Paolo Navia S.
Con fecha 29 de octubre, la Dirección de Control de la Municipalidad de Valparaíso despachó el oficio N° 295, denominado "Revisión del Convenio para la Administración del Recinto Deportivo Estadio Fiscal Bernardo O'Higgins", donde se detectaron graves irregularidades vinculadas con la gerencia a cargo del lugar y el rol que la Dirección de Deportes del municipio porteño ha jugado en materia de fiscalización.
En concreto, el oficio expone que el día 3 de octubre la Unidad de Control se constituyó en el estadio O'Higgins para iniciar un proceso de recopilación de antecedentes, abarcando el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2017 al 29 de octubre del 2018.
De esta forma, la investigación entregó datos determinantes en torno a la administración del recinto deportivo.
En primer lugar, el oficio expone que el actual encargado del estadio, Eduardo Rodríguez Pérez, se encuentra contratado a través de un convenio con la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), situación que ha sido catalogada como ilegal por parte de la Contraloría General de la República y, por ende, se solicita que "la municipalidad adopte las medidas pertinentes para poner fin a esa condición, debiendo asignar esa labor a un funcionario municipal".
A su vez, el oficio expone que actualmente Rossana Rodríguez Pérez y Claudia Rodríguez Pérez, ambas hermanas del encargado del estadio O'Higgins, se encuentran contratadas a través del Programa de Generación de Empleo (PGE) para prestar servicios de aseo en el recinto deportivo, situación que, según el documento, "debe ser subsanada a la brevedad, pues atenta contra los principios de probidad y transparencia que inspiran la actuación pública".
Eso desde el punto de vista administrativo, pues el órgano fiscalizador municipal también realizó un análisis en torno al manejo de los recursos derivados de la ocupación del recinto. Para aquello solicitó todos los documentos idóneos sobre los ingresos, gastos o saldos ejecutados en el estadio, habiendo recibido sólo parte de la documentación requerida.
La inspección determinó que el uso y ocupación del gimnasio del estadio O'Higgins no se realiza de acuerdo a lo señalado en la Ordenanza Local de Derechos, sino que se fija discrecionalmente. En este sentido, el documento precisa que el pago por el uso del gimnasio no cuenta con ningún documento formal de respaldo, lo que genera incerteza sobre lo que realmente se percibe por la ocupación del lugar.
Además, la investigación afirma "que el producto de los cobros realizados en el estadio O'Higgins no fueron ingresados al municipio, quedando el dinero en una primera instancia en poder del encargado del estadio, quien realiza los gatos que estima necesarios, y luego el saldo es traspasado al encargado de la Oficina de Deportes, Cristián Álvarez, quien indicó que estos habrían sido reinvertidos en las necesidades propias del estadio".
En este punto, la Contraloría municipal señala que Álvarez cuenta con póliza de fidelidad funcionaria para el manejo de fondos. A su vez, el oficio expone que se han ejecutado compras directas, que no se han presentado los comprobantes de los ingresos y egresos y que, además, no se advierte evidencia de revisión de los gastos realizados por el encargado del estadio por parte de su jefatura.
Finalmente, el escrito puntualiza que el Encargado de la Oficina de Deportes recibió entre los años 2017 y 2018 la suma de $ 1.625.750, dinero que habría sido invertido en el estadio O'Higgins, pero sin presentar ningún registro de los ingresos o gastos. En este punto, Cristian Álvarez sólo presentó fotocopias del respaldo de los gastos por una suma de $1.658.858, dineros que nunca fueron ingresados a las arcas municipales y que, según el oficio, distan mucho de la proyección que la Unidad de Control realizó en torno a los ingresos y gastos del estadio O'Higgins.
La investigación, en definitiva, expone que el municipio porteño debe adoptar una serie de medidas, entre las que destacan: el término a la condición de encargado del estadio O'Higgins que ostenta Eduardo Rodríguez Pérez, debiéndose nombrar a un funcionario municipal para dicho cargo.
A su vez, solicita que la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco) inicie una investigación a la brevedad sobre los ingresos y gastos derivados de la ocupación del recinto deportivo bajo la administración municipal y que se efectúe una denuncia al Ministerio Público en cumplimiento a lo señalado en el artículo 58° del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
Ante este escenario, y tras conocer los detalles del oficio elaborado por la Contraloría Municipal, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, manifestó que "el 31 de enero del presente año instruí una serie de auditorías entre las que se encuentra el auditorio O'Higgins, además de otros cinco procesos que permiten mantener el correcto funcionamiento de nuestro municipio".
En este sentido, y sobre las acciones que el municipio porteño deberá ejecutar para enfrentar las irregularidades expuestas en el oficio, el jefe comunal de Valparaíso fue enfático en precisar que no le "temblará la mano" al momento de tomar las determinaciones que sean necesarias.
"Se ordenó a la Dirección de Desarrollo Comunitario realizar informes de los otros seis auditorios, esto con el objetivo de fortalecer nuestra responsabilidad fiscalizadora y de transparencia. Y por ende, solicitaremos se nos informe desde el año 2012 hasta la fecha. En el caso de encontrar irregularidades que impliquen una mala utilización de los recursos públicos, tomaremos medidas ejemplares y no nos temblará la mano para tomar las decisiones que haya que tomar, como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores", declaró Sharp.
"El producto de los cobros realizados en el estadio O'Higgins no fueron ingresados al municipio, quedando el dinero en una primera instancia en poder del encargado del Estadio, quien realiza los gastos que estima necesarios"
Dirección de Control municipal
Oficio N° 295"
"De encontrar irregularidades que impliquen una mala utilización de los recursos públicos, tomaremos medidas ejemplares y no nos temblará la mano"
Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso
