Cristián Rojas M.

En la Universidad Técnica Federico Santa María se desarrolló ayer el XVI Encuentro de Rectores de Universidades Chilenas, organizado por Universia y cuya temática central fue la institucionalidad y financiamiento en la educación superior. Uno de los temas que ha marcado la pauta en esta materia es que la gratuidad cubre sólo la duración formal de la carrera, sin importar que un gran porcentaje de los alumnos se demoran uno o más años adicionales en terminarla, y el primer año adicional el 50% del arancel debe asumirlo el alumno y el otro 50% la universidad, lo que ha afectado el presupuesto de los planteles.

El rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, había advertido en este Diario esa situación hace un tiempo, y ayer el rector de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Eduardo Silva, quien dirige a una de las instituciones privadas adscritas a la gratuidad, lo expuso mediante una carta enviada a El Mercurio de Santiago y en el encuentro profundizó en su planteamiento.

"Esta presión de la ley aparece como muy inadecuada porque no reconoce lo que sucede en el sistema. Todo universitario, obviamente, reprueba ramos y se atrasa, eso es parte del proceso educativo, entonces, que la gratuidad no acompañe por lo menos el tiempo de titulación oportuna es muy complejo", criticó Silva.

Sobre ese punto, subrayó que "lo más increíble es que el año más es titulación oportuna. Todos los sistemas de acreditación de calidad contemplan un año más, y el hecho que la ley no acompañe eso es curioso, y curiosamente no fue parte del debate en el Congreso, y yo no he escuchado todavía ni un argumento que lo explique".

En tal sentido, planteó que "aparece como muy inexplicable y contribuye a que el desfinanciamiento que se tiene por la brecha entre arancel real y regulado para los seis primeros deciles, más el desfinanciamiento que significa regular precios para el séptimo al noveno decil, te complica más aún la situación".

Para Silva, el problema se debe a que "tanto el crédito, como la gratuidad, no tienen fondos fiscales suficientes para cubrirlos. Si tuviéramos dinero en la gratuidad, por supuesto que se extendería la gratuidad".

Respecto de la mitad del arancel que deben costear las universidades en el primer año adicional de la carrera de un estudiante, el rector de la UAH planteó que "hay que ver cómo ese 50% es apoyado por otros fondos, tenemos que verlo, porque ahora que uno ya le dijo a los estudiantes que sólo estaban obligados a pagar la mitad, no le vamos a obligar a pagar el 100%, eso es políticamente imposible. Pero es posible que, haciendo uso de algunos fondos, ese 50% no grave a las universidades".

Por su parte, el rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Ignacio Sánchez, precisó que "cerca del 70% de estudiantes en algunas instituciones, un 30% en el caso de la nuestra, tienen un retraso en la progresión de sus carreras, y en el primer año de este retraso, según la ley, las universidades podrían cobrar solamente el 50% del arancel regulado y absorber el otro 50%. Eso es un daño económico muy grande a las instituciones, no solamente a las más grandes o de mayor calidad, sino que fundamentalmente a las instituciones regionales, a las estatales, a las más pequeñas, en donde, por las características de sus estudiantes, se pueden ver retrasos más significativos".

En ese contexto, recordó que "hemos dicho que eso se tiene que corregir, hemos dicho que, tanto el Estado, como los estudiantes, tienen que asumir mayor responsabilidad en el pago, y que las instituciones no pueden absorber ese costo, porque en el mediano y largo plazo esos déficits van a ser muy significativos".

Sánchez hizo notar que en la PUC "el déficit se duplica si consideramos en continuidad en el largo plazo, el retraso de los estudiantes, por lo tanto, va a ser un daño en calidad, un daño patrimonial muy significativo para las instituciones. Lo hemos dicho el año pasado al gobierno anterior y lo hemos planteado al Ministerio en este año. Creo que es uno de los temas más importantes a solucionar prontamente".

En tanto, el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, recalcó que "los periodos de duración de las carreras en nuestro país son, normalmente, un año adicional, en el mejor de los casos, pero la ley no acogió esa demanda nuestra, esa evidencia, además, y es un problema que va a desfinanciar parcialmente a las universidades, por cuanto durante el primer año adicional solamente se puede cobrar un 50% del arancel, que coincide con la etapa más o menos cara, porque están haciendo tesis, están trabajando con mucho apoyo de laboratorio, de equipos en terreno".

Rojas hizo hincapié en que "el sistema de información del Ministerio de Educación tiene una clara medición de lo que se demoran los estudiantes. Hay excepciones, como alumnos de alto puntaje en las carreras de salud que terminan en el periodo de duración de la carrera, pero eso ocurre, más o menos, en el 5% a 7% de los estudiantes de todo el sistema universitario".

A su vez, el anfitrión del encuentro, Darcy Fuenzalida, rector de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), recordó que el hecho de asumir el 50% del arancel en el primer año adicional de la carrera "lo hemos venido planteando como una preocupación al gobierno actual, en el sentido de que no le hace bien al sistema universitario que los estudiantes pierdan la gratuidad si se extienden en sus carreras".

A su juicio, "ésta es una situación paradójica y contraria a la lógica, porque justamente los estudiantes que se ven, a veces, sometidos al alargamiento de su carrera más allá de la duración nominal, son los estudiantes más vulnerables, son los estudiantes que tienen más problemas de aprendizaje porque vienen de colegios de mala calidad y que al entrar a la universidad su trayectoria se alarga porque tienen que hacer esfuerzos por adaptarse, por recuperar materias que no han visto en los colegios, y eso al final redunda en un alargamiento de la permanencia en la universidad".

Fuenzalida advirtió que "esos alumnos van a perder su gratuidad porque la ley señala que quien se extiende un año más allá de la duración nominal tiene que hacerse cargo del 50% del costo de esa carrera, y a partir del segundo año, del 100% del costo. El Estado, teniendo la ley una lógica de concurrir solidaria y subsidiariamente con los estudiantes de bajos recursos, para poder darle acceso a la gratuidad, en ese momento los abandona, y eso es algo que no corresponde a lo que debiéramos hacer como país".

En ese marco, el rector de la USM enfatizó que "lo que estamos planteando es que se corrija esta situación y que los alumnos puedan tener un mecanismo que garantice el financiamiento y que les permita terminar sus carreras si es que no lo hacen en el plazo nominal y se ven forzados, obligados, por condiciones académicas o de recursos, a extenderla".

El rector de la UAH, Eduardo Silva, detalló que a raíz del 50% que deben costear a los estudiantes que exceden un año en sus carreras, "durante todo este tiempo hemos ajustado nuestros gastos a esta disminución de ingresos, pero eso no puede ser infinito, porque no es posible que justamente las universidades adscritas a gratuidad empeoren su calidad".

Por su parte, el rector de la PUC, Ignacio Sánchez, detalló que "en nuestra universidad lo que hemos hecho es postergar el crecimiento, postergar nuevos proyectos de desarrollo. Hemos cuidado la inversión que tenemos en nuestros estudiantes: becas, beneficios; hemos cuidado, por supuesto, la contratación de nuestros profesores y los beneficios a nuestros funcionarios; hemos cuidado también los programas y la calidad de ellos, pero el problema es que eso se puede realizar por dos, tres años, pero en el largo plazo, si no hay un cambio significativo, esto va a significar un verdadero daño a la calidad de la educación superior nuestra".

A su vez, el rector de la USM, Darcy Fuenzalida, enfatizó que el financiar el 50% del arancel en el primer año adicional de la carrera "va a redundar en un deterioro de los presupuestos de otras áreas de la universidad, lo que a la larga va a generar un perjuicio en la calidad de nuestras universidades".

En tanto, el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, remarcó que este problema "significa estrecharse, apretarse el cinturón, y eso, obviamente produce un efecto", lo que se agrava con el retraso en las transferencias de los recursos de gratuidad por parte del Estado, pues este año lo correspondiente al segundo semestre llegó recién a fines de octubre, lo que "significa que algunas universidades tienen que recurrir al sistema financiero, con costos de interés que son altos y con menores ingresos para las universidades, lo que también debe ser solucionado, ojalá por glosa en esta Ley de Presupuesto que está terminándose de discutir en el Congreso", planteó.

Por otra parte, el rector de la PUC, Ignacio Sánchez agregó que otro problema que han debido afrontar los planteles adscritos a la gratuidad "es el tema de los aranceles regulados, es decir, en qué medida estos aranceles reconocen el costo real de las carreras, el costo real de una formación de pregrado de calidad".

A ello se suma que los rectores piden que el arancel regulado esté fijado a más tardar en marzo, pues como recordó el rector de la PUC, "recién hace no más de dos o tres semanas conocimos los aranceles de este año, cuál iba a ser el IPC, considerando entre qué meses. Nosotros no podemos tener una definición de los costos de las carreras, de los pagos de transferencias del Estado tan tardíamente como a fines de octubre".

A su juicio, lo ideal es "antes de iniciar el año académico saber cuáles van a ser los aranceles regulados, para poder estimar y calcular las inversiones, los gastos, los costos de las instituciones".

A esto se suma que en la Ley de Presupuesto de la Nación, el reajuste anunciado para educación "no fue el que esperábamos, tampoco fue el que esperábamos en términos de un apoyo a las instituciones del G9. En el gobierno anterior hubo un apoyo muy focalizado en las instituciones estatales, yo creo que hay una deuda desde el gobierno anterior, y este gobierno también la mantiene", lamentó Sánchez.

"No es posible que justamente las universidades adscritas a gratuidad empeoren su calidad"

Eduardo Silva, Rector de la U. Alberto Hurtado"

"La ley no acogió esa demanda nuestra (...). Es un problema que va a desfinanciar parcialmente a las universidades"

Álvaro Rojas, Rector de la U. de Talca"

"Si no hay un cambio significativo, esto va a significar un verdadero daño a la calidad de la educación superior nuestra"

Ignacio Sánchez, Rector de la Pontificia U. Católica"

50% del arancel deberá costearlo la universidad si el estudiante se retrasa un año en su carrera, y el otro 50% lo asume el alumno. A partir del segundo año el 100% lo debe solventar el estudiante.

2 universidades privadas no tradicionales son parte del Consejo de Rectores de las Uversidades Chilenas (CRUCh) y están adscritas a la gratuidad: Universidad Diego Portalesy Universidad Alberto Hurtado.

31 de octubre fue la fecha en que el gobierno transfirió a las universidades los recursos correspondientes al segundo semestre de la gratuidad. Lo esperaban desde junio, así que también los afectó.