Le dicen el "juicio del siglo": una docena de secesionistas catalanes responden ante la Corte Suprema de España a cargos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos, en un proceso que puede arrojar luz sobre el sistema judicial español, determinar el futuro del movimiento independentista catalán y marcar la política española por años. El proceso comenzó ayer y duraría al menos tres meses.

Las acusaciones derivan de un referendo ilegal realizado el 1 de octubre del 2017 en el que se preguntó a los catalanes si querían independizarse del resto de España. La consulta se llevó a cabo a pesar de que el Tribunal Constitucional la había declarado ilegal. Además de ser ilegal, por inconstitucional, participaron mayoritariamente sólo los catalanes que apoyan el secesionismo.

Legisladores independentistas tomaron la auto-declarada victoria en el referendo para proclamar de forma unilateral la independencia de la región 26 días después, pero no recibieron reconocimiento internacional alguno. En cuestión de horas, el entonces Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, disolvió el Parlamento catalán, destituyó al presidente de la región y a su gabinete y dio al gobierno central el control de la comunidad autónoma.

El presidente regional, Carles Puigdemont, escapó de España junto con otros políticos de su sector y reapareció en Bruselas el 31 de octubre. Puigdemont evitó ser extraditado tras su arresto en Alemania cuando un tribunal se pronunció en contra de devolverlo a España para que enfrente cargos de rebelión. Otros nueve líderes separatistas que permanecieron en España y acataron un llamado a declarar fueron detenidos por estimarse que podrían escapar. Tres más están en libertad condicional y más de una docena permanecen investigados o serán juzgados por tribunales inferiores.

El juicio es producto de una crisis política que se remonta a un pronunciamiento previo de un tribunal español. Cataluña es una de las regiones más ricas de España y tiene amplios poderes de autogobierno. Pero el Tribunal Constitucional español anuló, en 2010, parte de un nuevo estatuto regional, incluido el preámbulo, que hablaba de una "nación" catalana. El fallo hizo que aumentase el apoyo a los separatistas.

En noviembre de 2015, legisladores catalanes separatistas aprobaron iniciar un proceso de secesión y decidieron ignorar cualquier otra decisión adversa de tribunales españoles. Desencadenaron la crisis política más grave en décadas menos de dos años después, al aprobar dos leyes que despejaban el camino para la declaración de la independencia si era aprobada en un referendo que fue declarado ilegal por el Gobierno central de España.

La lista de imputados incluye al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlamento regional catalán Carme Forcadell. A ellos se suman otros seis hombres y dos mujeres del gabinete regional catalán.

Junqueras podría ser condenado a 25 años de cárcel por rebelión. Cuixart, Sánchez y Forcadell enfrentan condenas de hasta 17 años. Algunos imputados están acusados solo de desobediencia civil. Los antiguos miembros del gabinete arriesgan, asimismo, posibles multas si se les halla culpables de malversar los fondos públicos usados en el referendo.

Rajoy es uno de los más de 500 testigos que declararán.

Uno de los aspectos centrales del juicio es si los separatistas apelaron o no a la violencia en sus esfuerzos secesionistas. Sin violencia, no hay rebelión.

Los abogados del Estado sostienen que hubo violencia cuando los acusados alentaron supuestamente a los manifestantes a que destruyesen vehículos policiales e impidiesen que la policía saliese de un edificio gubernamental en Barcelona, en redadas previas al referendo. Aducen también que varios policías fueron heridos al enfrentar a votantes.

Los abogados de los imputados dirán que los votantes fueron víctimas de la violencia policial, no los agresores.

Afamado historiador británico: los líderes actuales son "excepcionalmente malos"

Muchas veces los analistas afirman que el mundo afronta hoy una falta de liderazgo que propicia la confusión y las contradicciones actuales. Sin embargo, para el historiador británico sir Lawrence Freedman, el problema no es tanto ese, como sí que los líderes actuales "son excepcionalmente malos".

En entrevista con EFE por la reciente publicación en español de su libro "La guerra futura. Un estudio sobre el pasado y el presente" (Crítica), Freedman, catedrático emérito en el King's College de Londres y considerado el mayor experto actual en estudios de estrategia, pone al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como paradigma de su aserto.

En esta línea, dice: "Puede que no todo el legado que deje Trump en el ámbito internacional sea malo, pero su actitud respecto de la verdad, la democracia y las alianzas" que tiene suscritas su país "ha socavado la vida política de Occidente".

Freedman sostiene que Estados Unidos sigue siendo la gran superpotencia militar del mundo; lo que cabe preguntarse, como apunta en su libro, es "si (...) desempeñará, y en qué medida, un papel determinante en los futuros conflictos".

"Esto depende, en gran medida, de quién esté luchando contra quién, más que de la causa de la lucha o dónde se lleva a cabo. En un conflicto cercano al territorio chino o a las fronteras de Rusia, ciertas ventajas pueden no ser tan decisivas", subraya el experto.

En este sentido, plantea: "En una guerra, la fuerza no se mide solo por las capacidades militares, sino también por la calidad de la diplomacia y la habilidad de adquirir aliados, así como por las reservas económicas y el nivel de apoyo de la opinión pública".

Por ello, Freedman se pregunta en su libro si EE.UU. "seguirá gozando de una posición militar tan claramente predominante como hasta ahora", pero recalca que no ha medido fuerzas directamente con sus dos grandes rivales en todos los ámbitos, Rusia y China. "Rusia podría constituir un peligro grave", mientras no se aleje mucho de su territorio, "pero su debilidad económica le impide crecer" y convertirse en una potencia aun mayor.

son los acusados, como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, quien arriesga 25 años de cárcel. 12

páginas tiene su último libro, "La guerra futura. Un estudio sobre el pasado y el presente". Está en español. 592

un referendo preguntó a los catalanes si querían independizarse. El TC español lo había declarado ilegal. 2017