En un fallo histórico, el general (r) y excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre fue condenado a tres años de libertad vigilada como encubridor de los homicidios llevados a cabo en el episodio de La Serena de la llamada Caravana de la Muerte, en octubre de 1973, cuando era teniente y tenía 25 años.

Se trata de una sentencia inédita, pues Cheyre se convirtió en el primer exjefe del Ejército condenado por violaciones a los Derechos Humanos.

En la misma causa, el juez acusó a otros siete exuniformados por el secuestro y asesinato de 15 presos políticos en el regimiento Arica, de La Serena.

El ministro en visita a cargo de la investigación, Mario Carroza, rebajó la calidad de cómplice, por la que lo acusó en un principio, a la de encubridor.

El fallo tiene un especial peso simbólico, ya que Cheyre pasó a la historia como el "general del nunca más", debido a que fue el primer jefe militar, cuando lideró el Ejército entre 2002 y 2006, en pedir perdón por los crímenes de lesa humanidad cometidos por uniformados durante el régimen militar.

La defensa del general (r) argumentó que él "no intervino ni conoció en modo alguno los hechos" por los que fue condenado y que "éste no sólo no sabía cuál era el objeto de la comitiva, sino que tampoco pudo saberlo". Agregaron durante el proceso que tampoco "supo a qué respondían los disparos al interior del polígono de tiro" cuando los presos políticos fueron fusilados, "dado que sólo los escuchó a distancia", y que no tenía "mayor experiencia ni capacidad para representarse que sus superiores de mayor grado hacían aseveraciones falsas".

Sin embargo, en su sentencia, de más de 400 páginas, el ministro Carroza señaló que "toda la Oficialidad del Regimiento Arica de La Serena consintió dócilmente a que éstos fueran aniquilados sin juicio alguno y, al contrario de lo que sostiene su defensa, el acusado Cheyre, pese a esta innegable masacre, no se resta a cumplir la labor de sanearla y argumenta en su favor ante la opinión pública y ante los familiares, y esgrime como excusa su escasa edad, que a su juicio le impediría advertir la gravedad de dichas conductas, pero de la misma manera tampoco advierte en ese instante con el grado de madurez de su formación militar y el compromiso adquirido como Oficial de Ejército, que debía actuar con prudencia y sensatez y no divulgar falacias".

Carroza además descartó que Cheyre pudiera haber ignorado lo ocurrido pues el regimiento es de una "superficie pequeña y hace difícil, por no decir imposible, justificar la ignorancia de lo que acaecía en su interior".

Posteriormente, el ministro defendió la sentencia, que dijo que responde a "una justicia igualitaria, que no hace distinciones, que no tiene privilegios".

El juez agregó que "ha sido una investigación extensa y compleja, más que nada porque la colaboración no ha sido explícita de aquellos que intervinieron, entonces, ha sido difícil llegar a la verdad histórica".

El abogado del excomandante en jefe del Ejército, Jorge Bofill, anunció que impugnará la sentencia ante la Corte de Apelaciones de Santiago y se mostró disconforme con el fallo, asegurando que su representado es "inocente y cualquier otra decisión es injusta".

Otros condenados

En total fueron 11 los exuniformados condenados por el episodio de La Serena de la Caravana de la Muerte, incluido el comandante que estaba a cargo del Regimiento Arica, Ariosto Lapostol, a quien se le impuso una pena de 15 años de presidio.

El fallo acogió además demandas civiles deducidas, por lo que el Estado deberá pagar indemnizaciones a familiares de las víctimas por montos de $40, $70 y $80 millones.

"Lo importante es que hoy terminamos con una etapa de las violaciones a los derechos humanos"

Mario Carroza Ministro en visita."

El Presidente Sebastián Piñera destacó positivamente el acuerdo logrado con los gendarmes, tras cuatro días de paro, pero criticó la actuación de los guardias carcelarios.

Tras una negociación que se extendió hasta la madrugada de ayer, el Mandatario dijo: "Por supuesto que hay problemas en Gendarmería, como los hay en todas partes, hemos conversado con ellos y llegamos a un acuerdo que tiene que ver con carrera funcionaria, con el rol que les corresponde, con la capacitación". Y añadió: "Pero quiero decir algo: este Presidente y este Gobierno no solamente prometió cumplir el Estado de Derecho, sino también hacer cumplir el Estado de Derecho y, en consecuencia, nosotros no vamos a permitir que ocurran cosas como las que ocurrieron".

Según el Jefe de Estado, tales hechos fueron "la toma del Centro de Justicia o el no permitir la salida o el ingreso de las personas que tenían que concurrir a los tribunales de justicia y eso se lo hicimos ver en forma muy clara a Gendarmería. Afortunadamente primó la razón, la cordura, llegamos a un acuerdo y pudimos resolver el problema".

Gracias al acuerdo, el Frente de Trabajadores Penitenciarios, que agrupa a los cinco gremios más representativos de Gendarmería, y el Ministerio de Justicia pactaron un proyecto que será enviado al Congreso a más tardar en enero de 2019.

Entre otros aspectos, la propuesta fija medidas para regular tanto el ingreso como el egreso de funcionarios, con el fin de no repetir el crecimiento "inorgánico" y evitar que en la parte superior de la carrera se genere un estancamiento. Es por esto que se estableció que a partir de 2019 y en un plazo de cuatro años, habría un incentivo al retiro para la planta I (oficiales) y II (suboficiales y gendarmes). Esto implicaría un pago de 900 Unidades de Fomento por funcionario y se aplicará a aquellos que ingresaron al servicio entre los años 1991 y 1998.

Además, la iniciativa plantea modificar la regla para los ascensos de los trabajadores penitenciarios: si hay vacantes en un grado y no hay funcionarios del grado inmediatamente inferior que cuenten con el tiempo mínimo cumplido para ascender, pero cuentan con los demás requisitos para hacerlo, podrán subir de igual forma siguiendo el orden de antigüedad y siempre que hayan permanecido al menos un año en el puesto en que se encuentran previo al ascenso.