"No se trata de establecer recursos per se o porque sí, sino que con sentido de responsabilidad fiscal"
En tierra derecha entró la elección de gobernadores regionales, fijada para octubre de 2020, luego que el Gobierno cumpliera con enviar a la Contraloría los decretos con las primeras 15 competencias que tendrán las nuevas autoridades, las que en una etapa inicial serán estrenadas por los actuales intendentes a partir del próximo año.
"Este es el inicio de un proceso profundo de descentralización y es el cambio más importante de los últimos 40 años en la administración interior del Estado", reconoció el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Felipe Salaberry.
- Pese al plazo que existía, ¿el envío de las competencias es una forma de hacerle frente a quienes criticaban el proceso?
- Creo que esas han sido más bien críticas infundadas, algunas con un grado de desconocimiento en los procesos. El Presidente mostró y ha mostrado desde el minuto uno el profundo compromiso con la descentralización, con entregarle más atribuciones, responsabilidades y recursos a los Gobiernos Regionales (Gores) y también a los municipales, pero con una exigencia que nosotros la hacemos carne y que le damos sentido en este proceso, que es una mayor transparencia y vigilancia en el uso de los recursos públicos.
- ¿Cuál fue el criterio que adoptaron para transferir estas y no otras competencias?
- Tal como lo indica la ley, nos encontramos en un periodo de transición donde se señala expresamente cuáles son los ministerios que en la primera etapa el Presidente puede transferir. Por eso, a los pocos días de asumir en el Gobierno se comenzó a desarrollar un trabajo con los Gores y los funcionarios regionales para identificar aquellas competencias posibles de transferir en este periodo, y que permitiera hacerlo de manera gradual hasta por dos años. Con esto, al término de ese plazo vamos a poder evaluar, ajustar y ver si efectivamente estas competencias son las que la región requiere, porque se puede dar que en una región una competencia se aplique mejor que en otra.
- ¿Las 15 facultades fueron consensuadas con las regiones?
- Efectivamente. En ese proceso nos reunimos con 2.200 funcionarios regionales y municipales, autoridades, creamos mesas de trabajo con la bancada regionalista, y eso nos permitió procesar, compartir y recibir sugerencias y propuestas para identificar las competencias que desde las propias regiones se detectaron. Ahora, sin perjuicio de ello, este proceso es bastante continuo, y por lo tanto se requiere seguir con mucho trabajo, dedicación y participación para que las competencias que se vayan transfiriendo sean las que los Gores necesitan y estén los recursos y la disponibilidad.
- ¿Por qué se decidió transferir las primeras competencias de manera transitoria y por dos años?
- Ese fue un criterio nuestro pero a propósito de lo que permite la ley, la que señala que hasta por dos años podemos transferir competencias de carácter temporal para que al finalizar ese periodo sean evaluadas. Efectivamente podrían haber sido de carácter permanente, pero no existe en la ley un mecanismo de evaluación y eventualmente de renuncia, que son las cosas que tenemos que ir evaluando y mejorando.
- ¿Entonces existe la posibilidad de transferir más competencias en el corto o mediano plazo?
- Hemos señalado que estas son las primeras 15. Este es un proceso continuo y permanente que lo iremos identificando con los Gores. Para eso hemos establecido una unidad de descentralización con Interior y la Segpres, y si desde los Gores o los ministerios solicitan eventualmente otras competencias, evidentemente lo vamos a hacer durante todo el 2019.
- ¿Cuándo y de qué manera se ejecutarán las nuevas facultades?
- Las competencias formalmente van a ser transferidas en 2020, siendo ejecutadas por los actuales intendentes, y en 2021 por las autoridades electas. Está definido que se transfieran para ser ejecutadas en los Gores en ambos años, y hacer los ajustes necesarios antes de que la ley esté formalmente en ejercicio, en marzo de 2022.
- ¿A juicio de ustedes estas facultades le entregan una autonomía real a los futuros gobernadores?
- Es que la autonomía está bien definida en la ley, que señala expresamente cuáles son las atribuciones del gobernador regional, como es presidir el Consejo Regional, administrar el presupuesto, ser el jefe directo de los servicios; y también fija las del delegado presidencial, que son más bien limitadas al orden interno y a la jefatura de las policías. Lo que va haciendo este proceso de transición es darle robustez e institucionalidad a lo que ya la propia ley en materia de sus atribuciones autónomas indica.
- ¿El paso siguiente es el envío de la Ley de Rentas Regionales?
- Lo ha dicho el propio Presidente. En estas cuatro mesas que el Gobierno instaló con las bancadas regionalistas, una de ellas tenía que ver con responsabilidad fiscal. Y se ha avanzado en un proceso de una ley que permita establecer ciertos parámetros en materia de rentas regionales, que le compete a Hacienda, y resolver en qué momento el Presidente envía el proyecto, sin perjuicio de que él ha señalado que será durante 2019. Pero lo que queremos es que tenga una impronta de responsabilidad fiscal. Aquí no se trata de establecer recursos per se o porque sí a los Gores, sino que tiene que ir acompañado de un profundo sentido de transparencia y buen manejo de recursos.
- ¿El Gobierno ha definido su postura en cuanto a si es indispensable o no que esta ley esté aprobada antes de que los gobernadores regionales asuman en sus cargos?
- Es un análisis que está haciendo el Presidente con Hacienda.
- Hay una solicitud para que la ley sea incorporada a la discusión de la Reforma Tributaria...
- He dicho, como opinión personal, que independiente de que vaya en paralelo a la Reforma Tributaria, creo que necesariamente -dada su naturaleza- es mejor que la discusión vaya por carriles separados.
- ¿Con esto queda zanjado que el Gobierno no patrocinará un cambio en la fecha de la elección?
- Así lo señalamos. Tenemos un profundo compromiso con el proceso. No hay ningún temor a la participación ciudadana. Por el contrario, hemos dicho que los procesos electorales son un motor de desarrollo y de cambio que moviliza y compromete a la ciudadanía.
"Lo que va haciendo este proceso de transición es darle robustez e institucionalidad a lo que ya la propia ley en materia de sus atribuciones autónomas indica""
"Las competencias formalmente van a ser transferidas en 2020, siendo ejecutadas por los actuales intendentes, y en 2021 por las autoridades electas""
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Las actitudes de riesgo que se ven en las playas, prácticamente son las mismas de siempre. Queremos evitar sucesos con resultado de muerte".
Daniel González, capitán de Puerto Valparaíso