En los últimos meses la opinión pública de la región ha recibido con preocupación las poco auspiciosas noticias sobre el estado del desarrollo económico local. La última de ella nos decía que la provincia de Valparaíso, ya alcanzó los dos dígitos en materia de desempleo.

Para ser justos, los problemas económicos de esta región tienen una larga historia. Ya a partir de 1960 se evidencia un descenso continuo de la participación regional en el PIB del país. Si bien tras este fenómeno hay una importante cuota de motivos estructurales, hay también una cantidad considerable de causas asociadas a la gestión política de las distintas administraciones de esta región y sus municipios.

Los motivos estructurales son conocidos. Por un lado están los cambios en las políticas económicas que adopta el país en la década de los setenta, que incidieron en el desmantelamiento de la actividad industrial y en donde el Gran Valparaíso se vio particularmente afectado. Por otro lado, la fuerza gravitatoria de Santiago, alimentada por la estructura centralista, ha terminado por absorber la fuerza económica de la región.

Este proceso, que tercerizó el empleo regional, exigió la readaptación económica de los distintos sistemas urbanos de la región, en donde no todas las comunas salieron bien paradas, siendo Valparaíso la con menos capacidad de resiliencia. En la actualidad, los cuatro rubros económicos que mayor empleo generan en el Gran Valparaíso son construcción, comercio, actividades inmobiliarias y transporte, los cuales sumaban, al año 2016, el 53% de los trabajadores.

Conociendo, entonces, los motivos estructurales de este escenario cabe preguntarse dónde está el margen de juego de las autoridades políticas para revertir los malos números económicos. Una de las respuestas está en los mecanismos de planificación territorial y urbana. A continuación revisaremos algunos indicios concretos de esta tesis

Un primer indicio es el hecho que Valparaíso lleva casi 10 años discutiendo sobre su ampliación portuaria. Las ventajas de esta expansión son evidentes. El problema es que la Planificación del Plan Maestro Portuario se hizo al margen de los procedimientos que la gestión territorial estratégica recomienda, lo cual hoy en día está pasando la cuenta. A esto hay que sumar la demora de los gobiernos anteriores en decidir la localización del Puerto de Gran Escala lo cual incide además en las decisiones de los actores regionales.

Otro indicio relevante es la caída en la producción de vialidad urbana. El informe levantado por el Consejo de Movilidad Sustentable, que sesionó entre los años 2016 y 2017, detectó que entre los años 2014 y 2015, la inversión en vialidad de la región de Valparaíso se encontraba por debajo de regiones menos pobladas, como La Araucanía, Los Lagos o Coquimbo. A esto hay que agregar los escasos proyectos de conectividad metropolitana realizados con los fondos espejo. No está de más mencionar los efectos que la vialidad tiene en la economía al integrar nuevos territorios a los procesos productivos y hacer más eficientes los viajes de personas y bienes. Por el contrario, la demora en los proyectos viales se traduce en la congestión vehicular y en el alza de precios de las zonas céntricas lo cual, a fin de cuentas, siempre es regresivo.

Un tercer y complejo indicio es el freno a las actividades inmobiliarias que implican todas las modificaciones a los planes reguladores, que se han impulsado en las cinco comunas del Gran Valparaíso en los últimos 10 años. Siendo que los rubros inmobiliario y construcción representan cerca del 30% del empleo de la conurbación, es esperable que las mayores regulaciones tengan impacto económico. Evidentemente tras las nuevas restricciones de los instrumentos de regulación urbana, existen motivos significativos de orden ambiental, patrimonial y de funcionalidad urbana. Pero estas regulaciones no debieran ser impulsadas sin considerar los efectos en la base económica, la revitalización de los barrios, la integración social o el cambio climático.

En síntesis, gran parte de los problemas económicos de la región pueden enfrentarse colocando en el centro de la gestión política, las propuestas presentes en la planificación territorial. Y tal como señalo acertadamente Iván Poduje en una columna de este medio, no sirve culpar a enemigos externos. Hay mucho que se puede hacer acelerando la gestión asociada a la materialización de las inversiones y proyectos que mejoran la calidad de vida. Para ello es urgente fortalecer profesionalmente a los gobiernos locales e impulsar con decisión los planes existentes, buscando acuerdos donde se requiera. No hacerlo, tiene un costo social enorme, que ya comienza a emerger y que puede descarriarse.

*Integrante Corporación Metropolítica

*Marcelo Ruiz Fernández