esta postergación donde la Contraloría cuestionó el procedimiento...

- El municipio determinó solicitar la prórroga de la postergación de permisos. Estando dentro de plazo, dictamos tres resoluciones exentas (N° 1.053, 1.062 y 1.063), con fecha 16 de abril, que autorizan la postergación solicitada. Y ese mismo día fueron entregadas a la asesoría urbana de la Municipalidad de Quilpué, quienes en su calidad de interesados tenían la misión de publicarlas en el Diario Oficial.

- ¿Usted puede dar fe de que las resoluciones de la Seremi sí fueron firmadas y entregadas a tiempo al municipio?

- Sí, así consta en los registros de nuestra oficina de partes. Como le digo, fueron emitidas el 16 de abril de este año.

- ¿Qué pasó, entonces, si el municipio contaba con las resoluciones ya firmadas por ustedes?

- En vez de realizar la publicación de dichas resoluciones, la entidad edilicia dictó nuevos decretos alcaldicios y los publicó en el Diario Oficial. Y eso, según lo expresado por la Contraloría Regional de Valparaíso en el oficio del 2 de octubre pasado, establece que "al no haberse publicado las resoluciones tal como lo exige la preceptiva, no produjeron los efectos jurídicos deseados con su dictación", es decir, la postergación de permisos finalmente no fue prorrogada.

- Pese a eso, el alcalde Viñambres señaló a este Diario que eran ustedes quienes debían haber publicado las resoluciones y que no lo hicieron. Antes de que se conociera el fallo de la Contraloría, ¿existía algún impedimento para que el municipio -cualquiera sea- fuese el encargado de publicar las resoluciones de ustedes?

- Lo primero es que mi intención no es polemizar con el alcalde Viñambres. Aquí, como le digo, lo que ocurrió es que con el oficio de la Contraloría se ha sentado un precedente respecto a cómo deberán actuar las seremis a futuro, puesto que históricamente siempre habían sido los municipios quienes asumían las costas por las publicaciones en el Diario Oficial respecto de esta temática. Y es primera vez que la Contraloría instruye respecto a este organismo que debe proceder a la publicación y financiamiento de las prórrogas de postergaciones de permisos, razón por la cual la instrucción será aplicable a posteriores procesos de postergación de permisos.

- El Artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcción justamente señala que la prórroga del congelamiento debe ser autorizada a través de un decreto ministerial y no alcaldicio. ¿No hace referencia a quién es el encargado de publicar esas resoluciones?

- El texto inciso final de ese artículo dispone que la resolución de postergación debe publicarse en el Diario Oficial, pero justamente no hace referencia a quién debe financiarla. Pero independiente de aquello, a raíz de la instrucción contenida en el oficio hemos procedido a requerir al nivel central de nuestro ministerio que incorpore un ítem presupuestario que permita proveer recursos que en lo sucesivo -como dice la Contraloría- contemos con la posibilidad de financiar las publicaciones o, en su defecto, pondere si se requerirá al ente contralor que reevalúe esa instrucción, puesto que la medida acarreará la necesidad de suplementar recursos a todas las regiones del país, no sólo a esta.

- En definitiva, ¿considera que la responsabilidad de velar por el congelamiento en Quilpué es del propio municipio como parte interesada y, por ende, debían ser ellos los encargados de preocuparse de que la publicación en el Diario Oficial se hiciera de manera correcta?

- Le insisto, mi afán no es buscar responsabilidades ni hacer juicios de valor, ya que para eso existen otras instancias administrativas. Lo que sí puedo decir -con toda propiedad- es que la facultad de planificar el territorio comunal radica exclusivamente en las municipalidades respectivas según su ley orgánica. A nosotros nos compete, en el caso de los Planes Reguladores Comunales, verificar que cumplan con la normativa legal vigente y el instrumento de planificación intercomunal. Y, como he dicho, históricamente han sido los municipios quienes han realizado la labor de publicar en el Diario Oficial, pero a raíz de esta nueva instrucción de la Contraloría tendremos que adoptar medidas tendientes a actuar en consecuencia.

- El alcalde Viñambres también dijo en este Diario que no le preocupaba tanto tener un congelamiento en la ciudad, sino que prefería que se sacara adelante el PRC lo antes posible. Lo anterior fue interpretado para algunos como una suerte de presión para ustedes, en el sentido de que se podía aprobar el plan tal como fue presentado. ¿Descarta que el inconveniente sufrido vaya a alterar la correcta revisión del nuevo Plan Regulador?

- (...) Esta Seremi se caracteriza por actuar de manera eficiente y ajustándose a entregar certeza jurídica a través del respeto del principio de legalidad. El instrumento ya fue revisado y el día de hoy (ayer) fue despachado por la oficina de partes a la Municipalidad de Quilpué, con las correspondientes observaciones que ha detectado nuestro equipo profesional.

- Hasta ahora sólo un abogado experto ha dicho que en Quilpué no existe un congelamiento desde el 16 de abril a la fecha. ¿Usted puede confirmar que es así?

- Así lo ha establecido la propia Contraloría en su oficio.

"La facultad de planificar el territorio comunal radica exclusivamente en las municipalidades respectivas. A nosotros nos compete verificar que los PRC cumplan con la normativa legal vigente" "Mi intención no es polemizar con el alcalde Viñambres. La Contraloría ha sentado un precedente, puesto que históricamente siempre habían sido los municipios quienes asumían las costas por las publicaciones en el Diario Oficial""

"En vez de realizar la publicación de dichas resoluciones, la entidad edilicia dictó nuevos decretos alcaldicios y los publicó en el Diario Oficial (...) la postergación de permisos finalmente no fue prorrogada""

Minvu respondió al Plan Regulador de Quilpué con observaciones

Pese a que tenían hasta el 7 de noviembre para contestar, la seremi de Vivienda y Urbanismo confirmó que entregaron ayer al municipio de Quilpué las respuestas del nuevo Plan Regulador Comunal (PRC). En esa línea, Evelyn Mansilla aseguró que se incluyeron "observaciones que ha detectado nuestro equipo profesional" -sin entrar en el detalle de éstas-, de modo que una vez que la municipalidad reciba formalmente las respuestas tendrán un plazo de veinte días para intentar subsanar las observaciones.

En la eventualidad de que el municipio no pueda corregir los errores -en caso de que se trate de problemas de fondo y no de procedimiento-, el nuevo PRC deberá ser rechazado por la Seremi Minvu. Sin embargo, ante ese escenario también existe la opción de que la municipalidad le solicite al Consejo Regional (Core) de Valparaíso que les apruebe el instrumento, aunque éste deberá pedirle un informe técnico a la seremi.

Con todo, la última etapa antes de aprobar el plan será obtener la toma de razón por parte de la Contraloría.