Arremetida contra empresas y el Estado por caso intoxicados
QUINTERO. Cuatro abogados alegaron en la Corte Suprema sobre 12 recursos de protección rechazados en Valparaíso. Buscan resguardar derechos por polución
Después de una conversación de media hora, aproximadamente, donde se discutió la forma de alegar en 12 recursos de protección que fueron rechazados en la 9° Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la Corte Suprema determinó iniciar ayer el proceso de alegatos con cuatro abogados que actuaron como procuradores comunes en defensa de distintas causas por los hechos de contaminación de agosto y septiembre del año pasado, que provocaron síntomas de intoxicación a más de mil personas en Quintero y Puchuncaví.
Por más de dos horas los recurrentes, en representación de personas naturales, municipios, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ambientales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez, presentaron sus argumentos ante cinco ministros del máximo tribunal y argumentaron que en todos los casos se vulneraron los derechos de los afectados.
Los cuatro recurrentes nombraron a las empresas y al Estado como los responsables de no garantizar los derechos fundamentales de los afectados y solicitaron a la Suprema se resguarden los derechos con acciones concretas, más allá de buscar un responsable de los episodios contaminantes, situación que aún no está dilucidada.
En este punto, fue clave el voto disidente de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvia Donoso, que falló a favor de los recursos y precisó en su escrito que había vulneración de derechos y se debía haber tomado una acción preventiva.
Búsqueda de protección
Para los recurrentes, la vulneración de derechos se presenta porque el Estado y las empresas diversas del parque industrial no han tomado acciones para evitar que este tipo de hechos ocurran.
Así lo dio a conocer el abogado Ezio Costa, quien alegó en representación de las ONG y expuso que "la vulneración de derechos tiene que ver con la falta del Estado, particularmente del Ministerio de Medio Ambiente, de utilizar sus atribuciones. El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso tiene un voto a favor nuestro (ministra Silvia Donoso), eso es algo que nos da esperanza, pero además la redacción da cuenta de que se sabe que hay una vulneración de derechos. El problema es que se interpretó que se estaba buscando a los responsables y acá nosotros buscamos las soluciones para que esto no vuelva a suceder y eso debe considerar la Suprema".
La abogada Natalia Labbé, en representación del INDH, aseveró que "buscamos que la Corte Suprema revoque la resolución de la Corte de Apelaciones y acoja nuestra solicitud. Específicamente a la Superintendencia del Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud les imputamos una serie de incumplimientos que configuran faltas a la debida diligencia del cumplimiento de sus obligaciones".
La recurrente Alejandra Donoso, que representó a personas naturales, dijo que, tras los alegatos, "le quedó claro a la Corte Suprema lo que constató la Corte de Apelaciones en su sentencia, pero que finalmente no resolvió. (...) Acá está claro que los organismos con competencia del Estado tienen las atribuciones para poder resolver la situación y no lo han hecho, corresponde que la Corte Suprema resuelva y le devuelva la dignidad a las personas que habitan en esa zona llamada de sacrificio".
"Se interpretó que se estaba buscando a los responsables y acá nosotros buscamos las soluciones para que esto no vuelva a suceder"
Ezio Costa, Abogado recurrente