Este lunes serán reiniciadas las conversaciones para que el Gobierno y la mesa del sector público lleguen a un acuerdo en torno al reajuste salarial de los trabajadores fiscales. Sin embargo, a modo de rechazo de la última propuesta presentada por el Ejecutivo, los funcionarios estatales convocaron a un paro nacional para el mismo día.

Frente al hecho y de cara a la nueva cita, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, criticó que "es un error pensar que los acuerdos se construyen bajo amenazas de paro. Creo que hoy día debemos sentarnos en la mesa e intentar llegar a un acuerdo".

Cabe recordar que la última propuesta del Gobierno fue un reajuste de 3,1%; sin embargo, los trabajadores piden un 7%.

Ante las cifras, el secretario de Estado señaló que "es evidente que los acuerdos requieren varias reuniones y requieren algo de realismo". Lo anterior, "pues el reajuste que hoy está sobre la mesa es mucho más que los que se han dado en años anteriores y todos sabemos que el país que recibimos tenía una deuda gigante".

"Llamo al diálogo, a ponerse de acuerdo y a hablar con argumentos y no a amenazas en base de paros", dijo enfático y agregó: "Ese no es el mecanismo ni en Chile ni en ninguna parte para llegar a acuerdos".

El Ejecutivo, además de ofrecer un reajuste de 3,1% en la última reunión, propuso un bono de vacaciones de $114 mil para rentas bajas y de $80 mil para las más altas.

La Corte Suprema confirmó el jueves la millonaria multa, de 17.776 UTM ($856.092.160 al valor actual) aplicada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a la empresa Enel Distribución Chile, por incumplir con los estándares en la calidad del suministro.

Así, en un fallo unánime de la Tercera Sala del máximo tribunal, se ratificó lo que había sido sentenciado previamente por la Corte de Apelaciones.

La multa había sido cursada el 28 de diciembre de 2017 por la SEC por haber incumplido los estándares de calidad de suministro que establece el reglamento, al haber incurrido en más interrupciones de servicio por alimentador que aquellas que admite la legislación.

Ante esta resolución, el superintendente de Electricidad y Combustibles (SEC), Luis Ávila, valoró el fallo de la Corte Suprema.

"Lo que está detrás de esto es un proceso anual en que se califica el desempeño de la empresa en términos de las interrupciones eléctricas que llegan a sus clientes, y lo que esperamos es que con este fallo se dé una muy clara señal hacia la empresa de que debe corregir el desempeño y entregar permanentemente un suministro eléctrico continuo y seguro a sus clientes", dijo la autoridad a "Emol".

"Las sanciones, y en este caso la ratificación de la Corte Suprema de una sanción, es una señal muy nítida entendida como una búsqueda de cambio de conducta de la empresa porque ha infringido la norma", añadió.

Avilés reiteró que "lo que esperamos es que las compañías entreguen permanentemente, hagan las acciones y dispongan los elementos técnicos, humanos, las brigadas y los centros de atención de llamado para siempre procurar mantener un suministro continuo".

Perjuicio a usuariosEn su fallo, el máximo tribunal estableció que dado que el suministro de electricidad se trata de un servicio básico para la comunidad, "evidentemente genera perjuicio a todas aquellas personas que se vieron privadas del mismo por un tiempo mayor al permitido por la normativa vigente".

Además señala que "desde la perspectiva del beneficio económico obtenido con la infracción, se deben considerar los gastos que la empresa se ahorra al no invertir recursos suficientes para ajustar sus instalaciones a los estándares de calidad que deben proporcionar". Y recalca que la firma ya había sido sancionada por la misma infracción.