Sofía Navarro Martínez

Un plazo de 90 días de investigación fijó el 7° Juzgado de Garantía de Santiago durante la formalización de ocho de los 10 detenidos como presuntos participantes de la red de tráfico ilícito de migrantes. Entre quienes comparecieron estaban el exalcalde de Los Andes, exfiscal y militante DC Mauricio Navarro, que se habría representado así mismo ante la jueza; quien fuera gobernador de Choapa, el socialista Alex Trigo; y Álex Brito, que hasta ayer trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que sería considerado el líder la asociación ilícita.

La formalización, encabezado por persecutor de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Marcelo Carrasco, se extendió por cerca de cinco horas por los delitos de tráfico de migrantes, asociación ilícita y cohecho.

Cuatro de los involucrados quedaron libres, pero con las cautelares de firma quincenal y arraigo nacional; mientras que para las exautoridades, el funcionario de Cancillería y uno de los ciudadanos chinos involucrados se solicitó prisión preventiva. Cerca de las 23 horas se conoció que Brito quedó con prisión preventiva; Navarro, a quien se le acusa de soborno, y Xinli Huang quedaron con arresto domiciarlo total; y Trigo con arresto nocturno.

El año pasado el Ministerio Público junto a la PDI iniciaron una investigación que se extendió por seis meses, y en la que pudieron determinar la existencia de una red de tráfico ilícito de migrantes chinos que ingresaron a nuestro país y que se había ejecutado en 2016.

El viernes, personal de la PDI detuvo a los diez integrantes de la red: siete chilenos y tres chinos. A los ya mencionados se suma el extrabajador del ministerio de Relaciones Exteriores, Víctor Cáceres; las empleadas particulares Pamela Flores -que al igual que el exacalde fue detenida en Los Andes- y Ximena Belmar, apresada en Antofagasta; y Jessica del Gumera, agente de viaje.

En cuanto a los chinos involucrados se encuentran Xinli Huang empleado particular nacionalizado chileno; mientras que Wei Huang y Xiling Qin estaban en el país en calidad de residentes con permanencia definitiva.

Modus operandi

Para lograr el tráfico los miembros de esta red se comunicaban con sus víctimas, a quienes cobraban 5 mil dólares a cambio de emitir una carta de invitación con la que podían hacer trámites de negocios en nuestro país a través de invitaciones empresariales que eran ideológicamente falsas.

Según detalló el Jefe Nacional Antinarcóticos y Crimen Organizado, prefecto Héctor González, al llegar a nuestro país los ciudadanos chinos eran contratados por empresarios de la misma nacionalidad que les ofrecían trabajos. Mientras que otros migrantes, al llegar al aeropuerto de Santiago, eran trasladados de manera terrestre hasta Antofagasta donde tramitaron sus visas en el consulado de Argentina, usando nuestro país como un territorio de tránsito.

La PDI cifró en 178 ciudadanos chinos los que fueron trasladados a territorio argentino, mientras que 110 víctimas del tráfico cuentan con visa de residente, 33 están tramitando este documento y 60 se encuentran en situación irregular, desconociendo el paradero de estos últimos. En total fueron 381 ciudadanos chinos los que habrían sido víctimas de esta red, y que fueron nombrados durante la formalización.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell aseguró que se trata del tráfico ilícito de migrantes más grande que de la historia de nuestro país: "Aquí estamos ante un atentado a los derechos humanos de los inmigrantes muy grave. Estas personas han sido utilizadas, abandonadas a su suerte. De hecho casi 170 de ellos tuvieron que emigrar a Argentina, y desconocemos su actual paradero", agregó la autoridad.

"Vulnera los derechos"

El intendente de la región, Jorge Martínez destacó el trabajo realizado por la PDI que reveló la operación de esta red, asegurando que "la forma de operar y sus implicancias son gravísimas, pues vulneran no sólo la legalidad de los procesos migratorios, sino también los derechos de las personas y su integridad".

La autoridad agregó que "en esta red participaban exautoridades del Gobierno anterior, lo que hace más grave el hecho, pues quienes ejerzan o hayan ejercido cargos públicos tienen como tarea velar por los derechos de las personas y el cumplimiento de las normativas. La ley establece y sanciona la conducta de aquel que, con ánimo de lucro, facilite o promueva la entrada o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente".

"El gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha desarrollado un proceso de migración ordenada, segura y regulada para que los migrantes tengan los derechos y deberes que corresponden y requieren. Por eso, nos parece gravísimo que personas y exautoridades se hayan concertado para desarrollar una red de tráfico de inmigrantes", acotó.

El senador Francisco Chahuán (RN) coincidió con la autoridad regional, asegurando que "hay que investigar hasta las últimas consecuencias, establecer las responsabilidades y finalmente, entender que acá se requiere una migración regulada, ordenada y legal". "Esto es lo que aspira la ciudadanía, lo que impulsa el proyecto de ley del Presidente y por eso recurrimos ante el Fiscal Nacional que terminó incluso con la posibilidad de desbaratar estas redes dedicadas al tráfico de personas".

Por su parte la diputada por el distrito 6, Camila Flores (RN), reveló que el año pasado junto a par y vicepresidenta de su partido, Paulina Núñez ,se reunió con la autoridad pertinente para investigar "hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga respecto de una serie de ilícitos y delitos que se estarían cometiendo a propósito de los inmigrantes". "También presentamos una batería de proyectos de ley que permiten ampliar las facultades de la Fiscalía", complementó la parlamentaria.

Querella

Por los antecedentes revelados que contemplan la participación de exautoridades, el ministro del Interior, Andrés Chadwick anunció a través de su cuenta de Twitter que como Gobierno serán parte de la querella para colaborar en la investigación de Fiscalía y aplicación de la ley, agregando que habrá "tolerancia cero a quienes pretendan burlar nuestras normas migratorias". Desde Cancillería, en tanto, informaron que el funcionario de la entidad, Alex Brito, está siendo sometido a sumario por su presunta participación en esta red.

En la arena política, la Democracia Cristiana solicitó la suspensión de la militancia al exalcalde de Los Andes mientras se aclaren los hechos. "Creo que hoy el estándar que la DC está pidiendo a sus militantes es muy alto. De hecho hubo una demostración de esto en casos como alcaldes que, pese a que podían salir electos, fueron expulsados del partido y no se les permitió postular, ese estándar se mantendrá en todos los casos", explicó el vicepresidente regional de la falange y diputado por el distrito 6, Daniel Verdessi. Agregó que "si se comprueba una suma de hechos en todo el debido proceso, él (Navarro) no podrá postular en ningún cargo público".

En paralelo, el presidente regional de la DC, Gustavo Paulsen, aseguró que conversó con el secretario nacional del partido luego de conocer la información que involucraba al exalcalde, por ello se decidió suspender preventivamente la militancia.

"Estamos ante un atentado a los derechos humanos de los inmigrantes muy grave"

Katherine Martorell, Subsecretaria Prevención del Delito

"Si se comprueba una suma de hechos en todo el debido proceso, él (Navarro) no podrá postular en ningún cargo público"

Daniel Verdessi, Vicepresidente regional DC