Cristián Rodríguez F.

En medio del conflicto que mantiene la empresa Interchile y la comunidad La Dormida (Olmué) por la construcción del proyecto Cardones-Polpaico, el ministro titular del área de las Ciencias del Tribunal Ambiental de Santiago, Felipe Sabando, confirmó que fueron ellos quienes le ordenaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) iniciar un procedimiento de invalidación en contra de la resolución que en 2015 aprobó la línea de transmisión eléctrica.

"Efectivamente, es una situación de invalidación que nosotros rendimos como un reclamo de ilegalidad, precisamente por un problema en la admisibilidad", dijo en entrevista con este Diario el ingeniero civil químico de profesión, quien además se refirió a los conflictos ambientales que pesan en la Región de Valparaíso y la reforma al SEIA que se tramita en el Congreso.

- En los últimos años la región ha estado sumida en una serie de conflictos ambientales, sobre todo por lo que ocurre en Quintero y ahora en Limache y Olmué. Y uno podría entender que es por la geografía de la zona, pero quizás hay otras razones que también influyen en el conflicto.

- En términos históricos, la verdad es que no son tantas causas en esta región, porque los datos indican que son menos del 10%. Ahora, efectivamente en el último tiempo se han visto más causas, y al día de hoy un 20% corresponden a esta región, pero es una distribución más o menos homogénea y proporcional al número de habitantes y donde también influye, probablemente, la cantidad de industrias. Quizás existe una situación de opinión pública por cuestiones que han ocurrido de cierta envergadura, pero no es que la zona tenga alguna circunstancia en particular que la afecte.

- ¿Recibieron alguna causa sobre la crisis medioambiental del año pasado en Quintero?

- Tenemos una demanda ingresada en 2016 en contra de 14 empresas del cordón y una reclamación sobre el terminal Oxiquim, pero no hemos recibido acciones de ningún tipo relativa a los incidentes ocurridos el año pasado. Nosotros seguimos con atención los numerosos recursos de protección que se ingresaron pensando en que llegaría alguna clase de acción al Tribunal Ambiental, pero no fue así.

- A propósito de la crisis de 2018, el Gobierno presentó un proyecto para tipificar los delitos ambientales. ¿Qué les parece?

- Precisamente, un factor que aparece como pendiente es qué ocurre con aquellos que, por las razones que sean, cometen una acción o emisión que genera un daño ambiental, pero pese a ello deciden no responder. ¿Qué hacemos cuando no ocurre una reparación que fue ordenada? Si eso es así, estamos pensando que ya se requiere un castigo. Y es un momento muy oportuno para hacer ese debate a través de iniciativas parlamentarias que recojan el sentir ciudadano de que no puede quedar en la impunidad un daño ambiental.

- ¿De haber existido esta ley hubieran habido sanciones?

- Entendiendo que hablamos de una última instancia, donde todo lo demás falló, lo que hemos revisado es que de las 87 demandas por daño desde 2013, sólo 13 han concluido con una condena por daño ambiental. El universo de posibles condenados por un delito como se plantea en el proyecto es relativamente bajo.

- Uno de los puntos que considera la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es una participación ciudadana anticipada. ¿Cuánta garantía cree que le puede entregar a las comunidades de que sí serán escuchadas?

- Creo que en la medida que la participación se produce en forma temprana genera mejores resultados. Sin duda que el diálogo y acercar posiciones redunda en un beneficio más pronto y, por ende, en una menor conflictividad. En la medida que soy capaz de ponerme en los zapatos del otro y conocer su realidad, todo es más fácil; y lo natural sería que esos procesos no terminaran llegando hasta la justicia.

- También se elimina el Comité de Ministros. ¿Le parece bien que la decisión se centre en lo técnico?

- Creo que la sociedad tiene que tomar una decisión respecto a cuán técnico y político es el órgano, porque siempre el péndulo se va a mover en algún sentido u otro. Hoy pareciera que está oscilando hacia tratar de tecnificar las decisiones, lo que me parece razonable, aunque pretender encontrar una receta precisa de cuál es la combinación exacta en más bien difícil.

- De todas formas, cuesta pensar que la decisión política se deje fuera pensando en los intereses de desarrollo de cada gobierno.

- Es que la decisión de qué es lo que se hace o no siempre es política. Hay decisiones del gobierno de turno y otras que trascienden al Estado, que tienen que ver con el concepto de justicia ambiental que va más allá de un periodo de administración. Es parte del debate ciudadano que se debe hacer.

- A su juicio, ¿el crecimiento de un país debe ir de la mano con un desarrollo sustentable?

- No puede ser de otra manera, pero quizás hay una suerte de prejuicio en ello. Un excelente ejemplo lo hemos dado a nivel nacional con las energías renovables. Sin la existencia de subsidio se ha podido desplegar toda una industria. Y ahí está la creatividad de los empresarios y emprendedores, pero también la visión a largo plazo que tienen que desplegar los políticos para que la ciudadanía en su conjunto pueda gozar de estos nuevos beneficios.

"Seguimos con atención los numerosos recursos de protección que se ingresaron (por crisis en Quintero), pensando en que llegaría alguna clase de acción al Tribunal Ambiental, pero no fue así"

"Creo que la sociedad tiene que tomar una decisión respecto a cuán técnico y político es el órgano (Comité de Ministros), porque siempre el péndulo se va a mover en algún sentido u otro"