Pamela Boltei

Tras más de dos años de litigio y pocas esperanzas de recuperar parte del dinero perdido en un mal negocio, hace unas semanas tanto los querellantes como la defensa de Carlos Marín Orrego -expresidente de la Bolsa de Valparaíso investigado por estafa reiterada, infracción al artículo 39 de la Ley General de Bancos y contrato simulado-, acordaron nombrar al abogado, exsíndico de quiebra e integrante de la Corte Suprema Ricardo Abuauad como liquidador de sus bienes.

La decisión, que se estudiaba desde noviembre pasado, surgió como idea luego de conocer el poder irrevocable que Marín Orrego entregó tanto al fiscal nacional Jorge Abbott, como al adjunto Claudio Rebeco, para que se vendan sus bienes y se pague a las víctimas.

Un extracto del mandato dice que "cualquiera de ellos, actuando en forma indistinta y previo al alzamiento de las incautaciones y medidas cautelares reales que afectan a algunos de ellos, vendan, cedan y enajenen en cualquier forma todos y cada uno de los bienes, acciones y derechos individualizados (...) para que con la totalidad del producto de esas ventas, cesiones y enajenaciones, después de pagados los gastos propios de esas operaciones, reparen total o parcialmente y en la forma y en los montos que lo estimen conveniente, los perjuicios". A su vez se estipuló que "este mandato no se extinguirá con la muerte del mandante, ya que se otorga para ser ejecutado también después de su fallecimiento".

Pese a este ofrecimiento, los fiscales declinaron ser parte de dicha maniobra. En esa oportunidad, a mediados del año pasado, el fiscal Rebeco declaró que el mandato "es un acto unilateral, pero debo decir, categóricamente, que no se tomó en consideración de manera previa la voluntad ni del fiscal nacional ni de este fiscal en orden a aceptar tal encargo", y mandó a evaluar la legalidad de dicho documento.

Rebeco, al ser consultado nuevamente, ratificó la decisión del Ministerio Público: "Es absolutamente ajeno al rol institucional que cumplimos, se rechazó ese mandato, fue un despropósito y así se lo dije tanto al defensor como al propio Carlos Marín Orrego".

El Ministerio Público presentó la acusación por los delitos de estafa reiterada, apropiación indebida, infracción a la ley general de bancos y otorgamiento de contrato simulado contra Carlos Marín Orrego, Rodrigo Marín, Caroline Roubik y Mario Zúñiga a fines de diciembre.

Esta semana estaba fijada la audiencia de preparación del juicio oral, pero los querellantes solicitaron su aplazamiento justamente para poder cerrar el trato con el liquidador.

El abogado querellante Juan Carlos Manríquez contó que "el Ministerio Público ha afinado con bastante precisión los montos del perjuicio en cada caso. En eso la defensa del señor Marín ha sido activa. Por otro lado, el tribunal ha reprogramado las audiencias de preparación de juicio oral, esto es la filtración de las pruebas que se ofrecen y las que van a ser rendidas en un eventual juicio oral".

Agregó que esto fue "porque de común acuerdo las víctimas con las defensas se ha recurrido al mecanismo de designar un liquidador que será el señor Ricardo Abuauad Dagach, reconocido abogado, integrante de la Corte Suprema, árbitro y liquidador de comercio, para que se haga cargo de los bienes que le quedan al señor Marín Orrego, pueda disponer de ellos al mejor precio y así ir en auxilio directo de las víctimas de los hechos que se investigaron".

Abuauad, quien también es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, del Centro de Arbitraje de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros (AIDA-Santiago de Chile) y de los P&I Clubs (Clubes de Protección e Indemnización-Juicios Marítimos), detalló que las conversaciones comenzaron en noviembre y que el 28 de diciembre se reunieron las partes para acordar su participación. Esta semana la defensa de Marín Orrego estuvo analizando el borrador de un nuevo mandato que el imputado entregaría, esta vez, al integrante de la Corte Suprema, para comenzar cuanto antes con la venta de bienes.

"Un grupo de acreedores víctimas de Carlos Marín se me acercó para pedirme si podía tomar el rol de liquidador de los bienes que él había entregado al fiscal nacional y a un fiscal de Valparaíso, quienes no podían aceptar ese encargo", comentó Ricardo Abuauad

Añadió que "los abogados de Carlos Marín Orrego habían hablado con ellos para vender los bienes de común acuerdo y repartir entre las víctimas de acuerdo a la proporción que les corresponda, y en virtud que yo manejaba un poco el tema de la administración de bienes y tenía la calidad de árbitro partidor y otras cosas, dijeron podían confiar plenamente en mí".

Fueron a verme, y el abogado de Carlos Marín me mostró el mandato que le dieron a los fiscales y quedaron de hacerme uno igual a mí. Hace unos días atrás discutimos un borrador de ese mandato y me da la impresión de que lo va a firmar pronto", sostuvo.

La idea es que Abuauad venda los bienes y pague tanto a las víctimas como las hipotecas pendientes. Lo que se busca vender son una casa en el sector conocido como Los Ositos, Reñaca; un departamento en el edificio GrecoMar, Reñaca; unos locales comerciales del centro de Viña del Mar; una propiedad en Rapel, y derechos en distintas sociedades. Abuauad dice que la propiedad que estaba en Santiago fue vendida.

El fiscal Rebeco advirtió que "algunos de los bienes mantenían deudas con acreedores preferentes como bancos, acreedores hipotecarios, y también han surgido otros acreedores preferentes que son algunos trabajadores de la corredora". Por lo que estimó que "el pozo para pagar va a disminuir. Calculando, el remanente alcanzaría a cubrir un 30% de la deuda de las víctimas y eso va a depender de los valores que se obtengan en los remates".

Para Abuauad, una vez recibida la firma de Marín Orrego, el proceso de pago de las víctimas podría resolverse este año. Siempre que el Tribunal de Garantía de Viña del Mar, que tiene en su poder varias de las propiedades y bienes del expresidente de la Bolsa de Valparaíso, libere las medidas precautorias.

"Si me dan el mandato yo tengo que trabajar con los bancos, que probablemente tengan acreencias, si es que hay embargos hay que ver el alzamiento, el pago de los acreedores embargados; hay que tasar los bienes para estar seguros de lo que estamos vendiendo y ofrecerlos en venta, eso es un periodo de tres a cuatro meses. Yo creo que este año se pueden resarcir las deudas. Ellos quieren hacer esto para que haya una especie de quiebra o liquidación, como pasó en el caso Serrano, porque es más engorroso", manifestó.

"Por otro lado, el juez penal ya tiene embargados los bienes con una precautoria de no vender. Eso es súper importante. Entonces las operaciones las tengo que hacer solicitando la autorización al juez, y puede demorarse una fortuna el proceso penal, pero cuando se vayan a rematar puede ser muy tarde. Por eso hay que ir viendo cómo se maneja esto con el Juzgado de Garantía y el fiscal", acotó.

Claudia Soto, una de las víctimas, señaló que "no creo que la venta sea tan rápida. Para poder optar a precios buenos hay que esperar un tiempo y ver si alguien se interesa, algunos ya saben los problemas de este caballero entonces, quizás, no van a querer meterse ahí. Así que espero que se demoren unos dos años... entre no tener nada y esperar un tiempo más ¿qué se puede hacer? Ya hemos perdido dos años (...) si llega a salir algo, bien, tenemos la esperanza de recuperar algo".

"Por lo que nos dijeron, se podría recuperar más de un 50% por las deudas que él tenía en cuanto al total y con lo que podía sacarle a los bienes... No es malo, porque nos habían dicho que podía ser el 30% y hasta el 20%", añadió.

Juan Carlos Manríquez, por otra parte, señaló que se está explorando la posibilidad de un juicio abreviado. Solicitud "requerida por la defensa del señor Marín. Si esa posibilidad no procede, se preparará el juicio para ir a juicio oral. Esperamos que eso esté resuelto dentro de lo que resta de febrero y los primeros días de marzo, para poder fijar audiencias sucesivas y terminar de una vez con este complejo y doloroso asunto".

En ese sentido, Rebeco admitió que "podría ocurrir que algunos casos en los que se advierta menor intervención en el delito salgan por la vía del procedimiento abreviado. Los otros casos debieran ir a juicio oral".

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