Con un 24% de aumento en el número de causas recibidas respecto del año anterior, la Corte de Apelaciones de Valparaíso cerró el 2018 con un ajetreo inusual. De esos 20.132 casos, un total de 9.729 correspondieron a recursos de protección por alzas de planes de isapres, una tendencia que obligó al tribunal a adoptar medidas especiales.

La presidenta de la Corte de Apelaciones porteña, Rosa Herminia Aguirre, afirma que "no se trata de un punto crítico, sino de un reflejo de las preocupaciones de la comunidad que ha requerido de nuestra parte una respuesta acorde con lo que necesitan. De esta manera, la Corte ha enfrentado esta situación a través de la creación de una unidad especializada que se llama Unidad de Protección Isapres (UPI), la que cuenta con un jefe de unidad y funcionarios que están dedicados sólo a la tramitación de los recursos de protección de isapre y, por lo mismo, se ha hecho más expedito y efectivo, porque dicha unidad se dedica exclusivamente a la tramitación de esas causas con plazos acotados".

- ¿Qué cifras manejan?

- Las cifras que maneja nuestra Unidad de Control de Gestión y Coordinación con Tribunales de Primera Instancia, da cuenta de que los recursos de protección conforman el 50% de los recursos ingresados en la Corte con 10.714 registros en el año 2018. De este total, sólo 985 corresponden a recursos de protección generales, lo que significa que el 90% de los recursos de protección son por temas vinculados a isapres.

- El sistema Judicial ha debido enfrentar varios casos emblemáticos en la Región, como los recursos ingresados por el caso Quintero. ¿Cómo siente la preparación de los ministros en este ámbito tan específico como el ambiental?

- Nuestra labor es aplicar la ley e interpretarla, por lo que la especialización que tengamos en materia ambiental, por ejemplo, está vinculada con el conocimiento que tenemos acerca de dicha legislación. En todo caso, los recursos se resuelven en base a los antecedentes que obran en el expediente e informes que son solicitados a la recurrida o recurridos según sean las partes; asimismo, a diferentes organismos e instituciones relacionados con la materia sometida a nuestro conocimiento, como es el caso de los recursos vinculados a los episodios de contaminación en Puchuncaví y Quintero o en cualquier otra materia.

- Pese a ello, un punto relevante en la agenda judicial han sido los fallos en torno a proyectos emblemáticos, a partir de los cuales los gremios industriales han acusado incerteza jurídica. ¿Qué responde a los gremios que acusan incerteza jurídica?

- La función de los tribunales en relación a la materia consultada es resguardar que los órganos de la administración del Estado, que han intervenido en proyectos emblemáticos como los mencionados, hayan obrado con apego a la Constitución y las leyes, de tal manera que ante la existencia de infracciones a la normativa vigente corresponde declararlo, como ha ocurrido en los casos citados, lo que no importa una falta de certeza jurídica, sino sólo el cumplimiento del deber que le ha sido encomendado a la judicatura. Creo que lo que ocurre en estos casos no se refiere a una incerteza, sino que lo que veo es que las partes afectadas en cada uno de ellos no comparten el fallo y advierten que en un caso de resolvió de una manera y en otro de manera diversa o diferente. Esto no es antojadizo, sino que depende de los antecedentes que se logren reunir en cada uno de los casos. No hay que olvidar que cada causa es única, aunque para la comunidad o los usuarios parezca como si fuera la misma materia.

- En ese mismo tema, ¿siente que el Parlamento debería actualizar la legislación en algunos temas, como los permisos de construcción?

- En una sociedad que avanza progresivamente siempre es necesario actualizar los diversos cuerpos normativos que inciden en materias que, particularmente en el último tiempo, han adquirido especial relevancia, como es el caso de los asuntos urbanísticos, ambientales o de similar naturaleza, a fin de asegurar que la normativa vigente guarde la suficiente simetría con las necesidades que demanda la sociedad en estos aspectos, que por su propia naturaleza son complejos a causa de la diversidad de los intereses que confluyen en este tipo de conflictos.

- ¿Cree que ha sido un factor nuevo la intervención de las comunidades organizadas, que comienzan a ingresar recursos contra proyectos emblemáticos, un fenómeno que hace diez años no existía?

- Efectivamente, la comunidad y los gremios están más organizados, asimismo las personas, y esto se debe a que hoy están más informadas y tienen un mayor conocimiento de sus derechos. Un ejemplo de eso son los recursos de protección que se han presentado a diario tanto por personas naturales como por organizaciones que en su mayoría se enfrentan a una problemática común, como es el caso de la contaminación en Quintero y Puchuncaví. Se trata de un fenómeno social que responde a que la gente está más informada y más consciente de sus derechos y cómo puede defenderlos. Los derechos están consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República y creo que ese es un cambio muy positivo. Más allá del trabajo que nos significa, al Poder Judicial le interesa que los usuarios estén informados, que sepan cuáles son sus derechos y cómo defenderlos, porque nuestra labor es darle tranquilidad a la comunidad y garantizar su acceso a la justicia.

- ¿Se sienten con las competencias y herramientas adecuadas? Y si no, ¿qué falta?

- Los ministros contamos con las competencias y herramientas que nuestro cargo requiere. Contamos con vasta experiencia en Derecho y todos los días conocemos de distintas materias y eso nos obliga a estar actualizados en cada uno de los asuntos sometidos a nuestro conocimiento. Un ministro de Corte de Apelaciones llega a serlo tras tener largos años de haber ejercido como juez en diferentes categorías -como juez de comuna, juez de capital de provincia y juez con asiento Corte- lo que significa que ha pasado por tribunales de menor competencia. La nuestra es una carrera profesional para lo cual si desea ascender a ministro, debe postular al concurso que abre la Excelentísima Corte Suprema y para ello se requiere estar calificado en lista sobresaliente y ser juez de asiento Corte con un mínimo de tres años en esa categoría.

- Otro punto clave de este año ha sido el cuestionamiento a instituciones del Estado. ¿Qué responde ante los bajos indicadores de confianza en la Justicia que exponen distintas encuestas?

- El cuestionamiento de la sociedad a las instituciones del Estado es una realidad insoslayable que responde al momento que vive nuestra sociedad, y de la cual no sólo el Poder Judicial sino también las demás instituciones estatales, deben hacerse cargo, asumiendo tanto la existencia de estas deficiencias como el desafío de seguir trabajando para mejorar día a día en las dificultades que se presenten en nuestra labor, y de esa forma devolver esa confianza a la ciudadanía.

- ¿Siente que afectan al trabajo del Poder Judicial los cambios institucionales en Carabineros? ¿Y cree que afectan los cuestionamientos que enfrenta Carabineros en las pruebas recabadas en distintos casos? ¿No le genera incertidumbre ese escenario?

- Los recientes cambios institucionales en Carabineros de Chile, lejos de afectar la labor jurisdiccional de los tribunales de Justicia, deben mirarse como una oportunidad que permita fortalecer tanto el trabajo de la policía de investigación de hechos delictuales, como en las diversas tareas que le han sido encomendadas, pero en caso alguno este escenario puede traer consigo incertidumbre en el ejercicio de la función de nuestros tribunales de Justicia.

"En una sociedad que avanza progresivamente siempre es necesario actualizar los diversos cuerpos normativos (...) como es el caso de los asuntos urbanísticos, ambientales o de similar naturaleza"."

"Ante la existencia de infracciones a la normativa vigente corresponde declararlo, como ha ocurrido en los casos citados, lo que no importa una falta de certeza jurídica, sino sólo el cumplimiento del deber que le ha sido encomendado a la judicatura"."