Impactante es la cantidad de proyectos inmobiliarios presentados en la comuna de Quilpué, tanto por la inversión que representan como por la cantidad de unidades habitacionales que significan. Este desarrollo, buena parte aún en los tableros de dibujo, se explica por la demanda habitacional y también por los razonables valores de terrenos en algunos sectores de la comuna, que han absorbido el interés de las empresas inmobiliarias y sus ya conocidos problemas en Valparaíso y Viña del Mar.
Además, esos desarrollos inmobiliarios han encontrado un camino fácil, pues aún está en vigencia el Plan Regulador Comunal (PRC), que data de 1971. Esa normativa da paso a iniciativas de grandes dimensiones, como dos que ya cuentan con la condición de anteproyectos aprobados lo que, afirma Yuri Rodríguez, presidente regional de la Asociación de Directores de Obras Municipales, significa que "cuando un titular obtiene la aprobación de un anteproyecto, se queda en la mano con una resolución que le permite presentar el mismo proyecto y que se lo aprueben en tiempo muy reducido".
Es más, de acuerdo a lo señalado por Rodríguez, la modificación del PCR no frenaría ese proyecto, pues seguiría vigente de acuerdo a las normas antiguas, correspondientes al momento de su presentación.
Ahora bien, Quilpué está actualmente en una especie de limbo en su regulación urbana. El PRC aprobado, por segunda vez el 19 de marzo ante observaciones del Ministerio de la Vivienda, fue enviado a la consideración de ese organismo ministerial que debe visarlo. Así, está vigente la normativa de 1971 y pueden avanzar iniciativas como las ya aprobadas que incluyen hasta torres de 23 pisos. Al momento de la nueva aprobación, el alcalde Mauricio Viñambres (PS) advirtió sobre la urgencia del instrumento, ante el temor de "proyectos inmobiliarios imparables". Por eso es lógica la extrañeza del concejal DC Renzo Aranda ante la tardanza del proyecto ya acordado. Y como nada asegura una aprobación exprés en esa instancia, Quilpué seguirá con un PRC abierto.
Álvaro Peña, director de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Universidad Católica de Valparaíso, enciende una alarma, pues la tardanza hace que las normas aprobadas "pierdan efectividad, ya que llegan tarde".
Advertencia procedente que se basa en el la realidad del descontrol inmobiliario que ha afectado a sectores de Viña del Mar, de Santiago y de otras comunas a partir de normativas urbanas que se quedaron en el pasado.
El desarrollo inmobiliario es positivo por sus alcances económicos y sociales, pero debe ir asociado a un PRC actualizado, armónico, y a inversiones públicas que no asumen los emprendedores privados ni tampoco las municipalidades.