"La inmobiliaria no cumplió con lo que exige el Tribunal Ambiental; los riesgos a la vida continúan"
Patricia Arellano
Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, tras aprobación de Punta Piqueros
"Voy a acatar el decreto que dice demolición"
Carolina Arata
Dueña del terreno donde se ubica la toma Naciones Unidas, en Limonares
Miembros de cuerpos cívicos de la Guardia Nacional de Valparaíso se sumarán desde mañana a turnos de guardias de vigilancia de presos, ya que el Batallón de Artillería de Marina no es suficiente, pues debe también cubrir los diversos destacamentos que constituyen la guarnición de esta plaza y la de los buques de la Armada.
LONDRES, 8 (3 P.M.) El Mariscal Foch recibió a plenipotenciarios alemanes y les dio plazo hasta las 11 horas del lunes para que aceptaran las bases del armisticio. El máximo jefe de los ejércitos aliados se negó a suspender provisionalmente las hostilidades. Los alemanes pidieron instrucciones a su jefatura por un correo especial.
A las 5 de la mañana de ayer, la vida de María Elena Peñaloza comenzó a extinguirse. El edema cerebral no cedió y la paciente, la única mujer que había sobrevivido a un injerto cardiaco en el mundo, no recuperó el conocimiento. El deceso fue comunicado por el médico, Jorge Kaplan, jefe del equipo que la había operado hace meses.
Con preocupación hemos recibido las últimas noticias sobre la posible extensión de los contratos -por parte de la Seremi de Transporte de Valparaíso- a favor de las empresas de buses de locomoción colectiva del Transporte Metropolitano de Valparaíso (TMV).
Hace 12 años se realizó la última licitación del transporte del Gran Valparaíso y pese a que en el 2011 correspondía iniciar un nuevo proceso de licitación, este se ha postergado en tres ocasiones. Es inaceptable que hayan pasado dos gobiernos completos y aún exista ambigüedad en torno a este proceso. Más aún, en este periodo las deficiencias del servicio han ido creciendo hasta un estado preocupante, afectando directamente a las/os usuarias/os: alzas de pasajes de forma unilateral, deficiente logística y frecuencia en los recorridos, problemas con la tarjeta estudiantil, crítico deterioro de los buses y de la infraestructura, y un aumento de la contaminación urbana. Pero también este sistema está perjudicando a los choferes: no tienen un sueldo adecuado, no hay baños en las garitas, no se cumplen los horarios, y con el sistema de corte de boleto deben disputarse a los usuarios con el inminente peligro para su integridad física y la de los pasajeros.
Mientras esto ocurre, las empresas reciben un subsidio anual de $ 14.400 millones y a partir de 2018 ese monto se verá incrementado en $ 1.500 millones anuales extras. Nos preguntamos, entonces, ¿por qué el Estado continúa entregando este subsidio y no fiscaliza?, ¿por qué no exige/propone un servicio de transporte adecuado para los usuarios y trabajadores? Pues con la suspensión del llamado a licitación se mantiene los contratos en las condiciones actuales y se anula la posibilidad de modernizar los buses y la infraestructura, de definir un nuevo sistema logístico de trazados y recorridos, de establecer niveles de densidad vehicular, entre otros asuntos.
Este modelo privado de transporte y subsidiado por el Estado constituye otro ejemplo claro de servicios básicos donde la ganancia -lucro- está por sobre las garantías de un servicio público eficaz y digno para los habitantes del Gran Valparaíso. En este sentido, exigimos que el gobierno central tome cartas en el asunto, pues la Contraloría ha sido clara a la hora de señalar la obligatoriedad de comenzar el proceso de licitación y nos preocupa las posibles irregularidades que puedan estar ocurriendo y que impiden que los subsidios que se entregan se traduzcan en un buen servicio para los habitantes de nuestra región.
Es fundamental comenzar a repensar el problema de la movilidad en el Gran Valparaíso y avanzar hacia una política pública que cimente un nuevo modelo de transporte, que sea efectivamente público, sustentable, seguro y moderno; amable con nuestros adultos mayores y con tarifas justas, y por qué no pensarlo, con integración de la bicicleta pública como mecanismo alternativo de movilidad.
Nataly Campusano Díaz
Consejera regional de Valparaíso
Leopoldo Santibáñez Jara
Doctor y académico de la Escuela de Ingeniería en Transporte PUCV
Nuevamente en un proyecto público, donde debe primar la claridad y la transparencia, aparecen sombras y dudas. Y, paradojalmente, se trata de una iniciativa destinada a mejorar el alumbrado público en cinco comunas de la Región, lo que supone un aporte a la calidad de vida de los vecinos. Y con toda razón aparece la polémica, pues se trata de unos $ 8 mil millones, aportados por el Fondo de Desarrollo Regional, para mejorar el alumbrado de las comunas de Quillota, Villa Alemana, Limache, La Cruz y Calle Larga mediante la instalación de luminarias led.
El diseño de los proyectos de cambio de luces fue elaborado por la Secretaría de Desarrollo Comunal (Secpla) de cada municipalidad y fueron aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social. Así, el Consejo Regional acordó traspasar los fondos del caso a las respectivas municipalidades para que hicieran las licitaciones correspondientes. Sin embargo, se queja Roy Crichton, presidente de la Comisión de Control y Gestión del organismo, "el intendente decidió traspasar al Ministerio de Energía los dineros que aprobamos a los municipios para que ellos liciten". Acusa el consejero una anomalía, pues "se devuelven los recursos a Santiago en un momento en que estamos trabajando por la regionalización".
Pero frente a esas inquietudes responde el seremi de Energía, Gonzalo Le Dantec, justificando el traspaso al Ministerio por la competitividad que significa la gran cantidad de licitaciones que hace esa cartera anualmente, con lo cual "se podían reducir los costos de manera significativa". Sobre supuestas anomalías planteadas por el propio Crichton no se pronuncia, pero afirma que "como organismo con más experiencia, nos pidieron que revisáramos".
Y así apareció un menor gasto que llegaría a $ 2.300 millones. Insistiendo en el tema, Crichton afirma que si hay sospechas de "abultamiento de cifras en los proyectos, lo debió advertir el Ministerio de Desarrollo Social".
Por su lado, el presidente del Core, Percy Marín, manifiesta que los proyectos ya no se ejecutarán este año, lo que se justificaría "si se trata que se hagan bien las cosas".
Tiene razón, pero no sólo se trata de hacer bien las cosas; está la nítida exigencia de aclarar el supuesto abultamiento del gasto en $ 2.300 millones, es decir, más del 25% de la cifra original.
Las inquietantes y justificadas dudas se deben aclarar y por eso es importante sincerar el tema, más allá de celos regionalistas, en la sesión que anuncia el Consejo Regional para el próximo miércoles 14 de noviembre, a la que deberán concurrir los alcaldes de las comunas postulantes a los recursos y sus respectivos secretarios de Planificación.
Es mucha plata y allí, con voluntad clarificadora debería primar la vieja pero eterna consigna bíblica: ¡Hágase la luz!