Tras ser consultado sobre los principales vicios en el otorgamiento de subsidios al transporte público del Gran Valparaíso, el abogado Leonardo Abarca precisó que las principales irregularidades se relacionan con la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). "La verdad es que no se sabe dónde llega ese subsidio, pues es entregado por la Subsecretaria de Transportes a los empresarios microbuseros, pero lo que está en discusión es a quién le llega ese subsidio, pues a pesar de que actualmente existe un convenio colectivo, ese dinero no le está llegando a los trabajadores y, por otra parte, no sabemos si las empresas están repartiendo equitativamente los recursos".

Paolo Navia S.

E n junio del año pasado, la consejera regional Nataly Campusano (MA) inició una investigación vinculada con la forma en que actualmente se desarrolla el transporte público en el Gran Valparaíso, teniendo como principal objetivo conocer de primera fuente las formas de financiamiento que recibe dicho sector a través de aportes estatales.

Para ello se reunió en diversas ocasiones con el entonces seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Valparaíso, Gérard Oliger, y luego con la autoridad que lo secundó, José Guzmán, a quienes les planteó sus dudas en torno a una serie de supuestas irregularidades vinculadas con las condiciones laborales de los trabajadores, la actual calidad del servicio y la modernización del transporte público en materia logística.

"A raíz de la investigación que iniciamos el año pasado pudimos constatar una serie de irregularidades vinculadas al transporte público del Gran Valparaíso, pues la región ha cambiado y hoy en día nuestro transporte está bastante atrasado y, por lo tanto, consideramos que es pertinente iniciar una nueva licitación", declaró Campusano, quien dijo que uno de los principales vicios en este tema se relaciona con el cambio en los denominados criterios de proporción para el otorgamiento de subsidios al transporte.

Presuntos vicios

"Esto no es una mera reflexión de parte nuestra, pues a raíz de las acciones legales presentadas por los trabajadores nos hemos dado cuenta que al momento de cobrar su indemnización y las costas de los abogados a través de un juicio ejecutivo con las empresas, se produce un embargo de los subsidios que entrega el Estado y existe la documentación y las conclusiones del Poder Judicial que respaldan eso. Entonces, la pregunta es: ¿Por qué se utilizan los subsidios de Estado para subsidiar las vulneraciones de derechos que han tenido las distintas empresas con los trabajadores?", expuso la consejera regional.

En este sentido, la core posicionó sus dudas en torno a la forma en que actualmente se entregan los subsidios al transporte público, explicando que "el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, en una primera instancia planteó que los subsidios eran entregados de manera directa a las diversas empresas de transporte de la región, pero luego, y a raíz de los juicios ganados por los trabajadores, cambió el criterio diciendo que los subsidios no llegan a las empresas, sino que a los subcontratistas. Y la pregunta es entonces: ¿A dónde está llegando ese dinero?, pues los trabajadores nos plantean que a ellos no les está llegando el subsidio".

Estas dudas y presuntos vicios en el otorgamiento de subsidios propiciaron que la core del Frente Amplio, en conjunto con abogados y dirigentes sindicales del transporte público del Gran Valparaíso, presente hoy un requerimiento ante la Contraloría Regional para, entre otros puntos, iniciar una auditoría al actual sistema de otorgamiento de estos recursos.

A través de una investigación del organismo contralor, buscan aclarar las diversas aristas que se han ido desarrollando tras la licitación para el transporte del Gran Valparaíso, que se ha postergado desde el año 2011.

"Queremos saber cómo se están utilizando los fondos que son de todos los chilenos, por qué esos fondos no le están llegando a los trabajadores del transporte y por qué el subsecretario cambia los criterios de adjudicación de los subsidios sin ningún tipo de argumentación", explicó Campusano.

En este punto, la core perteneciente al FA añadió que "actualmente se está utilizando una figura jurídica denominada como perímetro de exclusión, la cual es bastante escasa para poder apuntar a la transparencia del transporte público, lo que en definitiva nos lleva a la conclusión que es necesaria una nueva licitación para poder hablar de manera más transparente". En este punto, Campusano reveló que lleva dos meses solicitándole una reunión al subsecretario, Domínguez, pero sin obtener ningún tipo de respuesta.

Abogado

Su opinión fue respaldada por el abogado laborista Leonardo Abarca, quien actualmente se encuentra representando al sindicato interempresa de Fenur S.A., una de las principales empresas de transporte de la región.

Sobre este tema, el jurista, quien acompañará hoy a la core Campusano en la presentación del requerimiento en la Contraloría Regional, comentó que "luego del 2011 se crearon los denominados perímetros de exclusión, que viene a ser una especie de licitación informal, pero que en el fondo no asegura todas las condiciones de la licitación anterior, la cual se generó entre el 2006 y el 2011. En este sentido, estos perímetros de exclusión se han ido renovando cada dieciocho meses entre la autoridad y las alrededor de nueve empresas licitantes de la región, entre las cuales se encuentra Fenur S.A., TopTur y Gran Valparaíso S.A., entre otras; y por lo tanto, hoy no tenemos una licitación propiamente tal, lo cual no asegura que se estén respetando los derechos laborales y previsionales de los conductores, generando un monopolio del transporte público en la Quinta Región".

Respuesta de seremi

Ante dicho escenario, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, José Guzmán, explicó que la principal función de los subsidios es poder rebajar las tarifas del transporte público y, además, se entregan de manera directa a los operadores. Es decir, a las empresas.

"El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones hace unos subsidios al transporte público y de pasajeros de manera general, y eso permite tener las tarifas que hoy tenemos, pues sin el subsidio estaríamos con tarifas mucho más altas", precisó Guzmán, agregando que "el subsidio va directamente a los prestadores de servicio, es decir, a los operadores, y ellos son los que determinan, tras cumplir con todos los requisitos, qué hacen con ese subsidio, ya que nosotros no intervenimos en eso y solamente pagamos el subsidio por la operación que hacen durante el año".

"Queremos saber cómo se están utilizando los fondos que son de todos los chilenos y por qué no le están llegando a los trabajadores"

Nataly Campusano, Consejera Regional

"El subsidio va directamente a los operadores y ellos son los que determinan qué hacer. Nosotros no intervenimos en eso"

José Guzmán, Seremi de Transporte