El Foro Permanente de Política Exterior, integrado por excancilleres, exministros y legisladores de oposición, criticó al Grupo de Lima por apoyar el llamado hecho por el Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para enfrentar la administración de Nicolás Maduro.

A través de una declaración pública, los miembros del Foro plantearon que el mensaje emitido por el Grupo de Lima "constituye un severo retroceso de la diplomacia democrática en la región y vulnera principios esenciales de la política exterior que Chile ha venido construyendo en los últimos decenios, tales como el respeto a la soberanía nacional, la solución pacífica de las controversias y la preservación de América Latina como una Zona de Paz".

A su juicio, "al otorgar legitimidad a la iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana de convocar a la Fuerza Armada, frente a una Base Área militar y rodeado de un grupo de militares de rango medio, a deponer a la dictadura madurista, se otorga un respaldo explícito a una estrategia que busca resolver la crisis venezolana por una vía armada". Agregaron que "ello contraría los más elementales principios que rigen nuestra convivencia internacional, constituye una amenaza a la paz y la estabilidad no sólo de Venezuela, sino de toda la región".

Peligro de "catástrofe"

"Los peligros de que se produzca una verdadera catástrofe en la región son reales. La reciente declaración del secretario de Estado de los EE.UU. formulada el 1 de mayo de que 'una acción militar es posible. De ser necesario, eso es lo que los Estados Unidos hará' amenaza con convertir un conflicto de carácter regional en uno global, dando pie para la intervención de otras grandes potencias. Impedir que ello ocurra es una exigencia para todos los gobiernos, organismos internacionales y opinión pública regional y mundial", recalcaron. E insistieron en que "la vía pacífica" es el camino para acabar con la crisis "a la que la dictadura de Maduro ha llevado a la sociedad venezolana. La democracia será restaurada cuando se acuerden elecciones libres, con supervisión internacional, que den origen a un gobierno legítimo".

La Asociación de Fiscales calificó como un "error" el convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio Público y la Conferencia Episcopal de Chile (Cech) durante esta semana, el cual desató fuertes críticas, especialmente por parte de víctimas de abusos cometidos por miembros tanto religiosos como laicos de la Iglesia Católica.

La controversia se desató el pasado martes, cuando el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el secretario general del Episcopado, el obispo Fernando Ramos, firmaron un acuerdo que tiene como principal objetivo la colaboración e intercambio de información para favorecer el desarrollo de investigaciones pasadas, en curso o próximas, que involucren delitos sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia Católica chilena.

Para ello, la Cech se comprometió, entre otras cosas, a derivar los antecedentes al ente persecutor dentro de las 24 horas siguientes, una vez conocidos eventuales hechos criminales.

La Fiscalía asume, por su parte, la obligación constitucional de proteger a las víctimas y a los testigos dentro del proceso penal, y reitera su compromiso de otorgar el mayor nivel de confidencialidad, protegiendo la identidad y antecedentes de las víctimas con el fin de cuidar su intimidad, entendiendo la gravedad de estos delitos.

Molestia

El trato entre el ente persecutor y la organización religiosa molestó a varios, como fue el caso de los denunciantes del expárroco de El Bosque, Fernando Karadima, ya que el acuerdo implicaría, según argumentaron, tener una consideración especial con los mismos indagados, además de entregar información a terceros que no son parte de la investigación.

Ayer, sumando un nuevo reproche al convenio, la Asociación de Fiscales manifestó a través de su cuenta de Twitter que "firmar dicho acuerdo fue un error que debe ser corregido rápidamente".

Revisarán el convenio

El viernes, Jorge Abbott sostuvo una reunión con los integrantes de la Fundación para la Confianza y la Red de Víctimas de Abuso, la cual concluyó con el anuncio de una revisión del convenio.

"El principal error es que no tuvieron contemplada la interlocución de la red de víctimas. Ellos reconocen esto, pero hay que ser claros: la justicia en Chile no requiere convenios especiales. (...) Nosotros de manera concreta le pedimos al Ministerio Público que dejara el convenio sin efecto", sostuvo James Hamilton, uno de los denunciantes de Karadima, tras el encuentro.

La Asociación de Fiscales planteó, en Twitter, que espera que "se concrete pronto" la idea de dejar sin efecto el acuerdo suscrito.

Cabe recordar, sin embargo, que tanto el fiscal nacional como el secretario general de la Conferencia Episcopal se mostraron seguros de la pertinencia del convenio.

"Esta es una invitación también para otras congregaciones religiosas, para que poco a poco vayan progresando en torno al compromiso de cooperar con el restablecimiento de la verdad y la obtención de justicia para las víctimas", declaró monseñor Ramos una vez firmado el trato.

Abbott, por su lado, dijo: "Llamamos a todas las personas, principalmente a las víctimas, a que hagan las denuncias ante el Ministerio Público y así poder iniciar las investigaciones y establecer la verdad en sus casos y, por tanto, reclamar ante los Tribunales de Justicia las sanciones que correspondan en virtud de los hechos cometidos".

"Firmar dicho acuerdo (entre el Ministerio Público y la Conferencia Episcopal) fue un error que debe ser corregido rápidamente".

Asociación de Fiscales

"No tuvieron contemplada la interlocución de la red de víctimas (...) hay que ser claros: la justicia en Chile no requiere convenios especiales".

James Hamilton, Denunciante de Karadima