Katherine Escalona M.

A través de un comunicado, el Ministerio Público dio a conocer ayer que el fiscal nacional, Jorge Abbott, rechazó la solicitud que realizó la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) de inhabilitar a la fiscal del Biobío, Marcela Cartagena, persecutora que lidera la investigación por presunta contaminación de gases orgánicos volátiles en Quintero, Puchuncaví y Talcahuano, ocurridas en agosto del año pasado.

En el escrito enviado a los medios, la Fiscalía confirma que Abbott "resolvió no dar lugar a la petición presentada por los abogados Juan Domingo Acosta, Cristián Muga y Rodrigo Ávila para inhabilitar a la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, en la investigación penal por presunta contaminación ambiental de las zonas de Quintero- Puchuncaví".

Los abogados de Enap habían solicitado la inhabilitación de la fiscal Cartagena porque su marido, Álvaro Sepúlveda, es un abogado externo de la empresa estatal y representa a la firma en diferentes causas, lo que habría sido considerado por Enap como una infracción a la ley citada por el Ministerio Público.

La determinación, argumenta el Ministerio Público, "se funda en que no existen antecedentes que den cuenta de que el cónyuge de la fiscal regional, el abogado Álvaro Sepúlveda, sea interviniente y/o tenga patrocinio o poder en la investigación penal referida, según lo establece el artículo 55 N° 2 de la Ley 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público".

El artículo 5, N°2 de la Ley 19.640 da a conocer que es causal de inhabilitación: "Ser el fiscal cónyuge, conviviente civil, o pariente por consanguinidad o afinidad en cualquiera de los grados de la línea recta y en la colateral por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, de alguna de las partes, de sus representantes legales o de sus abogados".

La solicitud realizada por Enap al Ministerio Público fue cuestionada por el diputado Andrés Celis (RN), quien precisó que la petición de la estatal "parece más bien una presión indebida que una petición por transparencia". Celis recalcó que "la resolución de la Fiscalía Nacional deja ver que Jorge Abbott, y sus fiscales no se están dejando amedrentar y espero que así continúe".

Ante esta situación Celis hizo un llamado a la empresa estatal y pidió que ésta "cese su conducta matonesca y permita que continúe la investigación (...). Recordar el parentesco de la fiscal con su propio abogado externo me parece preocupante. Yo me pregunto, qué buscaba Enap con este reclamo, le están diciendo que podrían no contratar más a su marido si ella sigue en el caso".

La fiscal Cartagena asumió el caso de contaminación en Quintero y Puchuncaví por orden del fiscal nacional dada la experiencia que existe en la región del Biobío frente a hechos contaminantes y la experticia de la fiscal Ana Aldana, quien vino a la zona para periciar el caso junto al fiscal de Quintero, Mauricio Dünner.

El 17 de diciembre, Cartagena ordenó el allanamiento de las oficinas de Enap en el Biobío y confirmó que el caso de Quintero y Puchuncaví fue más grave que en Talcahuano. Además, validó la tesis de que el crudo iraní que descargó en Enap en ambas regiones causó las intoxicaciones masivas.

de diciembre, la fiscal ordenó el allanamiento de las oficinas de Enap en la Región del Biobío. 17