Construido en 1881, sólo dos años después de la Guerra del Pacífico por el arquitecto Carlos von Moltke, el Palacio Lyon de Valparaíso fue durante mucho tiempo la residencia oficial de Santiago Lyon Santamaría y su mujer Gertrudis Pérez Izquierdo. Definido como un "palacete elegante", de estilo inglés urbano de la época victoriana del siglo XIX y con estilo neclásico francés en su interior, fue por años uno de los espacios más admirados de aquella ciudad que despuntaba en el Pacífico Sur.

Menos de tres décadas más tarde, específicamente en enero de 1910, Lyon vendió su propiedad al fisco, tras lo cual el Ministerio de Educación Pública instaló allí el naciente Instituto Superior de Comercio de Valparaíso, que sólo en la segunda parte de la década de los setenta se emplazaría en su ubicación definitiva de la Avenida Argentina. Entonces, en el año 1980, otro Ministerio, esta vez el de Bienes Nacionales, transfirió -por medio del hoy famoso decreto 307 de agosto de ese año- la propiedad de forma gratuita a la Municipalidad de Valparaíso, para que ésta echara a andar el Museo de Historia Natural de la ciudad, lo que recién se logró en 1988, tras sucesivos comodatos, el último en favor de la Dibam en 2002 -por un plazo de treinta años- cuestionados en 2014 por el exalcalde Jorge Castro.

Hoy el espacio no funciona del todo bien y está claramente subexplotado, incluyendo su galería (las llamadas "catacumbas") del subsuelo, en la cual suelen hacerse exposiciones pictóricas y fotográficas.

Pero aquí es cuando las versiones se bifurcan: según la directora del MHNV, Loredana Rosso, existió una oferta por casi $2 mil millones por parte del Ministerio de las Culturas y las Artes para hacerse cargo del espacio e invertir en el mismo. La misma no habría sido respondida por el alcalde Jorge Sharp y, como dicen en el barrio, "habría pasado la vieja", porque el presupuesto se derivó a otros fines. Según la Alcaldía -más bien, según su dirección de comunicaciones- nunca existió tal propuesta de manera formal, todo esto no sería más que voluntarismo de políticos irresponsables, los mismos que "despojaron" a Valparaíso de su velódromo y estadio de fútbol profesional, entre otras propiedades, y que las cosas -al menos en el Puerto- no se hacen a la medida de la autoridad central.

Por último, ocho concejales -salvo Ruth Cáceres y Zuliana Araya- manifestaron ayer desconocer tal oferta y emplazaron al alcalde a una mayor transparencia respecto de la misma, por cuanto ellos entienden que se trata de una gran oportunidad para la ciudad.

El punto, finalmente, no es que el municipio se deshaga sí o sí de sus espacios. Por el contrario, es atendible el recelo a actuar de tal forma por los hechos pasados por todos conocidos. Empero, y aquí es cuando las formas sí importan, que el alcalde no se digne siquiera a responder tal propuesta es otra señal más de que tiene la cabeza más puesta en los derroteros nacionales del Frente Amplio que en calle Condell.

¿Arreglar licitaciones?

Hace ya algunas semanas, un periódico digital publicó un video en que aparecía una exposición del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, frente a un grupo de vecinas de la ciudad. En él se oía decir al jefe comunal, a propósito de la administración del servicio de parquímetros, con toda claridad lo siguiente: "Vamos a preparar la licitación pa' que, pa' que -esto queda entre nosotros- pa' que Bomberos la gane, obviamente". El escasísimo revuelo que una declaración como esa ha provocado habla muy mal del interés de las instituciones de la zona por la pulcra vigencia del Estado de Derecho, sin duda la más valiosa creación de la modernidad, así como su actual deterioro en muchos lugares del planeta es la mayor amenaza de nuestro tiempo.

Aunque al Cuerpo de Bomberos debería pagársele únicamente por apagar incendios y atender emergencias, dadas las peculiarísimas características que tiene en nuestro país, que obtenga financiamiento gestionando parquímetros puede ser preferible a otras formas, como las rifas. Pero eso no justifica, bajo ningún respecto, que aquello se le otorgue por la autoridad como un arbitrario privilegio, al modo como hacían antaño los monarcas absolutos, para el control y restricción de cuyo poder el Estado de Derecho fue precisamente inventado.

Por desgracia, lo anunciado por el alcalde a aquellas porteñas no es pura retórica. En diciembre pasado, Sharp llamó a propuesta pública para la provisión de mano de obra para el aseo de la comuna, con la ni siquiera disimulada intención de adjudicarla a una cooperativa creada a instancias de la propia alcaldía, como efectivamente ocurrió. Para ello, se incluyó en la pauta de evaluación un ítem llamado "tipo de proveedor", según el cual las cooperativas obtendrían 100 puntos, las "Mipymes" 70 y los demás 20. El Contralor Regional sostuvo que la incorporación de ese criterio era injustificada. Pero, increíblemente, en vez de anular el proceso de licitación, se limitó a señalar que "en lo sucesivo, esa entidad edilicia deberá abstenerse de incorporarlo en los pliegos de condiciones que emita".

Muchos destacarán seguramente, en defensa del alcalde, que en nada de esto está movido por un interés económico personal -como sí ha sido el caso de tantos otros-, sino por una sincera idea acerca de lo que es mejor para el bien común. Pierden de vista que han sido honestos creyentes de fes políticas, liberados de constricciones a su poder, quienes probablemente mayor daño han causado a la humanidad. Por eso, el Estado de Derecho ha de esforzarse por evitar no solo la corrupción, sino toda extralimitación del poder.

Todo indica que Sharp actúa en esto impulsado, ante todo, por una retrógrada y mil veces refutada ideología, según la cual el camino al paraíso pasa por minimizar las grandes inversiones privadas y empresas lucrativas a aquello en que el gobernante las crea imprescindibles. Esta mentalidad está perjudicando a Valparaíso. Ella debe ser sometida, en lo que nos ocupa, a un básico filtro: las licitaciones deben ser adjudicadas a quien ofrezca un mejor servicio a más bajo precio y no en función de los caprichos -incluso bienintencionados- de la autoridad.

Presupuesto 2019: ¿El Gobierno de las Regiones?

Esta semana el Presidente Piñera llegó hasta Valparaíso para anunciar un "Plan de Desarrollo Regional". Si bien el anuncio tiene aspectos destacables, hasta el momento el compromiso del Gobierno para las Regiones sigue sólo en intenciones. Necesitamos hechos y eso debe materializarse en el presupuesto para el año 2019 ¿Dónde se reflejan esos anuncios? ¿De dónde saldrán los recursos para este Plan? Si su implementación significa el recorte de otros programas o servicios, creemos que los habitantes de nuestra Región merecen saberlo y conocer su justificación.

En la presentación del presupuesto para el año 2019, el Gobierno señala un aumento en la inversión regional del 2,5%, sin embargo, esta cifra es tramposa: si se considera el aporte total que se hace a la Región, es decir el aporte directamente distribuido más las provisiones, es posible advertir que en realidad hay una disminución real de 1,2%. Esto es muy preocupante sobre todo porque tenemos necesidades y urgencias más críticas que en otros años.

Uno de los servicios que sufre el mayor recorte es el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) Regional, el que tuvo una rebaja en su presupuesto de $39.392 millones lo que equivale a -18.96% si se compara el presupuesto vigente y el asignado 2019. Considerando que vivimos en la Región con más campamentos del país según TECHO-Chile y en la que el 18% de los hogares son pobres en términos de habitabilidad según el Ministerio del Desarrollo Social (2017), no se entiende. Asimismo, el déficit de viviendas aumentó en los últimos dos años de 24.421 a 39.782 (CASEN 2015-2017).

En cuanto al presupuesto en Salud, se presenta el menor aumento presupuestario en los Servicios de Salud desde el año 2012, especialmente en los de Valparaíso-San Antonio y Aconcagua, que varían sólo en un 2,95% y 2,45% respectivamente. Esto es muy preocupante dadas las necesidades evidentes de las familias de la Región, contando los numerosos casos de precariedad en infraestructura hospitalaria, las bajas asignaciones para la contratación de personal especializado y la falta de condiciones básicas para la atención de la comunidad.

Respecto del presupuesto de Medio Ambiente, se proponen recortes como en el fomento de las energías renovables no convencionales que cae 59,3% y en el Plan de Eficiencia Energética que se reduce en un 94,7%. Adicionalmente, la Superintendencia de Medioambiente sufre su menor expansión en años, lo que parece un contrasentido, luego de vivir recientemente la crisis sanitaria y medioambiental más grave de la historia de Quintero y Puchuncaví.

Finalmente en Educación los y las estudiantes de Juan Fernández y Rapa Nui verán reducidas sus becas de hogares insulares en un 2,23%, si quieren continuar sus estudios en el continente. Asimismo, en Cultura, el presupuesto del Parque Cultural Valparaíso varía en menor porcentaje que el IPC, por lo que no implica casi aumento alguno.

El Gobierno se contradice: este precario aumento del presupuesto no se condice con el "compromiso" que dice tener con las Regiones, porque, hasta el momento, este sólo ha sido un discurso. Le pedimos al Presidente que haga un esfuerzo acorde a nuestras circunstancias, necesidades y dificultades.

Claudio Oliva Ekelund

Profesor de Derecho Universidad de Valparaíso

Juan Ignacio Latorre

Senador RD-FA, Región de Valparaíso