Rodrigo Navarrete N.

Un nuevo episodio en el conflicto portuario de Valparaíso, que desde hace más de 20 días mantiene movilizados a los trabajadores eventuales de TPS, se vivió este fin de semana no sólo a nivel regional, también a nivel nacional. Y es que, como una medida que ellos mismos catalogaron de "advertencia", tanto para los representantes del Terminal Pacífico Sur (TPS), como para el Gobierno, trabajadores portuarios a nivel nacional paralizaron sus faenas en apoyo a la compleja situación que está afectando a los operarios movilizados de Valparaíso.

En concreto, como una respuesta al llamado realizado por la Unión Portuaria de Chile, los trabajadores portuarios de Huasco, Chañaral, Bíobío (Coronel, Talcahuano y Penco-Lirquen) y Puerto Montt se paralizaron por más de dos horas (entre las 15:30 horas, que es cuando se inició el segundo turno, hasta las 18:30 horas), en las que junto con solidarizar con sus colegas del Puerto de Valparaíso, exigieron a las autoridades acelerar los diálogos para solucionar el conflicto, latente desde el pasado 16 de noviembre. Además, enfatizaron que se encuentran en estado de alerta.

Así mismo, además de la acción llevada a cabo por los trabajadores portuarios del país, durante la tarde de este sábado hubo una paralización en apoyo a los portuarios de Valparaíso la que se inició en el Puerto de Ventanas debido -según ellos- a temas de operación producto de que la empresa no quiso responder a las demandas. Los trabajadores exigieron un bono de compensación ($100 mil) por sus labores desempañadas durante el arribo de dos buques que, por el conflicto en Valparaíso, fueron destinados desde el terminal TCVAL hasta el Puerto de Ventanas.

Al respecto, el vocero de los trabajadores eventuales de Valparaíso, Pablo Klimpel, agradeció el apoyo mostrado por sus pares a nivel nacional y dejó en claro que esto es una "advertencia" para, de una u otra manera, presionar a TPS a que se siente a conversar con el personal movilizado.

"Nosotros le damos mucho valor al apoyo que hemos recibido de la Unión Portuaria de Chile de haber paralizado por dos horas los puertos de la zona norte (Huasco y Chañaral), de la región del Biobío y de Puerto Montt. Esto fue un paro de advertencia en el que se está exigiendo a las empresas y a la cámara marítima que tienen que empezar a presionar a TPS para que se siente a conversar con nosotros", dijo Klimpel.

Y agregó: "Esto es un problema que responde a un problema estructural y que tiene que ver con la falta de regulación portuaria a nivel nacional. En Valparaíso tenemos el síntoma de esa deficiencia, entonces, esto es algo nacional y no sólo local. Eso es lo que expresa este llamado de apoyo y solidaridad que han tenido los trabajadores y trabajadoras a lo largo del país".

En el contexto de este conflicto, parlamentarios de la Región valoraron los cambios realizados en la Empresa Portuaria de Valparaíso, EPV, principalmente, en la presidencia de la entidad donde Raimundo Cruzat reemplazó a Raúl Celis.

En ese sentido, la diputada de Izquierda Autónoma, Camila Rojas, indicó que más allá de su experiencia en el Transantiago, "considero valioso que el nuevo presidente reconozca la responsabilidad que le cabe a la EPV en esta situación, y la importancia de resolver este conflicto. Hay que atender esto con premura, siendo central que desde la presidencia del directorio de EPV se insista en que Von Appen dialogue y termine con su actitud irresponsable y autoritaria".

En cuanto al plazo de dos semanas en el que Cruzat espera solucionar este conflicto, el diputado Andrés Celis señaló que "en esta clase de situaciones no es conveniente fijarse plazos demasiados breves porque se generan expectativas muy altas. Por eso, el plazo que se ha fijado resulta prudente, considerando, además, que el conflicto estaba dando señales de agotamiento".

En una visión distinta, el diputado de la UDI, Osvaldo Urrutia aseguró que "estamos sumamente atrasados con respecto a una solución al grave problema que se vive en el puerto, y no es por culpa de Raimundo Cruzat, sino que es por la nula proactividad mostrada en los días anteriores por el expresidente de EPV, lo que derivó en que sigamos entrampados en este grave problema, el cual le está generando un daño enorme no sólo a la Región, sino que a todo Chile. Ojalá Cruzat ayude a resolver el conflicto antes del plazo que se autoimpuso, por el bien de la industria y del puerto".

En tanto, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) sostuvo que "acá lo que cabe es que el gobierno se involucre más derechamente. Pedirle a los privados, en particular, al Terminal 1, TPS, que genere un espacio de diálogo, entendiendo todas las limitaciones jurídicas porque hay que resolver este conflicto, puesto que está afectando a nuestra Región, a Valparaíso y a Chile de manera significativa".

En una línea similar, el senador Francisco Chahuán (RN) reiteró la necesidad de entregar garantías para restablecer el diálogo entre los trabajadores y la empresa, y así devolver la operatividad al puerto de Valparaíso.

"Es absolutamente necesario garantizar la normalidad del puerto, instar al diálogo entre las partes sin avalar la violencia que todos rechazamos. Tal como lo conversamos con las partes la semana recién pasada es fundamental restablecer el diálogo sobre la base de terminar con la violencia y buscar caminos para retomar la confianza en el normal desarrollo y funcionamiento del puerto. Ofrezco desde ya mi disposición a contribuir a generar ese diálogo y ponerme a disposición de los buenos oficios de la Empresa Portuaria de Valparaíso", expresó el parlamentario de RN.

El diputado de Revolución Democrática (RD), Jorge Brito, afirmó que "hoy existe legislación suficiente para exigirle a la EPV que se haga responsable. Eso significa poner al concesionario a conversar con los trabajadores, puesto que la ciudad está pagando el costo de que el concesionario explote a sus trabajadores".

"El plazo que se ha fijado resulta prudente, considerando que, a mi juicio, el conflicto estaba dando señales de agotamiento"

Andrés Celis, Diputado RN"

"Considero valioso que el nuevo presidente reconozca la responsabilidad que le cabe a EPV en esta situación"

Camila Rojas, Diputada Izquierda Autónoma"

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Hemos detectado a cerca de 456 personas viviendo en asentamientos precarios en terrenos fiscal en la región de Valparaíso"

Felipe ward, ministro de Bienes Nacionales