Rodrigo Navarrete N.

Conscientes de que están en un terreno que no les corresponde, un llamado a los dueños de estos, Andrés Murillo, el representante y vocero de las 50 familias de la toma "Naciones Unidas", realizó un llamado para que les extiendan el plazo que tienen para desalojar el terreno que ocupan desde hace 9 meses y así poder regularizar su situación.

La permanencia en el lugar se complicó para esta familias de inmigrantes durante el pasado mes de octubre cuando comenzaron a recibir las notificaciones de demolición de sus improvisadas viviendas debido a que éstas están emplazadas en un predio privado.

En ese sentido, el representante de los inmigrantes que conforman esta toma, y quien desde hace seis año llegó desde Ecuador, sostuvo que "el día jueves la gente de la junta de vecinos de Limonares nos indicó que había llegado una orden de desalojo. Vinieron hasta acá con la dueña del terreno por lo que le notifiqué la situación al resto de las personas que vivimos aquí. Nosotros no queremos causar problemas, ni mucho menos llegar a las calles porque no podemos entrar en algo que nos haga quedar como conflictivos".

Por lo mismo, esperan poder tener una ayuda por parte de la Gobernación o de la Municipalidad de Viña del Mar, pero hasta ahora no han tenido respuestas satisfactorias a su solicitud. "Lamentablemente, nuestros ingresos económicos no dan para seguir pagando un arriendo y tenemos que alimentar a nuestras familias. Entonces, lo que buscamos es que si vamos a pagar sea por algo que vaya a ser nuestro en un futuro. Hemos conversado con la dueña del terreno, pero nos ha dicho que no nos quiere vender. Todos acá soñamos con tener algo propio y no estar con ese miedo de que el día de mañana tienes que irte y quedarte en la calle", indicó.

El representante del medio centenar de familias aseguró que otra de las opciones que han intentando realizar es solicitar a la dueña del predio que les otorgue más tiempo para poder tener una solución a sus problemas o hasta que reciban alguna ayuda.

"Nuestra idea no es causarle daño o un problema mayor a la dueña del terreno; lo único que le hemos pedido es que nos dé un tiempo y nos espere. Aquí nosotros hemos hecho algunas inversiones para levantar nuestras viviendas, mientras logramos obtener alguna ayuda. Tampoco hemos dicho que nos queremos quedar acá porque sabemos que estamos en un terreno que es ajeno; por lo mismo, hemos pedido que nos den un poco más de tiempo", expresó el ecuatoriano.

No obstante lo anterior, el representante de los inmigrantes de esta toma, dio a conocer las diversas dificultades que han tenido con los vecinos del sector de Limonares, de quienes, según aseguró, han recibido distintas amenazas.

"La verdad es que con la gente del campamento Villa Los Aromos -ubicado en los terrenos que anteceden a esa toma- estamos muy agradecidos. Ellos nos han ayudado con agua y diariamente nos dan el apoyo de que en esto hay que seguir luchando. Sin embargo, con la gente de Limonares hemos tenido más dificultades. Han venido con amenazas de que nos van a quemar las casas, nos han insultado por el solo hecho de ser extranjeros. O sea, entendemos que puedan haber personas que sean retrógradas, pero tampoco creemos que sean todas", dijo.

Por lo mismo, añadió que "el ambiente en esta comunidad es de tensión y preocupación. Cuando uno ve a sus hijos y su familia, lo primero que piensa es qué puedo hacer si llega a pasar lo del desalojo, dónde los voy a llevar. Esto lo hemos conversado entre nosotros y la gran mayoría está asustada, pero sabemos que tenemos que seguir luchando por nuestras familias".

Por otro lado, y consultado al respecto a la situación de esta toma, así como de la orden de desalojo y demolición de este asentamiento, desde la Municipalidad de Viña del Mar, el director de Inspección Comunal, Daniel Díaz, indicó que el municipio dictó cuatro decretos que están en etapa de notificación para su cumplimiento.

"A través de la Dirección de Obras Municipales, en virtud de lo dispuesto en la Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el municipio dictó los decretos números 9.854, 9.875, 9.877 y 9.878, los cuales están en etapa de su notificación legal para su cumplimiento en el plazo ordenado de 30 días desde la fecha de su notificación", indicó el funcionario municipal.

Agregó que actualmente "se está en etapa de notificar a los cuatro propietarios de los predios correspondientes a cinco roles de avalúo. El viernes pasado se notificó a un codueño de los predios y se estima que esta semana se notificará al resto de los propietarios. Esta resolución se fundamenta en el hecho de existir obras sin permiso municipal".

En esa línea, Daniel Díaz sostuvo que el municipio de la Ciudad Jardín ha estado en constante coordinación con la Gobernación Provincial de Valparaíso, con el fin de solicitar que se "realice un catastro de quienes viven en esos terrenos, entendiendo que la mayoría son extranjeros".

Asimismo, señaló que funcionarios municipales concurrieron al lugar. "Hicieron un levantamiento de las viviendas que había, de los predios y a quiénes pertenecen. Luego se solicitó a la Dirección de Obras que se oficiara a los propietarios", indicó.

Finalmente, respecto a la situación de los inmigrantes y ciudadanos extranjeros que actualmente son parte de la toma "Naciones Unidas" dijo que la casa consistorial "ha entregado apoyo, a través del departamento de Seguridad Ciudadana y el departamento de Desarrollo Territorial, en coordinación con la junta de vecinos de Limonares".

Bajo esa lógica, desde el Concejo Municipal, el edil Jaime Varas (UDI) precisó que en el desalojo el municipio "no tiene nada que ver" puesto que esa es una acción que se da entre los propietarios del terreno y los tribunales de justicia.

"El propietario del terreno reclama que hay terceros que están ocupando su terrenos, éstos ocuparon la propiedad e hicieron construcciones. ¿Qué es lo que puede hacer la Municipalidad? Decir que las construcciones que se hicieron en esos terrenos son ilegales porque no tienen permiso de obras y no cumplen con una serie de normativas. Ante esto, ¿qué hace el municipio? Decreta la demolición de esas construcciones. ¿A quién se lo señala hacer? Al propietario de los terrenos. Si esto no lo hace el propietario lo tendrá que hacer el municipio con cargo del propietario", precisó Varas.

"Por tanto -añadió- el desalojo es algo que le corresponde al propietario. La Municipalidad decreta lo que tiene que hacerse y es lo que debería cumplirse en un plazo de 30 días y nosotros esperamos que eso se cumpla. Lo importante aquí es que la orden de demolición se decreta por cuanto está en riesgo la vida de las personas. Acá hay un riesgo para la vida humana, son construcciones completamente ilegales y precarias, que requieren resolverse y eso es lo que se está haciendo".

Por su parte, la concejala Macarena Urenda aseveró que "naturalmente, nosotros estamos en contra de las tomas entendiendo que aquí hay un problema social bastante grave, que es un problema de Estado y que se arrastra desde hace muchos años, e independientemente de la nacionalidad de origen de las personas que están detrás de éstas, una no puede estar de acuerdo con esa forma de ocupación, porque es ilegal".

Agregó que lo que está haciendo el municipio, "y lo que se ha tratado de hacer siempre, es colaborar dentro de los posible para organizar a la gente que está con situaciones de problemas de vivienda, para que puedan optar a los subsidios que da el Gobierno.

"Nuestra idea no es causarle un problema mayor a la dueña del terreno, lo único que le hemos pedido es que nos de un tiempo y nos espere".

Andrés Murillo, Vocero toma "Naciones Unidas""

Exitosa operación retorno tras medidas de mitigación

Sin mayores complicaciones se desarrolló ayer la operación retorno de los cerca de 75 mil vehículos que llegaron a la Región de Valparaíso desde Santiago durante el fin de semana largo.

Como plan de contingencia se implementaron tres medidas para mitigar los atochamientos que se generan debido a la gran cantidad de automóviles que circulan por la carretera. Estas consistieron en habilitar un 4x1, o sea establecer 4 pistas en dirección a Santiago entre el enlace Algarrobo y plaza de peaje Zapata, desde las 11:00 a las 23:00 horas. La segunda fue disponer un 3x1, donde se habilitaron 3 pistas en dirección a Santiago desde el peaje Lo Prado hasta pasado Vespucio, entre las 11:00 y las 23:00 horas .

Christián Arbulú, director de explotación de la concesionaria Vías Chile, a cargo de la ruta, explicó que "el peak de vehículos partió alrededor del mediodía ya que entre las 11 y las 12 tuvimos más de tres mil autos circulando por la carretera, lo cual excede la capacidad de la ruta y tuvimos que habilitar desde esa hora las medidas del plan de contingencia".

Desde la concesionaria aseguraron que es inevitable que se generen congestiones debido a la cantidad de vehículos que ocupa la ruta, asegurando que "lamentablemente la cantidad de flujo que se espera que retorne a la Región Metropolitana y la capacidad que tiene la infraestructura carretera, no permite que los vehículos circulen en condiciones normales; en fines de semana largo de estas características siempre habrá congestión".

Como parte del plan de contingencia se aplicó, además, una tarifa rebajada de mil pesos en dirección a la Región Metropolitana. Desde la concesionaria indicaron que "hasta el mediodía salieron cerca de 12 mil vehículos en dirección a la Región Metropolitana, de un total de 40 mil que se proyectaron según las estimaciones que manejamos".

Además recalcaron que "el beneficio de la rebaja tarifaría tiene dos objetivos: primero que los conductores transiten por la ruta a la hora que nosotros sabemos que va a haber menor demanda de ella y lo siguiente naturalmente es pagar una tarifa menor de lo que deberían haber cancelado en otras condiciones. Los puntos en la plaza de peaje Lo Prado registraron un 11% de incremento durante el periodo que se aplicó esta tarifa respecto a la proyección que teníamos de flujo; es decir, hubo un aumento dentro de esos horarios de usuarios que aprovecharon la rebaja tarifaria e hicieron su desplazamiento en esos horarios".

Carabineros también realizó un positivo balance de la situación. El teniente Humberto Mella del Sección de Investigación de Accidentes de Transito destacó que "se instalaron las medidas preventivas correspondientes producto del retorno que realizan los milles de turistas por el fin de semana largo. En la mayor parte de la ruta 68 no se registraba ningún tipo de congestión vehicular; no obstante, en el sector del cruce hacia Algarrobo se produjeron atochamientos. Sin embargo las medidas de mitigación ayudaron a mantener dentro de los rangos normales el flujo vehicular".

Indicó que "dentro de la concesión no se han registrado accidentes de tránsito de gravedad. El flujo de público comenzó a aumentar durante la tarde, a eso del mediodía, sólo en el enlace Algarrobo, ya que convergen dos vías distintas lo que genera un atochamiento que es normal por el flujo en el sector".

50 familias a partir de la notificación tendrán los ocupantes de la toma en cuestión para desalojar el terreno y demoler sus viviendas. Piden soluciones y más plazo

de inmigrantes integradas por ecuatorianos, colombianos, dominicanos y haitianos conforman la toma "Naciones Unidas", ubicada en Miraflores Alto. 12

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