Magistrados apoyan trabajo de juez de Rapa Nui y precisan que declaración de intendente Martínez fue aventurada
CONFLICTO. La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, María Soledad Piñeiro, recalcó que investigación aclarará las responsabilidades de lo ocurrido en la isla.
La fuerte crítica que emitió el intendente Jorge Martínez en contra del juez titular del Juzgado de Letras de Rapa Nui, Bernardo Toro Villarroel, por no haber tomado las medidas preventivas a raíz de los violentos incidentes que ocurrieron el pasado miércoles en la isla, fue considerada por los magistrados como una "declaración aventurada".
Martínez, quien estuvo en la isla y conformó un comité policial, afirmó en este sentido que "como inconsecuencia de este tribunal (...), los hechos que ocurrieron pudieron haberse evitado", palabras que para la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile (ANM), María Soledad Piñeiro, "se dan en el contexto de su condición de eventual querellante según su propio anuncio".
Sin embargo, precisó que "nos parece aventurado que la autoridad adelante juicios respecto de hechos que son materia de investigación, especialmente en el contexto de medidas de resguardo que se vieron evidentemente sobrepasadas".
Ante la consulta de que si el juez Toro debería haber considerado las recomendaciones que realizó la comunidad y las policías de cambiar la locación para efectuar el control de detención de Juan Alberto Nahoe Hereveri (51), quien sigue internado grave en un hospital de Santiago en calidad de imputado por el homicidio de Luis Alberto Araki Paoa (34) -hecho que gatillo todo el conflicto y la movilización de una turba de más de 600 personas que además quemó tres inmuebles fiscales-, la magistrada dijo que "es complejo construir hipótesis en tal sentido".
De acuerdo a lo manifestado por Piñeiro, la versión del juez "apunta a que lo ocurrido -según la información a su alcance en el momento- no era previsible y volvemos a las condiciones de seguridad tanto al interior como fuera del tribunal. Eso es algo que preocupa y así lo hemos manifestado a la autoridad anteriormente, tras participar en una mesa interinstitucional convocada por el Ministerio de Justicia en el gobierno anterior, de la cual fluyeron diversas recomendaciones a partir de inquietudes de jueces penales y de familia".
- ¿Cree que recae algún tipo de responsabilidad del magistrado, como lo plantea la autoridad regional?
- Me parece que hay una natural inquietud e interés en el esclarecimiento de estos graves y lamentables hechos. Y en ese sentido, será la o las investigaciones las que permitirán determinar qué falló y por qué. Por lo pronto, creemos necesario que se evalúe cómo se están cumpliendo los protocolos a cargo de las instituciones pertinentes para la seguridad de los intervinientes, jueces, secretarios y funcionarios.
Lo ocurrido en Rapa Nui, donde resultaron tres inmuebles fiscales quemados, entre ellos el Juzgado de Letras y Garantía de la isla, da cuenta, en opinión de los magistrados, de una situación de falta de seguridad en los tribunales, pese a que el alcalde de la isla, Pedro Edmunds Paoa, lo calificó como un hecho puntual.
A través de una declaración pública, la Asociación Nacional de Magistrados de Chile repudió lo ocurrido y solidarizó con el magistrado Bernardo Toro y el secretario Jacobo Hey de Isla de Pascua, "así como con todos quienes se vieron expuestos al peligro generado por la acción de quienes irrumpieron en el recinto".
Lo ocurrido, declararon, "no es un hecho aislado. Las condiciones de inseguridad en los tribunales de Garantía, Orales en lo Penal, de Familia y otros han sido reiteradamente denunciadas por los jueces y las medidas adoptadas para neutralizarlas son y siguen siendo insuficientes para una protección eficaz de todos quienes intervienen en el contexto en que se realizan dichas jurisdicciones".
Acusaron que tras lo ocurrido en Rapa Nui "una vez más demandamos la revisión crítica de la infraestructura disponible, de los procedimientos de seguridad, el reforzamiento urgente de las medidas y la provisión adecuada -en número y competencias idóneas- del personal de Gendarmería en todos los tribunales con competencia penal y otros que pudieren presentar similares situaciones en el país", lo que debe ser trabajado en conjunto con los jueces y trabajadores del servicio judicial.
Cabe consignar que hoy viajará a Rapa Nui una delegación del Poder Judicial, encabezada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Alejandro García y el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, para ver los daños del Juzgado de Letras y Garantía y restablecer los procesos penales en el lugar.
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, dijo que "creemos muy importante la presencia de esta delegación (...), que representa el interés de todo el Poder Judicial por apoyar al juez, secretario y a los funcionarios del tribunal afectado por este episodio de violencia, pero especialmente para colaborar en la mantención de la administración de justicia".
En tanto, Ricardo Guzmán aclaró, también, que "hemos dispuesto del traslado de especialistas de Departamento de Infraestructura, Informática y Recursos Humanos, además del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Alejandro García, en un vuelo especial de la Fuerza Aérea".
" Nos parece aventurado que la autoridad adelante juicios respecto de hechos que son materia de investigación, especialmente en el contexto de medidas de resguardo"
María Soledad Piñeiro, Presidenta de la Asociación Nacional, de Magistrados de Chile"
Intendente despacha informe al Ministerio del Interior
Tras regresar desde Rapa Nui, una de las primeras acciones que llevó a cabo el intendente, Jorge Martínez, fue despachar un informe al Ministerio del Interior sobre la situación en la isla tras incidentes.
Así lo confirmó el jefe regional a este Diario, consignando, a su vez, que en su visita al territorio insular constató que la población tomó conciencia de la gravedad de los hechos acaecidos esta semana. "La comunidad rapanui empezó a evaluar lo que ocurrió después de los hechos, a dimensionarlos y a sentir una profunda vergüenza porque ocurrió algo que nunca debió ocurrir", aseveró.
Acerca de la mesa policial, Martínez destacó que ella permitió "tener un análisis pormenorizado de los hechos, desde los primeros hasta los últimos en un episodio muy complejo", valorando, además, que los actores participantes en la instancia saben el papel que deben cumplir.
"El mensaje que le fuimos a dar del Estado de derecho, el control del orden público y la seguridad de todas las personas, eso lo tienen más claro que nunca", puntualizó.