El fiscal adjunto de la Región de O'Higgins, Sergio Moya, acusó al fiscal regional, Emiliano Arias, de cometer cuatro delitos, incluyendo tráfico de influencias y obstrucción a la justicia en casos como Caval.

La denuncia de Moya, hecha en Radio Biobío, llevó al fiscal nacional, Jorge Abbott, a citar a un consejo extraordinario de fiscales para este martes 23 de abril.

A través de un breve comunicado, el Ministerio Público aclaró que la reunión tiene como propósito "designar a un fiscal regional que investigue las denuncias presentadas contra el fiscal regional de O'Higgins".

De acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional que rige al Ministerio Público, cuando hay una denuncia contra un fiscal regional por su presunta responsabilidad en un hecho punible, debe ser otro fiscal regional el que lleve la investigación.

La primera denuncia de Moya es por obstrucción en el caso de los jueces de Rancagua. El fiscal se refiere a la demora por parte de Arias en pedir la formalización del ministro de la Corte de Apelaciones de O'Higgins, Emilio Elgueta. El persecutor precisó: "Yo solicité, en varias ocasiones, el pronunciamiento de mi superior jerárquico Emiliano Arias para pedir la formalización de Emilio Elgueta. Esa decisión se fue postergando por algunas semanas. No se me decía que sí ni que no. Yo tomé la decisión de pedir la formalización sin esperar el consentimiento de mi superior jerárquico (…) Fue una lentitud (…) ante lo cual preferí obrar y con el riesgo evidente de una sanción administrativa (…)", dijo a la citada radioemisora.

Otra denuncia es por tráfico de influencias en el caso Caval. Moya explicó que su tramitación "fue sumamente compleja... Hay un evento que (...) dice relación con la única intervención que ha hecho el fiscal Arias en la causa Caval, que fue el intento de realizar un procedimiento abreviado a Herman Chadwick Larraín". Agregó que se le planteó que había que terminar esa arista, pues "la presencia de este personaje en la causa y un eventual juicio oral" podría afectar la imagen del nuevo Gobierno. En diciembre de 2017, dijo Moya, el fiscal Arias intentó hacer un procedimiento abreviado, pero solicitó penas que "estaban fuera del marco legal, eran mucho más bajas", y que por esto el Juzgado de Garantía de Rancagua rechazó.

Moya también acusó a Arias de ocultar información en la investigación contra el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, por malversación de caudales públicos por cerca de $3.500 millones en el Teatro Regional de Rancagua. "Recientemente pedí la formalización del alcalde, recibí una serie de instrucciones; por ejemplo, se me convocó a una reunión donde estaba el abogado del alcalde", dijo, "y se me da la instrucción por parte del fiscal regional, de que debía estar atento a los requerimientos de ese abogado, que es abogado del imputado".

"Me llamó mucho la atención. Y después de esa reunión, que consideré impropia, procedí a solicitar autorizaciones judiciales para incautar los computadores, teléfonos y todos los elementos electrónicos del alcalde. Y cuando eso ocurre se me dio una instrucción directa del fiscal regional de hacer devolución de esas especies, orden que representé y no cumplí porque era evidencia incautada en un delito de malversación de caudales públicos", añadió Sergio Moya.

La última acusación alude a violación de secreto por sustracción de información desde la Fiscalía.

El diputado Soto dice que no aceptará "presiones" en el trámite de reforma previsional

El llamado hecho por el Gobierno a apurar la discusión de la reforma previsional no fue bien recibido desde la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde su presidente, el demócrata cristiano Raúl Soto, apuntó a un "chantaje" del Ejecutivo.

El legislador comentó que no aceptarán "ningún tipo de presión del Ejecutivo" y afirmó que pasado mañana van a establecer un cronograma de trabajo para el proyecto.

"Ahí vamos a anunciar por supuesto las fechas en las cuales vamos a estar en condiciones de votar, la idea de legislar previo terminar con la etapa de audiencia pública", expuso Raúl Soto.

El congresista miembro de la Falange argumentó que primero se desea "escuchar efectivamente a todos los expertos, académicos, instituciones, organizaciones que quieran aportar a este debate de la Reforma Previsional".

El jueves, el Presidente Sebastián Piñera encabezó una reunión con los ministros del Trabajo, de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Monckeberg, Felipe Larraín y Gonzalo Blumel, respectivamente, para definir el camino que tomará la reforma.

Tras la cita, el Gobierno pidió a los congresistas aprobar la idea de legislar durante la primera semana de mayo.

"Hemos sido categóricos en que estamos permanentemente dispuestos a ir mejorando los proyectos, pero la señal más clara que los adultos mayores están esperando es que se apruebe la idea de legislar", comentó Monckeberg. "Eso es lo que los adultos mayores quieren, que se escuche fuerte la voz del Congreso", agregó.

La comisión de Trabajo de la Cámara citó para el 6 de mayo al ministro Felipe Larraín para que explique como se recaudará el dinero para financiar la reforma.