La aplicación de entregas a domicilio Rappi Chile aumentó un 200% sus entregas en la región de Valparaíso en los últimos meses. Esta plataforma de origen colombiano llegó a la zona abarcando la ciudad de Viña del Mar, Reñaca y Concón en septiembre del año pasado.

Por ello, para este año la plataforma tiene planes de expansión a Valparaíso. El gerente general de Rappi Chile, Isaac Cañas, explicó que la empresa entrega un servicio "multivertical" con el objetivo de hacerse cargo de las necesidades que tengan los usuarios. "Nuestra propuesta es muy potente; nosotros queremos satisfacer todos los aspectos posible que tenga el usuario, ya que entregamos distintos servicios, que especialmente se basan en el ahorro de tiempo del cliente".

Además de disponer la venta y delivery de un producto, la marca busca dar comodidad y confianza a sus usuarios. "Tenemos 4 servicios, que son Rappi pay, Rappi favor, Rappi antojo y Rappi cash; que va desde la compra de un producto hasta realizar trámites personales, como es ir a sacar plata a un banco y entregarlo a un destino", comentó Cañas.

Alexis Paredes R.

Hasta el próximo jueves tienen plazo los consejeros regionales (cores) aludidos en el preinforme de Contraloría Regional, que contiene una serie de observaciones a los pagos recibidos por parte del Gobierno Regional (Gore) por concepto de alojamiento y alimentación, así como de pasajes o reembolsos de gastos de traslado.

La auditoría y examen de cuentas realizado por el órgano contralor a los desembolsos incurridos por el Gore entre el 1 de enero de 2017 y 30 de junio de 2018, dio cuenta, en forma preliminar, de una serie de anomalías en la entrega de recursos públicos. Precisamente dichas observaciones deberán ser contestadas por los consejeros aludidos en la auditoría.

En el periodo auditado se registraron gastos por $ 220 millones por dichos conceptos, de lo cuales Contraloría analizó el gasto por $ 78 millones, equivalente al 35.84% de los montos utilizados. Las partidas analizadas corresponden a pagos realizados a siete consejeros, de los cuales cuatro se mantienen en ejercicio: Percy Marín, Manuel Millones, Roy Crichton y Mauricio Araneda.

Los excores indagados corresponden a los pagos realizados a Carlos Briceño, Samuel Venegas y Reinaldo Barriga.

Las principales anomalías detectadas según el preinforme apuntan a "irregularidades en la residencia habitual informada", producto de lo cual el presidente del Core, Percy Marín, y el exconsejero, Carlos Briceño, actual asesor del intendente Jorge Martínez, recibieron millonarias sumas por concepto de gastos de alimentación y alojamiento, al dar cuenta de domicilios en las comunas de San Esteban y Quintero, respectivamente, lo que no pudo ser corroborado por los fiscalizadores al momento de visitar dichos inmuebles.

Fijar residencia en dichas localidades les habría permitido recibir "pagos improcedentes" al tener que desplazarse a una ciudad (Valparaíso, sede del Core) ubicada en una zona distinta al de su domicilio.

En el caso del UDI Carlos Briceño, quien finalmente tendría domicilio en Viña del Mar, recibió casi $6 millones por concepto de gastos de alimentación y alojamiento, entre ellos un millón y medio por reembolso de combustible por asistencia a sesiones plenarias, comisiones y a cometidos desarrollados en Valparaíso.

Para el caso de Marín, el preinforme sostiene que "no fue posible verificar su residencia habitual durante el periodo fiscalizado; no habría sido la que el personero informó al Gore en su oportunidad, por lo que no estaría acreditada la legalidad de los pagos recibidos", que alcanzan los 9 millones 500 mil pesos, de los cuales 3 millones y medio son por combustible para su asistencia a las sesiones.

Respecto a las observaciones de Contraloría, Percy Marín argumentó que "estoy preparando mi contestación, que contiene los elementos que, en el mérito real, desestiman todas y cada una de las observaciones que hace la Contraloría respecto a mi persona".

Otro de los mencionados en el preinforme es el core Mauricio Araneda (UDI), en relación a "gastos insuficientemente acreditados" por un total de $504 mil durante el periodo examinado, por gastos de traslado incurridos en el marco de distintos cometidos. El preinforme cuestiona vales de taxis sin ruta conocida; también gastos en pasajes aéreos por $428 mil (viajes a la Región del Biobío y Antofagasta), sin que se hayan acreditado dichos gastos. También se cuestionan viajes a las ciudades de Iquique y La Serena en mayo y enero pasado, por el pago de viáticos y pasajes.

Otro de los mencionados en el preinforme es el core Manuel Millones (UDI), por el pago de un viático por $260 mil por su participación en la "Expo Coquimbo 2017", en cuyo registro de asistentes no aparece. Trascendió que a la fecha aún no es notificado ante una eventual anomalía en la materia.

En forma paralela, las comisiones de Régimen Interior y de Fiscalización analizan la conformación de una comisión investigadora a objeto de "determinar las responsabilidades de quienes tuvieron a disposición este preinforme que termina en manos de la prensa, teniendo un carácter de reservado", detalló el presidente del Core. Marín insistió que el preinforme "contiene apreciaciones que hay que subsanar, en caso que se pudieran, que no constituyen el informe final. El Consejo Regional, de manera transversal y unánime, aprobó la idea de conformar una comisión investigadora, para que se esclarezcan y determinen las responsabilidades de quienes tuvieron a disposición este instrumento y lo entregan tendenciosamente a los medios de comunicación para causar menoscabo y lesión a la honra de las personas".

"Estoy preparando mi contestación que desestima todas y cada una de las observaciones que realiza Contraloría"

Percy Marín, Consejero regional"

En la Comisión de Régimen Interior del Consejo Regional (Core), que tuvo lugar la jornada de ayer, se deslizó la posibilidad de "invitar" al contralor regional, Víctor Hugo Merino, a una de las sesiones del cuerpo colegiado.

El presidente de la comisión, el RN por Petorca, Christian Macaya, detalló que "se deslizó la posibilidad de invitar al contralor, principalmente para exponer ciertas cuestiones que son relevantes que el contralor las tenga en consideración al momento de poder aplicar su criterio y, poder también, ir moldeando una jurisprudencia administrativa en torno al trato de los consejeros respecto a las materias que hoy están cuestionadas, como viáticos, reembolsos, etc.".

Sobre el desorden administrativo detectado por Contraloría respecto al procedimiento para el pago de viáticos, reembolsos, respaldo de los mismos y los elevados gastos que realiza el Gore para el traslado de los consejeros desde sus lugares de residencia, Macaya aseveró que el ejecutivo se comprometió en "tener a la brevedad un reglamento, distinto al del funcionamiento del Core", para lo cual se conformará una comisión de consejeros que participarán en su elaboración junto al ejecutivo.

Macaya recalcó que muchos de los hechos cuestionados, "muchas veces no pasan por la responsabilidad de los cores, sino que por la estructura administrativa que pende sobre los consejeros, y también en la parte técnica del Consejo Regional".

En esta línea, Percy Marín lamentó la "falta de regurosidad del ente administrativo, en manos del ejecutivo; los problemas que hoy día vemos radican, principalmente, en el ejcutivo del Gore". La consejera Nataly Campusano (FA) se mostró partidaria de conformar una comisión fiscalizadora al trasluz del preinforme de Contraloría, sin embargo, recalcó que no es vinculante con lo que se está investigando, que incluso puede llegar a la Fiscalía. También apuntó a una "ambigüedad" de la ley en materia administrativa y dentro del propio Gore, respecto a los traslados, viáticos y otras materias, por lo que es urgente contar con un reglamento administrativo efectivo y velar por los recursos del Estado.