Luego de la extensa formalización del sábado a los ocho de 10 miembros de la red de tráfico ilícito de migrantes más grandes de la historia del país, algunos diputados de Chile Vamos evalúan solicitar una comisión investigadora, según informó Cooperativa.

El objetivo es profundizar en el hecho que registró 381 víctimas y en el que, además, destaca la participación de exfuncionarios públicos -como quien fuera el alcalde de Los Andes, Mauricio Navarro, y el gobernador de Choapa en 2016, Álex Trigo-, así como un funcionario de Cancillería.

El diputado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Issa Kort (UDI) confirmó que en los próximos días enviará al Gobierno un oficio fiscalizador con el fin de conocer las visas concedidas entre 2014 y 2018. A su vez, solicitará la creación de una comisión investigadora por la complejidad en los antecedentes revelados.

Otras reacciones

A esta última propuesta se sumó la diputada Paulina Núñez (RN) -que representa a Antofagasta, donde se habría producido la salida de 170 migrantes hacia Argentina- quien profundizó que esta instancia ayudará a esclarecer eventuales responsabilidades políticas tanto de las autoridades como de instituciones públicas.

Junto con los anuncios de los citados parlamentarios, el diputado Francisco Eguiguren (RN) emplazó a la ex Presidenta Michelle Bachelet y al otrora canciller, Heraldo Muñoz: "La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD. HH nos tendrá que decir qué responsabilidad tiene ella en todo el tráfico de personas que ocurrió en su gobierno, donde sus funcionarios lucraron con el intercambio de personas como verdaderos productos".

El parlamentario agregó que durante los próximos días se citará a Muñoz a la comisión de Relaciones Exteriores para que entregue sus declaraciones respecto de esta red de tráfico de migrantes chinos.

Luego de la jornada de formalización donde sólo se registró una prisión preventiva para Álex Brito -quien fue catalogado como el líder de la red que opera hace al menos cuatro años, y que trabajara en Cancillería-, el fiscal Marcelo Carrasco profundizó en el trabajo realizado, dando cuenta que "la investigación ya tiene su tiempo, viene desarrollándola la Policía de Investigaciones de Chile hace prácticamente un año con diversas medidas intrusivas, entre otras, escuchas telefónicas, incautación de distinta documentación y dispositivos celulares, computadores, de los imputados".

"La investigación ya tiene su tiempo, se viene desarrollando hace prácticamente un año"

Marcelo Carrasco, Fiscal

Sofía Navarro Martínez

Un total de 61 desvinculados registra este año Gendarmería a nivel nacional, decisión que se tomó luego de registrarse hechos de corrupción e infringir la ley de drogas. Dicha cifra se conoció luego que hace algunos días Gendarmería volviera a la palestra por las llamadas celdas vip registradas en la expenintenciaría de Santiago. Estos espacios descritos de lujo contaban, entre otras cosas, con televisores de 32 pulgadas, carnes refrigeradas y videojuegos.

Aunque varios medios de comunicación debatieron el tema, los trabajadores denunciaron que se trataría de un montaje. "Se creó un escenario para hacer creer a la ciudadanía que existen las celdas vip", dijo el presidente provincial de Valparaíso de la Asociación Nacional de Sub Oficiales y Gendarmes (Ansog), cabo primero Cristian Cortes.

El dirigente agregó que existen pruebas para demostrar que lo ocurrido en Santiago se dio luego de las autorizaciones de la jefatura de la unidad penal, pues está permitido. "La gente dice 'chuta, ¿cómo tiene un televisor?', pero eso es parte de la vida. Hay que entender que la población penal no está excluida de la libertad de información o del contacto con el medio libre, simplemente están privados de libertad".

Sobre la posible presencia de celdas vip en la región, el uniformado lo descartó pues "en Valparaíso es difícil porque la infraestructura propia de acá no permite ese tipo de celdas. Aquí son individuales, de aproximadamente dos por tres metros, donde se van cambiando los habitantes. Es difícil que se generen estas situaciones".

Respecto de la realidad que enfrentan los gendarmes al interior de los recintos penitenciarios, Cortes enfatizó que "tenemos una precariedad inmensa en todo sentido: infraestructura, capacitación y vestimenta". "Hay que entender que Gendarmería está muy dispuesta a críticas, hay muchos organismos que están encima, por eso necesitamos mucha capacitación, actualizarnos como servicios y funcionarios a las nuevas realidades que vamos teniendo", acotó el funcionario.

Bomba de tiempo

Por su parte, el diputado socialista y miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara, Leonardo Soto, analizó el escenario de los gendarmes planteando que "hace muchos años que nuestro sistema carcelario completo enfrenta una crisis bastante estructural y profunda que abarca todas las dimensiones".

El parlamentario catalogó el sistema carcelario como una "bomba de tiempo" producto de la combinación de factores precarizados y deficientes que se presentan en un entorno de absoluta violencia y hacinamiento. "En el sistema de formación del personal, Gendarmería carece de los incentivos necesarios para poder tener funcionarios públicos sometidos 100% con sus tareas en la organización de los penales lo que no permite tener un verdadero control sobre la población penal; se mezclan delincuentes experimentados con primerizos lo que termina especializando y aumentando la habilidad de los antisociales que pasan por las cárceles produciendo un círculo vicioso que solo aumenta los niveles de delincuencia", agregó el PS.

En cuanto a las desvinculaciones, Soto destacó que en la institución existe una permanente revisión de la conducta de los funcionarios que es muy necesaria, pues "no es infrecuente que en algunos niveles se produzca un contagio criminal entre los internos que tienen mayor figuración en bandas criminales con gendarmes que parecen cercanos a ellos".

En cuanto al trabajo legislativo para enfrentar esta realidad, el diputado planteó que "el Estado debe establecer una política consistente de mejoramiento de los recintos penales, de la formación de los funcionarios de Gendarmería, además de herramientas de control de la población penal y programas que permitan el deber de trabajar en el encierro de tal manera que puedan costearse sus ingresos y prepararlos para la libertad".

Actualmente en el Congreso se discute una ley que sobre carrera funcionaria para los gendarmes.