Cuesta entender, más allá del nerviosismo propio de aquellos tiempos cuando las cosas no resultan, la beligerancia de la clase política regional respecto de sus pares y la falta de sintonía ciudadana durante la semana que hoy termina. Si comenzamos por nuestra golpeada ciudad de Valparaíso, no hay que ser precisamente una lumbrera para darse cuenta de que las querellas cruzadas entre el Municipio, el Gobierno Regional y los parlamentarios sobre la responsabilidad de unos u otros en el desastre actual en que ésta se encuentra no alcanzan a disimular la decadencia, falta de inversión, suciedad, desempleo y delincuencia que la azotan.

Si, como ya fue dicho y repetido hasta el hartazgo, Sharp tiene la culpa de todo lo que pase o deje de pasar, no pareciera haber solución más sencilla que arrebatarle el municipio en las urnas en octubre de 2020. Ahora, el problema es que ni el oficialismo ni lo que queda de la antigua Concertación tienen candidatos potentes ni claros; y, segundo detallito no menor, ambas facciones alternaron durante más de un cuarto de siglo en el municipio y dejaron recuerdos tan paupérrimos que terminaron siendo desbancados por un desconocido estudiante, medio hippie, salido de un frente ciudadano que se reunía en una oficina parroquial prestada, en el barrio más decadente de Valparaíso.

En Viña del Mar la cantinela no es tan distinta, bajo la consigna de todos contra Virginia Reginato, pero siempre arropaditos, que nadie se entere de las reuniones en el Club de Viña para removerla del sillón de calle Arlegui, cuyos estandartes son llevados por muchos que no tienen propuestas relevantes de cambio para la ciudad, los papeles muy limpios, ni tampoco el carisma y los votos de la magullada alcaldesa.

Un tercer caso es el del intendente Jorge Martínez, criticado sin asco por moros y cristianos, pero siempre presa de aquel eufemismo político llamado "fuego amigo" que, al final del día, termina -lo mismo que a Sharp y Reginato- por aislarlo de lo que efectivamente debe y puede hacerse para sacar adelante los barrios, las ciudades y, en consecuencia, la Región.

¿Cuántas veces hemos escuchado e incluso repetido que no son ellos, sino sus equipos y quienes les rodean los verdaderos responsables de que los engranajes no corran? ¿Cuántas veces separaremos a la persona del político, sin tomar en cuenta que no pueden ser evaluados en tal doble instancia? Nadie eligió por ellos ni a sus jefes de gabinetes, contralores, seremis, ni colaboradores. Es tiempo, como decía Lagos, de que las instituciones funcionen y que las autoridades -electas o designadas- consigan resultados, llámense intendentes, alcaldes, diputados, senadores, secplas o lo que sea. Gobernar siempre será morir un poco, pero esta vez son (y también serán en los comicios municipales, regionales, parlamentarios y presidenciales) los propios ciudadanos, aquellos del 8,2% de cesantía regional, los que esperan por la extensión del Metro a La Calera, el regreso de la inversión, la seguridad y la limpieza al Puerto, la recuperación de aquella Viña del Mar que tanto se añora, los de la contaminación en Quintero y Puchuncaví, los mil veces postergados habitantes de Los Andes y San Felipe, los de la sequía en Petorca, y los olvidados de siempre, los principales afectados y quienes juzgarán qué se hizo bien, qué se hizo mal o, sencillamente, qué fue lo que no se hizo.

Valparaíso y la libertad económica

Para entender a Valparaíso es preciso recordar que sus altos y bajos han solido estar unidos a las vicisitudes de la libertad económica. Durante la colonia, en que la corona española impedía el libre comercio, nuestra ciudad no pasó de ser un modestísimo puerto, que al momento de la independencia contaba apenas 5.000 habitantes. La libertad mercantil que siguió a la separación del Imperio Español le dio una pujanza de más de un siglo, en que se convirtió en una ciudad llena tanto de negocios como de ideas nuevas de todo tipo -incluyendo las religiosas, filosóficas y artísticas-, que llegó a ser la más adelantada de Chile. En ese período surgió casi todo lo que hoy nos gusta de Valparaíso, que es hijo de la libertad económica. La idea según la cual el fin de ese auge fue producto de la construcción del Canal de Panamá es errónea. Él se debió principalmente a las crecientes restricciones al comercio internacional que siguieron a la Primera Guerra Mundial y, más aún, a la Gran Depresión iniciada en 1929, así como a la creciente intervención del Estado chileno en la economía, que tejió una red de empresas controladas o protegidas por la autoridad política, instaladas cerca de ella.

Sin embargo, cuando el comercio internacional y la libertad económica comenzaron a volver (lamentablemente de la mano de una dictadura, al revés de los que es normal en el mundo), Valparaíso no empezó un nuevo período de esplendor. La causa es bastante obvia: décadas de estatismo habían sentado las bases para que Santiago se convirtiera en un mercado incomparablemente más atractivo que Valparaíso.

Con todo, la única esperanza que Valparaíso tiene de detener su decadencia y volver a progresar es ser amigable con la iniciativa privada. Y eso no está ocurriendo, como muestran los grandes proyectos abortados o postergados en los ámbitos del comercio, el puerto y la construcción. Hasta de nuestro querido Wanderers huyen los inversionistas.

Durante la semana se ha debatido si el alcalde Jorge Sharp es el responsable exclusivo de todo ello. Esa sería una exageración. La Municipalidad no es, por fortuna, el único actor relevante en Valparaíso. Y ella estuvo durante décadas dominada por un chato clientelismo, que poco ayudó a la ciudad. Pero sí es cierto que Sharp, con su visión de una ciudad autárquica, llena de modestos comercios locales y pequeñas casas, a la vez que amurallada frente a la gran inversión privada, salvo para aquellos a quienes él otorgue las llaves de la ciudad, mientras se arreglan licitaciones para favorecer arbitrariamente a cooperativas y entes sin fines de lucro, es parte del problema y no de la solución.

En el demagógico discurso que vociferó el día de su triunfo en 2016, Sharp sostuvo que su prioridad sería vencer la desigualdad. Y hay que reconocer que en eso ha cumplido, pues está contribuyendo a convertir a Valparaíso en una ciudad igualitariamente pobre. Pero, como ocurre con todo programa socialista, con ello ha impedido que se realice otro de sus rimbombantes anuncios: "Se acabó la injusticia". No, eso únicamente es posible en el marco de la dignidad y la prosperidad que solo puede dar la conjunción de libertad política, cultural y económica.

El T2 y cambios en nuestra institucionalidad

El anuncio de TCVAL de poner término anticipado al contrato de concesión con EPV ha puesto en vilo la ampliación del T2, lo cual suponía una inversión de USD 500 millones. Este episodio ha visibilizado una realidad que se ha ido acrecentando en nuestro país: la incertidumbre de inversión debido a conflictos socioambientales. Hoy, obtener un permiso ambiental no garantiza la ejecución de un proyecto, pues existe el riesgo de que la ciudadanía organizada, o sus representantes, utilicen los medios formales e informales para frenar estas iniciativas.

Un estudio elaborado por los investigadores Camila Hernández y Diego Sazo (Movilización y resistencia verde: Los conflictos socioambientales en Chile, 2000-2013) nos permite comprender la magnitud del fenómeno. Este muestra que, de los 100 conflictos socioambientales más mediáticos entre los años 2010 y 2013, en un 74% de ellos el proyecto cuestionado ya contaba con la aprobación de la autoridad ambiental. Esta traba en la ejecución de las inversiones ha generado un monto en incertidumbre que al año 2011 fue tasado por la SOFOFA en US$ 20.000 millones.

La solución pasa por reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), generando mayor participación ciudadana e innovando en la conformación de las comisiones de evaluación. En cuanto a lo primero, la propuesta del gobierno representa un avance, ya que contempla una etapa de participación ciudadana temprana, es decir, antes de que el proyecto ingrese al sistema de evaluación ambiental. Esto busca que la comunidad dialogue con las empresas involucradas buscando acuerdos que vayan en beneficio común, evitando la conflictividad posterior y otorgando mayor certeza a todos los actores involucrados.

Respecto a la integración de las comisiones encargadas de calificar ambientalmente los proyectos, es posible ver que el sistema institucional está al debe. Actualmente, estas comisiones están conformadas por el Intendente y nueve Secretarios Regionales Ministeriales (seremis), es decir, por autoridades que no fueron escogidas democráticamente y que responden a un sistema de organización administrativa centralizado, de exclusiva confianza del Presidente de la República. Una conformación de este tipo genera sospechas legítimas respecto a la representatividad de las comunidades que se verían afectadas y si bien la reforma que propone el ejecutivo contempla un cambio en este aspecto, deja de lado a un actor importante: el alcalde.

El papel de la máxima autoridad comunal debiera ser clave, pues representa a los habitantes de las comunas involucradas. Sin embargo, su rol queda reducido al de un mero espectador del procedimiento, pudiendo solo hacer observaciones. Esta falta de protagonismo permite explicar por qué su participación comienza a ser preponderante una vez que los permisos ya fueron concedidos, lo cual se refleja en la interposición de recursos que buscan invalidarlos (como ocurrió en el caso del T2). De esta forma, se gesta un escenario de rivalidad "empresa vs. alcalde" que produce asperezas en las relaciones de dos actores que debiesen trabajar juntos para fomentar el desarrollo de las ciudades. Por lo mismo, la inclusión del alcalde en las comisiones de evaluación debiese ser considerada. Esto no sólo generaría mayor legitimidad y descentralización en la toma de decisiones, sino que además evitaría que este actor pudiera obstaculizar a posteriori los proyectos ya aprobados, pues su papel sería desempeñado durante el procedimiento de evaluación y no después.

Nuestra región atraviesa por un delicado momento económico, es la única con retroceso económico de acuerdo al Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer). Sin embargo, el panorama presenta una oportunidad única para forjar una nueva institucionalidad. En este contexto, avanzar en descentralización y participación ciudadana es imprescindible si se pretende un desarrollo democrático, pacífico y sostenible en nuestra zona.

Claudio Oliva Ekelund

Profesor de Derecho UV

Maximiliano Duarte

Investigador Fundación Piensa