Redacción

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la demanda indemnizatoria interpuesta por los tres denunciantes de Fernando Karadima en contra del Arzobispado capitalino.

El tribunal de alzada ordenó el pago total de $ 300 millones a los afectados que acusaron encubrimiento de los abusos cometidos por el expárroco de El Bosque, los cuales tendrán que ser distribuidos en partes iguales.

La demanda civil fue presentada en 2013 por el abogado Juan Pablo Hermosilla, en representación de Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo. En ella se pedía el monto total de $ 450 millones. Sin embargo, la acción fue rechazada en marzo de 2017 por el ministro en visita Juan Muñoz Pardo, al considerar que la prueba rendida no permitía "tormarse convicción acerca de la existencia de la coerción, difamación y silenciamiento por parte del Arzobispado de Santiago en desmedro y sufrimiento de los actores por insuficiencia probatoria".

El Arzobispado de Santiago informó, a través de un comunicado, que no apelará a la decisión del tribunal y manifestó su conformidad con ella, esperando, a su vez, que "esta sentencia contribuya al proceso de reparación del dolor sufrido por las víctimas de Fernando Karadima".

Tras ello, el administrador apostólico de Santiago, monseñor Celestino Aós, puntualizó en conferencia de prensa que "la resolución de no apelar está estudiada por los abogados, pero también responde de una manera a la mentalidad, a lo que ha expresado el Santo Padre para llegar a una resolución".

Aós aseveró que se comunicó con los denunciantes y aseguró que se reunirá con ellos. "Me voy a reunir con ellos y juntos con la colaboración de ellos, queremos hacer un camino de verdad y justicia donde aminoremos en lo posible el dolor que han sufrido y organicemos las cosas para que nunca más ocurran estos atropellos que jamás debieron ocurrir y nunca son tolerables y justificables", sostuvo.

Por último, el administrador apostólico hizo un mea culpa del actuar de la Iglesia en este caso: "Reconocemos que hubo errores que indudablemente hicieron sufrir a las personas. Eso es evidente, el fallo lo dice y lo reconocemos, por eso que acatamos lo reconocemos", dijo.

Una de las conclusiones del fallo de la Corte de Apelaciones dice que "la Iglesia conocía de las denuncias, al menos desde el año 2003", y que "decidió mantener el libre ejercicio sacerdotal de Karadima" y no prestar "amparo y auxilio alguno a los demandantes, sino una vez que los hechos se hicieron públicos y notorios".

En tal sentido, menciona al cardenal Francisco Javier Errázuriz y expone que, siendo él arzobispo de Santiago, la Iglesia Católica "tomó conocimiento de los abusos denunciados por el señor Murillo el año 2003", sin realizar ninguna acción "tendiente a la investigación de los mismos".

Entre 2004 y 2006, la Iglesia, a través de Errázuriz, recibió cuatro denuncias sobre los mismos hechos por parte de Murillo, Hamilton y Cruz, además de la madre y esposa de este último. Errázuriz, se agrega, "negó" tramitarlas en base al relato de un obispo "y en su pensamiento íntimo respecto a tópicos sobre la fama de Karadima, lo calumnioso y alucinatorio de este tipo de denuncias en casos anteriores".

En 2005, Murillo envió una segunda carta tras no recibir respuesta a la denuncia que hizo en 2003. La misiva llegó a Ricardo Ezzati, quien se la remitió a Errázuriz con este mensaje: "Le mando la información adjunta, no sabía que el Sr. Murillo le había enviado una carta tiempo atrás. Mi humilde sugerencia es que entreguemos el material al promotor de justicia, también para evitar posible interpretaciones de encubrimiento".

al menos desde este año, la Iglesia Católica ya conocía de denuncias contra Fernando Karadima. 2003

el ministro Juan Muñoz Pardo rechazó la demanda civil, por falta de convicción a partir de la prueba dada. 2017

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el embajador de Chile en Haití, Patricio Utreras, sufrió un ataque de parte de desconocidos en circunstancias que, a la hora de cierre de este Diario, aún eran investigadas.

El hecho sucedió en una localidad a dos horas de Puerto Príncipe, capital del país, durante la inauguración de un proyecto de América Solidaria. Frantz Eliancin, chofer haitiano de la fundación, murió a raíz del ataque, mientras que el chofer del embajador resultó con una herida a bala en una muñeca.

De acuerdo a información extraoficial, el embajador y los asistentes a la ceremonia fueron atacados con armamento de alto calibre, cuando se trasladaban junto al diplomático Justo Pastor Mellado y una comitiva de la ONG América Solidaria. Utreras, quien estaba acompañado de su señora, iba escoltado por personal de la PDI al momento del ataque, los que repelieron la acción, pero los atacantes lograron huir.

Según informó América Solidaria, dos personas resultaron con heridas leves y otras dos, al cierre de esta edición, se hallaban desaparecidas. "Todos los voluntarios chilenos, colombianos y mexicanos en Haití se encuentran completamente a salvo", agregó.

El miércoles de la semana pasada, la Cancillería había recomendado postergar eventuales viajes al país caribeño, "debido al fuerte deterioro de la seguridad pública en Puerto Príncipe y otras ciudades de Hatí, donde se han producido disturbios y desmanes".

El embajador Utreras, egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello, fue designado en su cargo en marzo de 2017 bajo la administración de la Presidenta Michelle Bachelet.

Con anterioridad a esa designación, cumplió funciones en las embajadas de Chile en Indonesia, Noruega (cónsul en Oslo), Filipinas, Países Bajos, en la Misión Permanente de Chile ante las Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra y en Francia. Antes de llegar a Haití, ejercía como ministro consejero y jefe de Cancillería en la Embajada de Chile en Estados Unidos.

El senador Francisco Chahuán (Renovación Nacional), manifestó en Twitter: "Es urgente que el Ministerio de Relaciones Exteriores tome medidas (al respecto)".

El Ministerio Público presentó ayer la acusación contra 33 personas sindicadas como integrantes de la cúpula de la red de corrupción en Carabineros, en el marco del megafraude por más de 28.300 millones de pesos.

Los imputados son exoficiales y exgenerales de la institución, quienes están acusados de los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y malversación de caudales públicos.

La acusación consta de más de tres mil páginas divididas en siete tomos y en ella se solicitaron penas de cárcel para los involucrados, que van desde los 30 años hasta el presidio perpetuo. El fiscal del caso, Eugenio Campos, dijo que esta primera acusación implica a la cúpula de la asociación ilícita, que desde 2006 "se dedicaba a malversar fondos públicos" dentro de Carabineros. Hoy, agregó, se presentará una acusación contra los denominados "cuentacorrentistas".

La defensa de Fuente-Alba acusa a ministra ante el TC por vulneraciones

La defensa del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, acusó a la ministra Romy Rutherford ante el Tribunal Constitucional, por considerar que ha cometido una serie de vulneraciones en el caso por fraude en la institución castrense.

A fines de febrero, la magistrada de la Corte Marcial procesó a quien fuera la máxima autoridad militar entre 2010 y 2014, por la malversación de $3.500 millones, en el marco de la arista por gastos reservados. Desde entonces, él está detenido en el Batallón Militar en Peñalolén.

El pasado lunes, ingresó al TC el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional, en el que el abogado Maximiliano Murath solicita revisar la causa debido a la interpretación que se ha dado sobre el uso de ciertos recursos de inteligencia. Critica, además, los tratos directos de la ministra hacia el indagado y el hecho de que no permitiera la presencia de una defensa durante los interrogatorios.

Una parte del texto indica que Ruherford "cumple una multiplicidad de roles de modo permanente", tomando declaraciones en forma secreta y "excluyendo completamente la defensa letrada".