Si algo tiene Pablo Klimpel, el articulado vocero de la movilización portuaria que mantuvo durante más de un mes a todo Chile anonadado por una escalada de violencia sin igual y esa extraña mezcla de intransigencia de los propios actores del conflicto y la enervante pasividad inicial del Gobierno, es la absoluta transparencia que ha mostrado a la hora de explicar los porqués, tanto en la calle, como frente a los micrófonos.

Así, no ha tenido ningún problema en reconocer la "ilegalidad" del movimiento, ni tampoco hacerle el quite a las responsabilidades que tuvieron algunos de los casi 400 eventuales movilizados en los hechos de violencia acaecidos en Valparaíso.

"Si vamos a hablar de violencia, pongamos el concepto en la balanza y hablemos las dos partes en igualdad de condiciones, pero no puede ser homologable lo que nosotros hacemos a la violencia que ha tenido tanto la fuerza policial como la que ha tenido la empresa al ser tan intransigente", argumenta el exestudiante de Sicología de la Universidad Arcis y también chofer ocasional de Uber.

Quizás hoy lo más llamativo no sea la resolución del conflicto portuario, sino lo que pasó exactamente después de que Klimpel, otros dirigentes portuarios, los ministros Nicolás Monckeberg y Gloria Hutt, y el presidente (i) de la EPV, Raimundo Cruzat, dieran por cerrado el largo y desgastante capítulo, cuando el mismo Klimpel anticipó una verdad tan alarmante y luminosa que ha terminado por enceguecer a una sociedad completa.

"Tienen que entender que las protestas, la lucha callejera, la rabia siguen presentes. La movilización no ha parado. Esta es una primera ganancia laboral, pero se vienen cosas más importantes en el futuro", explicó Klimpel, el líder al que nadie vio venir, pero cuya trascendencia y protagonismo sólo eran cosa de tiempo.

Dicho eso (cerrado el conflicto, comprometidos los bonos, las gift cards y capacitaciones), durante la tarde del viernes ardieron neumáticos en la Avenida España (¿a modo de celebración?) y comenzó otra gran marcha encabezada esta vez por estudiantes, sindicatos, minorías y organizaciones sociales por el plan porteño. Menos de veinte minutos después, arreciaron nuevos incidentes, ataques a los bancos, el resplandor de las llamas, el guanaco y el zorrillo de Carabineros, gritos y pintadas contra los principales edificios de calle Esmeralda y Prat, reivindicaciones por el crimen de Camilo Catrillanca, la crisis medioambiental de Quintero y Puchuncaví, resistencia a las AFP, inaceptables amenazas contra el Grupo Von Appen y la inquietante certeza de que Klimpel tiene razón y estos 35 días fueron solo el comienzo.

Existe una deuda, quién puede discutirlo. Pero viene siendo la hora de que el Estado, la sociedad civil, las instituciones y los privados establezcamos límites, responsabilidades y obligaciones para evitar el peor de los mundos, aquel en el cual se vuelve a destruir una ciudad, agarran a patadas al presidente del Tribunal Constitucional en la calle, matan a un mapuche a sangre fría y muy pocos, por no decir nadie, reaccionan a tiempo.