Mucho se comentó, antes de hacerse efectiva la acusación contra Virginia Reginato ante el Tribunal Electoral Regional (TER) por notable abandono de deberes, que uno de los principales flancos de dos de los cuatro concejales que firman el libelo (Laura Giannici y Sandro Puebla) era precisamente que ellos habían aprobado (dos años seguidos en el caso de la edil demócratacristiana) los mismos presupuestos municipales que hoy presentan como los mayores pecados de la administración de la alcaldesa UDI. Es más, para cualquier observador imparcial medianamente informado, saltaba a la vista el chascarro sufrido tras un proceso similar levantado en contra del exalcalde de Valparaíso, Jorge Castro, por su eventual descuido en la limpieza de cerros que derivó en la emergencia del megaincendio de abril del año 2014, el desvío de dineros de la Ley SEP, la mala ejecución de obras, el no pago de cotizaciones y la ausencia del Plan de Desarrollo Comunal, cuestión que terminó, primero, con una multa del 15% de su sueldo por parte del TER y, tras su apelación, se cambió por una sencilla censura ordenada por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), la sanción administrativa más baja que puede recibir un funcionario. Los concejales acusadores, en tanto ( Iván Vuskovic, Paula Quintana, Ruth Cáceres y Zuliana Araya) acabaron apuntados con el dedo por los mismos motivos que ellos se quejaban: ¿qué hizo el Concejo Municipal para evitar los supuestos excesos de Castro y hasta el mismo incendio? Por otra parte, y en ello la defensa de Reginato avanzó considerablemente esta semana, el propio Contralor General Jorge Bermúdez fue puesto en el banquillo de los acusados tras filtraciones internas que cuestionaban las fórmulas de cálculo utilizadas para auditar el déficit de Viña del Mar, las mismas que también fueron solicitadas a Contraloría por la Fiscal Regional Claudia Perivancich, quien lleva la posible arista penal del caso a través de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC). La UDI, con su pragmatismo de siempre y según comentan en off desde la tienda gremialista, separa el asunto en dos alas. La primera, la defensa a la acusación ante el TER, la cual dan ya por zanjada; y, la segunda y más importante, el daño electoral que pueda sufrir Reginato de cara a los próximos comicios municipales de 2020, el que podría ser revertido -como lo han hecho hasta ahora- a punta de una posición más agresiva y en la cual se han involucrado desde la presidenta del partido, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, hasta los diputados Osvaldo Urrutia y María José Hoffmann. Esto, finalmente, es un gran juego de ajedrez político, en el cual habrá que ver esta semana cómo reacciona la golpeada parte acusadora, que parece haberse perdido en detalles de forma y números, sin relevar uno de los puntos más importantes de su propia presentación y en el cual pareciera concentrarse la ira opositora viñamarina: ¿qué ocurre o ocurrirá con la jefa de gabinete de Reginato, María Angélica Maldonado, a quien se le siguen atribuyendo todos los pesares comunales? ¿O seguiremos hablando del saldo inicial de caja y dineros devengados?