Los campamentos son expresión concreta y dramática de uno de los problemas sociales más graves que afectan a nuestro país. Son expresión de la desesperación de miles de familias que buscan un techo donde cobijarse.
Así surgen esos campamentos, que entregan techo, pero que no entregan dignidad. La falta de soluciones formales e ingresos familiares escasos gatillan esos asentamientos, una realidad en nuestras ciudades. Un catastro del Ministerio de la Vivienda revela que los campamentos en la región han aumentado en un 25%, acogiendo a 11.117 hogares. Del total, 6.066 de ellos se ubican en campamentos de Viña del Mar y 3.089 en Valparaíso. En total, son 182 campamentos, triste récord nacional, cifra incluso superior a la que presenta la Región Metropolitana.
Este hecho puede ser un componente más de la mala situación económica de la región, pero de cualquier modo es positivo conocer la realidad para profundizar en la materia buscando una diagnóstico que mitigue la situación, pues pedir soluciones definitivas sería demasiado.
Las soluciones formales, que suponen inversión pública, no van de la mano con el crecimiento de la población, que se expresa en tomas y los señalados campamentos.
Soluciones de emergencia se convierten, con el paso del tiempo, en definitivas, con la regularización de esos espacios, logrando urbanización básica y hasta títulos de propiedad.
Pero la regularización no elimina los problemas de fondo que implican esos asentamientos con patente de barrio: los terrenos elegidos no son siempre los mejores, la urbanización es costosa y los riesgos son múltiples.
¿Por qué no buscar soluciones habitacionales en lugares de las ciudades de baja utilización y con total urbanización y conectividad? Es el caso, entre muchos, del sector Almendral de Valparaíso, donde residen sólo poco más de 8 mil personas.
Bueno, los terrenos son caros y habría que renovar y construir inyectando fondos públicos. Pero sumando y restando, los costos sería menores que lejanas urbanizaciones, nuevas calles y costosos muros de contención. Si a ello sumamos lo principal, la calidad de vida de las personas, nos damos cuenta que se trata de un "negocio" socialmente redondo.
Ahora, con el catastro de campamentos en la mano, la tarea debe ir más allá de la regularización, explorando posibilidades que están a la vista y que exigen creatividad y una suma de esfuerzos entre el Ministerio de la Vivienda, las municipalidades y el sector privado que, necesariamente, estará presente en nuevas urbanizaciones y también en edificaciones sociales en aquellos espacios urbanos de calidad que permiten densificación en beneficio de los grupos de menores ingresos que hoy buscan soluciones que, finalmente, no son las mejores.