La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, emplazó al Gobierno Regional a dar una respuesta pronto respecto a la solicitud de cerca de $ 300 millones para completar el plan contra incendios y microbasurales que ya realiza la casa consistorial con fondos municipales.

"Hoy estamos preocupados en el tema del incendio y para eso hemos estado trabajando. Nosotros hemos destinado $700 millones para el trabajo que estamos haciendo en diferentes lugares, especialmente en las partes altas con cortafuegos. Hace años que venimos manifestando la necesidad de tener mayores recursos porque hoy el cambio climático es algo que no hay que dejar de lado", dijo la alcaldesa Reginato.

Afirmó que ya pidieron apoyo tanto a la Gobernación como al Gobierno Regional: "Ya lo hemos solicitado, esto está solicitado hace tiempo, la respuesta ha sido que por ahora no están los recursos, pero de verdad que es una necesidad importante".

Patricio Moya, director de Operaciones y Servicios, sostuvo que en la actualización del catastro de microbasurales se detectaron 54 más peligrosos en la comuna, por lo que se inició un trabajo para erradicarlos lo antes posible. "Hemos pedido equipamiento, este año van $300 millones solicitados, y nosotros estamos haciendo una inversión de $700 millones, y todo esto requiere urgencia. Esto se va postergando... hace cinco años solicitamos un equipamiento importante que todavía no se presenta por más de $2.500 millones y todo esto tiene que tomarse en serio porque hay personas que pueden fallecer en uno de estos desastres".

Además, cuestionó la Ley de Protección Civil y Emergencias porque es "extremadamente centralizada, no se permite la ayuda mutua ni el uso escalonado de los recursos, pero lo más importante es que no tiene el concepto de la prevención integrado. Las atribuciones que tienen los alcaldes es cero (...) y tampoco hay transferencia de recursos. Por eso es importante que esa ley que nos afecta a las regiones más que a las áreas metropolitanas, los políticos regionales asuman su responsabilidad y las saquen adelante".

Respecto a los recursos, el consejero regional Manuel Millones planteó que "a la Municipalidad de Viña del Mar el Consejo Regional le aprobó dos camiones aljibe, que están en pleno funcionamiento, y el municipio presentó proyectos relacionados con el reciclaje y contenedores, de $83 millones, y un segundo proyecto por $179 millones. Estos han sido observados por parte de los equipos técnicos del Gobierno Regional y mientras no se resuelvan las dudas técnicas que le corresponde a la Secpla de Viña del Mar no van a ser recomendados técnicamente y mientras no cumplan ese requisito no pueden no pueden ser sometidos a votación".

Desde el Gore indicaron que se están trabajando en el tema, pero se debe cumplir con el proceso correspondiente y para eso el municipio debe subsanar algunas observaciones a su proyecto.

"Esto está solicitado hace tiempo, la respuesta ha sido que por ahora no están los recursos, pero de verdad que es una necesidad importante"

Virginia Reginato, Alcaldesa de Viña del Mar"

microbasurales fueron detectados como los más peligrosos en el último catastro en Viña del Mar. 54

minutos se debe combatir un incendio para evitar que aumente y sea catalogado como "eruptivo". 180

Pamela Boltei

En medio de la polémica por el inminente desalojo de la toma "Naciones Unidas", ubicada entre Limonares y Miraflores Alto, la dueña del predio, Carolina Arata, alzó la voz en defensa de los motivos que llevaron a los inmigrantes a tomarse su propiedad, aunque afirmó que pese a esa opinión ejercerá el desalojo y demolición de las viviendas como estipula la ley.

Arata cuenta que en 1993 su tío abuelo compró el terreno para hacer edificios, idea que con el paso de los años desechó. La propiedad fue pasando a sus hermanas, tíos y a su padre, y ahora es ella, por desinterés y la edad de su familia, la que está a cargo de ese paño. Por ello, también es responsable de lo que pasa con la toma que medio centenar de familias tiene hace unos nueve meses y cuya orden de desalojo y demolición debe hacer cumplir.

Sin embargo, no culpa a los inmigrantes de la situación. "Ellos, seguramente, como no tenían cómo construir e instalarse, pues el Gobierno dejó entrar a muchos inmigrantes y no les tiene las comodidades necesarias para que ellos llegaron, así que yo pienso que se vieron en la obligación de entrar en terrenos pelados que eran sitios eriazos. Sacaron los cercos y se instalaron. La motivación de ellos, creo, fue la desesperación de no tener una vivienda", dijo.

- Ese terreno no tenía uso...

- No, pero estaba cerrado, porque mi familia en algún momento pensó en construir, pero fueron pasando los años y quedó cerradito.

- ¿Cómo ve la preocupación de los habitantes del sector respecto a los desórdenes que acusan, como arrojamiento de piedras, de carne?

- En Limonares han habido muchos atentados, molestias que alguien las está provocando hacia los vecinos, pero yo creo que no son la gente de las tomas, no son los inmigrantes. Deben haber sectores de delincuencia por el lugar que están haciendo todos estos atentados contra los vecinos para echarles la culpa a los inmigrantes, a la gente de las tomas. Como algo parecido a lo que pasa en las protestas, cuando los estudiantes van tranquilamente a protestar y llegan los encapuchados que nunca se sabe quiénes son y hacen atentados. Acá está pasando lo mismo, porque no creo que sean los inmigrantes los que están entrando a robar. La delincuencia se está aprovechando de todo esto.

- Llama la atención que usted, siendo dueña del terreno y afectada por no poder darle otro uso, tenga una postura de defensa de quienes están ahí...

- Soy afectada pero yo entiendo los motivos, entiendo que ellos no tengan dónde vivir, aunque ellos debieron haberse acercado a las autoridades a pedir ayuda y no entrar a cualquier terreno. No los apoyo, pero entiendo las razones. Lo que yo siempre digo es que el Estado, el Gobierno, la Municipalidad... allá vayan a pedir ayuda, nosotros somos privados y no puedo hacer absolutamente nada de ellos. Lo único que puedo hacer es escuchar las peticiones que ellos hacen.

- ¿Y ha hablado con ellos?

- Sí, si ellos me conocen. Incluso Fernando Murillo me estaba pidiendo, anteayer cuando subí, más plazo para desalojar, para irse. Pero yo no soy la alcaldesa de Viña, yo no hice ese decreto, yo no puedo hacer absolutamente nada, voy a acatar el decreto que dice demolición, luego la limpieza de los sitios y después el posterior cierre y eso es lo que yo voy a cumplir. Y quiero dejarlo muy claro: Yo voy a cumplir la ordenanza municipal al pie de la letra, porque si no la cumplo, pasados los 30 días, el municipio interviene y va a pasarme multa, además de que al realizar los trabajos que los propietarios deberíamos haber hecho, nos va a cobrar todo eso, y no voy a dejar que pase eso. Voy a acatar todo lo que el municipio dice.

- ¿Cómo lo hará?

- Con empresas. Ya tengo visto eso, han ido al cerro para hacer el presupuesto de todo lo que hay que hacer. Ya he ido con el personal para ver y cotizar.

- ¿Cuándo lo harán? Las familias en la toma pidieron más plazo.

- No tengo fecha, estoy esperando porque se supone que yo di fecha de tope esta semana con las empresas que fui, e incluso la gente de la toma me saludaba y me veía que yo iba con camionetas y autos de los dueños de las empresas para hacer las cotizaciones.

- Esa gestión la va a tener que pagar usted.

- Por supuesto, no tengo ningún problema. No tengo la culpa de esta toma, pero yo tengo que cumplir al pie de la letra la ordenanza municipal, porque no me voy a poner a discutir con la alcaldesa, con el municipio, porque que yo vaya a pedir audiencia a la alcaldesa va a retrasar la fecha de la ordenanza municipal. Desde que fuimos notificados, que fue el día viernes, en unos 28 días más ya se va a empezar la acción de alguna manera.

- ¿Qué llamado hace a las autoridades respecto a esto?

- Considero que todo ha sido muy lento. La Gobernación va a colaborar, el municipio también, pero lamentablemente la reacción de las autoridades es bastante lenta, porque esto los pilló desprevenidos porque no estaban preparados para un problema tan grande en un terreno privado, así como también el país en general no está preparado para recibir extranjeros, porque no tienen dónde establecerlos. Esta gente está viviendo en condiciones insalubres, peligrosas, viviendo debajo de torres de alta tensión, sin baño, sin servicio higiénico, expuestas a un incendio. Y quiero dejar en claro una cosa: ni yo como propietario, ni la junta de vecinos ni los vecinos los hemos amenazado de que les vamos a incendiar las casas, que les vamos a pegar o cualquier cosa, de ninguna manera.

- ¿Qué hará después con el terreno?

- Una vez que se cierre nuevamente vamos a hacer alguna actividad que genere los ingresos para cubrir las altas contribuciones que se pagan.

- ¿Y venderlo al Estado para que haga viviendas sociales?

- No sé, tendríamos que pensarlo, habría que tasarlo, y si el Estado quiere comprarlo tendría que pagar lo que pidiéramos.

"Desde que fuimos notificados, que fue el día viernes, en unos 28 días más ya se va a empezar la acción de alguna manera"

Carolina Arata, Propietaria"