Sumando votos de la mayoría de los diputados demócrata cristianos y radicales, el Gobierno logró que se aprobara la idea de legislar la reforma de pensiones que presentó en 2018.

La iniciativa consiguió 84 votos a favor, 64 en contra y dos abstenciones, con lo que La Moneda revirtió la negativa que la comisión de Trabajo dio el lunes a la discusión legislativa del proyecto.

Tras ser aprobada la propuesta y retirada la urgencia por parte del Ejecutivo, volverá a consideración de las comisiones de Trabajo y de Hacienda para la discusión en particular. El Presidente Sebastián Piñera agradeció la votación y destacó que la mayoría de los diputados "priorizó el bienestar de pensionados por sobre intereses políticos".

"no es una afp estatal"

En la aprobación de ayer en la Sala de la Cámara, fue fundamental la acogida del Gobierno a planteamientos formulados por la DC. Antes de la votación, de hecho, los ministros secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, se habían reunido con representantes de la bancada falangista, cita en la que fueron entregadas algunas condiciones para aprobar el proyecto, incluyendo la creación de un ente único y estatal que maneje el 4% adicional de cotización -el que aspiran sea de un 5,5%-, y que se adelante el reajuste al Pilar Solidario a enero de 2020.

Precisamente, ya en la sesión, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció que el Gobierno impulsaría dos de esas condiciones. "Con respecto al 4% adicional, quiero ser claro y enfático: presentaremos indicaciones para que un ente público nuevo y único se haga cargo" de él, dijo. Al salir de la Sala, advirtió: "Pero no es una AFP estatal".

Asimismo, descartó que el Gobierno divida el proyecto de pensiones para aprobar a la brevedad un alza del Pilar Solidario. "No estamos disponibles para separar el proyecto, porque no podemos preocuparnos de nuestros adultos mayores vulnerables y olvidarnos de la clase media, queremos avanzar para ambos", fundamentó.

El voto negativo del falangista Raúl Soto en la comisión de Trabajo el lunes, que terminó por sellar el rechazo a la idea de legislar en esa instancia, dio más margen de tiempo a la DC y también al Partido Radical para posicionar sus demandas. Así fue como antes de la votación de ayer, varios diputados demócrata cristianos habían anunciado que apoyarían la reforma, igual que el PR.

El Frente Amplio y el Partido Comunista los criticaron abiertamente. "Resulta decepcionante que el Partido Radical y la Democracia Cristiana hayan negociado sus propias opciones. ¿Entonces de qué valió?, me pregunto yo, una mesa técnica en donde los invitamos a todos; el Partido Radical también estaba invitado, la DC estaba representada por el diputado Raúl Soto, sin embargo, eso no le importó ni al presidente de su partido (Fuad Chahín) ni al jefe de bancada (Gabriel Ascencio) ni tampoco al resto de los diputados que votó a favor", dijo Gael Yeomans (Izquierda Libertaria).

Karol Cariola, del PC, cuestionó a la Falange por "haber sido parte de una cocina que se desmarca de un acuerdo que habíamos tratado de impulsar desde la oposición".

En cambio, el ministro Blumel valoró la votación de legisladores de la DC y el PR, porque se vio "un ambiente en la Sala que fue de momentos bastante intensos, pero la Cámara ha mostrado al país que, cuando hay voluntad, podemos construir acuerdos en beneficio de todos los chilenos".

El Presidente Sebastián Piñera destacó la entrada en vigencia de la Ley de Pago a 30 días, y afirmó que la normativa rige para todos los empresarios y que es obligatoria independientemente del tamaño de la empresa.

"El pago a 30 días es una obligación, el que no pague a 30 días a va tener que pagar intereses corrientes y una multa por mora. Se acabaron los tiempos en que los pagos eran cuando el gran empresario quería, hoy será de acuerdo a la ley", dijo el Mandatario tras visitar una pyme en Renca.

La normativa entra en vigencia en forma gradual, para que las empresas mejoren sus procesos internos, con un inicio de un periodo de 60 días los dos primeros años. Desde febrero de 2021, se reduce a 30.

Se espera que beneficie a cerca de un millón de pequeñas y medianas empresas.

"Estoy convencido de que esta Ley de Pago a 30 días es un tremendo impulso a esos miles de emprendedores que viven en nuestro país", expresó Piñera. "Muchas veces las grandes empresas se apropian del capital de trabajo de los pequeños y medianos empresarios, porque al no pagarles se están quedando con el capital de trabajo que las pymes necesitan", agregó el gobernante.

Multas y comisiones

La ley es de aplicación general, es decir, no distingue por tamaño o tipo de empresa, ni tampoco por sector. Se aplica a todas las firmas -públicas y privadas- que son emisores y receptoras de facturas, en territorio nacional, sin distinción. Sin embargo, no rige para operaciones comerciales fuera del país.

Junto con reducir los plazos de pago, la normativa fija multas y comisiones por su incumplimiento y castiga la demora reiterada como una práctica desleal. Además, se establece la guía de despacho obligatoria y electrónica.

La ley permitirá, en casos excepcionales, que las empresas puedan acordar un plazo de pago superior a 30 días, cumpliendo con condiciones que incluyen un acuerdo por escrito de que no habrá un abuso para el acreedor.

Los menores plazos de pago podrían significar un ahorro financiero para las pymes de -al menos- 100 millones de dólares al año.