Caso intoxicados: piden a Corte tomar decisiones que el Estado ha postergado
QUINTERO - PUCHUNCAVÍ. La Tercera Sala del tribunal de alzada porteño comenzó la revisión de los alegatos por 12 recursos de protección dada la polución de agosto y septiembre del año pasado.
Una intensa jornada vivió ayer la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, cuyos integrantes escucharon atentamente a los abogados representantes de varios recursos de protección reunidos en una misma causa y presentados luego de los episodios de intoxicaciones masivas que vivieron las comunas de Quintero y Puchuncaví en agosto y septiembre del año pasado.
Un total de ocho abogados recurrentes expusieron ayer sus argumentos ante el tribunal de alzada porteño, el que debe definir sobre el fondo de los recursos, que apuntan a distintos tipos de responsabilidades por los incidentes de contaminación que, en total, afectaron a más de 1.700 personas.
Por 15 minutos cada uno de ellos pudo presentar sus argumentos y dar cuenta, según consta en los recursos interpuestos, de la eventual vulneración de derechos que han sufrido las comunidades de ambas comunas en los últimos 25 años debido a la contaminación ambiental.
Para los abogados, el proceso que se inició ayer es clave, ya que permitirá a la Corte de Apelaciones de Valparaíso marcar un precedente al tomar decisiones que el Estado ha postergado por años. Así lo dio a conocer la abogada Josefina Correa, quien representa a una madre que interpuso el recurso para la protección de sus tres hijos.
Correa afirmó que "no es la primera vez que la Corte tiene la oportunidad de tomar medidas concretas respecto de lo que está haciendo el Estado y las empresas en la zona. El rol que ha tenido el Estado no ha sido suficiente y porque cuando la administración del Estado, en término del ejecutivo y sus distintos servicios no da cuenta de eso, es precisamente la Corte quien tiene que convidar al Estado a hacerse cargo. Hay una oportunidad histórica de la Corte de Apelaciones de tomar las decisiones".
La abogada explicó que lo vivido el año pasado fue un episodio más de muchos que han ocurrido en la zona, que constantemente se ve expuesta a diversas situaciones contaminantes. Ante esto, precisó que "es hora ya, cuando no ha funcionado nada, que sea la Corte la que se manifieste y sea determinante en torno a defender las vulneraciones que están ocurriendo en este minuto, porque la situación es permanente. Hay varamientos de carbón, de petróleo, esto es permanente".
Alejandra Donoso, abogada y quien representa a más de 200 personas por los episodios contaminantes, recalcó que "se pudo observar un relato completo sobre la situación de la bahía que da cuenta de un abandono por parte por parte del estado por 50 años, una afectación a los derechos fundamentales de las personas y todas estás vulneraciones a propósito de un complejo industrial exagerado y desmedido desde cualquier punto de vista, bajo la mirada pasiva del Estado".
A través de la exposición de los alegatos, Donoso acotó que "pudimos dar cuenta de la gravedad, de la magnitud de la situación. Yo espero que la Corte de Apelaciones esté a la altura. Está claro, no hay ninguna duda de la gravedad de la situación, del riesgo al cual se ha sometido la población y que se necesitan medidas urgentes".
En la jornada de ayer expusieron una parte de los abogados que representan los doce recursos de protección que fueron interpuestos en el tribunal de alzada y que se agrupan en una sola causa caratulada "Francisco Chahuán Chahuán contra Empresa Nacional De Petróleos, Enap S.A".
Los dos recurrentes ausentes, según informaron los juristas, fueron los abogados que representan a las municipalidades de Quintero y Puchuncaví, quienes no concurrieron a presentar su alegatos, pese a que presentaron recursos contra Enap por los hechos contaminantes ocurridos los días 21 y 23 de agosto del 2018.
Sin embargo, por el número de intervinientes, según informaron los abogados consultados, los alegatos se podrían extender hasta el viernes. Hoy se presentarían los abogados representantes de los diversos órganos del Estado emplazados en los recursos como, exponen, no tomar las medidas para resguardar a la población.
El petitorio de los recurrentes que se presentaron ayer va en relación a que la Corte no permita una mayor vulneración de derechos y en relación a esto solicita la paralización del complejo industrial hasta saber cuáles son los gases que afectaron a la población; tener información sobre cuáles fueron esos contaminantes; la revisión de los proyectos nuevos y antiguos que están en el complejo industrial; la unificación de normas con las recomendadas por la Organización Mundial de Salud (OMS) y un seguimiento del estado de salud de las personas. De no estar satisfechos por la decisión de la Corte porteña, los abogados confirmaron que acudieran a la Suprema.
En forma paralela a la tramitación en la Corte de Apelaciones de los 12 recursos de protección interpuestos por los episodios contaminantes, el Ministerio Público inició una investigación para determinar la eventual existencia de delitos, así como responsables, en los incidentes.
Luego de varios meses de trabajo, el fiscal nacional Jorge Abbott decidió que las indagatorias quedaran a cargo de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, quien investigaba una situación similar ocurrida en Talcahuano. En diciembre del año pasado, la fiscal Cartagena confirmó que ambos episodios correspondieron a problemas en el trasvasije de petróleo iraní, uno de cuyos componentes habría provocado las masivas intoxicaciones.
"La Fiscalía tiene certeza de que los olores o los gases que se desprendieron proceden todos del crudo iraní que traía el (buque) Monte Toledo", dijo la persecutora, quien aún no solicita la formalización de un responsable por los hechos.
Indagatorias medioambientales
Independiente de la tramitación que realiza la Corte porteña de los recursos de protección y de la investigación a cargo del Ministerio Público, la Superintendencia de Medio Ambiente levantó procesos sancionatorios contra algunas de las empresas del parque industrial de Quintero y Puchuncaví, tras los incidentes ocurridos en agosto del año pasado. Aunque en varios casos, dichos procesos corresponden a incumplimientos que no están vinculados directamente con los episodios, la Superintendencia sí estimó que habría responsabilidad de la empresa Enap, a través de su terminal marítimo en Quintero, por las intoxicaciones masivas. Sin embargo, dicha suposición fue rechazada por la estatal que ya presentó sus descargos.
"Es precisamente la Corte quien tiene que convidar al Estado a hacerse cargo. Hay una oportunidad histórica de la Corte de Apelaciones de tomar las decisiones"
Josefina Correa, Abogada"
"Yo espero que la Corte de Apelaciones esté a la altura, está claro, no hay ninguna duda de la gravedad de la situación, del riesgo"
Alejandra Donoso, Abogada"
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Este va a ser un espacio paras que los visitantes desarrollen toda su creatividad, toda su imaginación...para que sean ciudadanos culturales"
consuelo valdés, ministra de las Culturas, sobre nuevo Centro de Creación de La Ligua