Motivos para marchas estudiantiles no faltan: la gratuidad que se desinfla, la contaminación, el TPP, la educación sexista… En fin, causas justas algunas y opinables otras a las que seguramente, en próximas movilizaciones, se agregarán nuevas, locales, nacionales o importadas. Pero todas las movilizaciones, realizadas con el apellido de "pacíficas", tienen un factor común: la violencia con lo cual las alegadas causas legítimas se ven afectadas y, en consecuencia, sólo ganan repudio de los ciudadanos afectados.
Y el jueves pasado se repitió la rutina: una marcha estudiantil por las calles centrales de Valparaíso derivó en actos de violencia, en agresiones contra la ciudad, contra sus actividades y sus habitantes. Destrozos en vitrinas y daños en espacios público fueron factor que se hizo notar, pese a que sólo fueron protagonizados por un pequeño grupo de encapuchados.
Incluso grupos de manifestantes rayaron la fachada de este Diario y lanzaron pinturas y hasta piedras con riesgo para el personal y quienes circulaban por calle Esmeralda. A esto se sumaron otros edificios patrimoniales que le dan valor a una ciudad puerto ya afectada por rayados en los más diversos inmuebles.
También blanco de agresiones fueron las fuerzas policiales que intentaban controlar los desmanes.
Como siempre las acciones vandálicas, criminales para decirlo derechamente, se ocultan bajo capuchones y en medio de una masa por lo general complaciente y en un marco de consignas y pancartas odiosas.
Como se consigna en el manual de organizadores de manifestaciones, una dirigente de los convocantes lamentó lo sucedido prometiendo, contrita, que "vamos a buscar resolverlo y que no vuelva a suceder".
La ciudad y los porteños esperan que así sea, pero estos convocantes antes de organizar sus acciones deben asumir que la violencia surgida al alero de las movilizaciones es una contribución más a la inseguridad que marca muchas actividades de la ciudad y que el daño provocado afecta, justamente, a quienes con sus impuestos están financiándolos.
A los daños a la propiedad privada, al costo que significan las reparaciones, se agrega el daño a esta castigada ciudad que también supone gasto y restar recursos a la atención de las múltiples necesidades de la población.
Tras todos estos hechos hay responsables: aquellos que directamente actúan en los desmanes y aquellos que convocan, sabiendo lo que ocurrirá y quizás conociendo a los grupos violentistas, que no se atreven a identificarlos y denunciar. La complicidad es evidente.
La ciudadanía tiene todo el derecho manifestarse, pero este ejercicio debe -necesariamente- hacerse respetando el entorno y evitando cualquier tipo de violencia.