La Cámara de Diputados respaldó, con 115 votos a favor, las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran en su interior.

El texto, conocido como "ley antiportonazos", considera como robo y sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo (desde 3 años y un día a 5 años) la apropiación de vehículos motorizados, siempre que el autor se valga de la sorpresa o distracción del conductor o se genere por parte del autor cualquier maniobra distractora, cuyo objeto sea que la víctima abandone el vehículo para facilitar su apropiación, en ambos casos, al momento en que esta se apreste a ingresar o hacer abandono de un lugar habitado, destinado a la habitación o sus dependencias, o su lugar de trabajo.

Si al momento de producirse el robo o hurto de un vehículo motorizado, está adentro un menor o una persona que no pueda abandonar el vehículo por sus propios medios y el autor del robo o hurto inicia la conducción del mismo, se aplicará la pena de presidio mayor en sus grados medio a máximo (10 años y un día a 20 años).

La ministra instructora de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, sugirió la apertura de un cuaderno de remoción para los tres suspendidos jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Ayer, el ministro vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, dijo que en el informe final de su investigación, Maggi imputa a los magistrados Marcelo Albornoz, Marcelo Vásquez y Emilio Elgueta haber intervenido en la tramitación de fallos y nombramientos, entregado información a un cercano y requerido dinero, entre otros comportamientos.

"Todas estas conductas son calificadas por la señora ministra como muy graves, infringen las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales, y (ella) señala que solicita la máxima sanción establecida en este código, que es cuatro meses de suspensión. También señala que todo lo expuesto le permite sugerir a la Corte hacer uso de la norma que permite la remoción de estas personas", precisó Cisternas.

Lo que viene

"Ya se encuentran notificados los tres ministros que eran objeto de la investigación y la señora ministra ha hecho llegar al presidente de la Corte Suprema su informe final. Entonces, comienza en este momento a correr el plazo de tres días para que los involucrados soliciten alegatos ante la Corte Suprema y puedan defender su posición en el proceso", dijo Cisternas, estimando dos semanas para la vista de la causa.

La ministra descartó que otros funcionarios del Poder Judicial estuvieran implicados.

Cargos formulados

En el caso de Marcelo Vásquez, la ministra Maggi lo acusa de haber dictado una resolución en la cual nombró a su hija en calidad de consejero técnico suplente en un tribunal; haber prestado consejo al médico Luis Arenas Contreras, "con quien lo une una relación de amistad a sabiendas del incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno decretado en una causa" por tráfico de psicotrópicos y estupefacientes; y haber modificado, en su calidad de presidente de la Corte, la integración de las salas de ese tribunal en un día determinado "sin justificación ni motivo legal", participando él en la vista de una causa del caso Caval.

Sobre esto último, el abogado de Vásquez, Isidro Solís, dijo que está claro "que el ministro Vásquez integró salas de manera extraordinaria más de 60 veces. Si en esas 60 veces alguien busca una audiencia específica para encontrar un indicio de una conducta incorrecta, es como buscar la quinta pata al gato".

A Elgueta, Maggi le formula estos cargos: haber intervenido en la tramitación y fallo de un recurso de protección interpuesto por Arenas, "con quien tenía un vínculo de amistad, proporcionándole información desde el momento mismo que el recurso -de protección- ingresó a la Corte"; haberse comunicado por teléfono con los abogados y las partes integrantes de diversos procesos; haber solicitado al fiscal regional de O'Higgins designar en un cargo de la Fiscalía Regional a su excónyuge y a una alumna, "recriminándole luego haber exigido pruebas de admisión y rechazando el requerimiento"; exigir la designación de una alumna en el Primer Juzgado Civil de Rancagua; y "haber requerido y aceptado" dinero en otra situación.

Al Albornoz, Maggi le imputa que solicitó $1.500.000 mientras Arenas incumplía una medida cautelar.

"Comienza en este momento a correr el plazo de tres días para que los involucrados soliciten alegatos ante la Corte Suprema"

Lamberto Cisternas, Ministro vocero Corte Suprema

El Gobierno inició el Plan Invierno 2019, estrategia que cuenta con un conjunto de servicios especializados para proteger la vida de las personas en situación de calle durante la época invernal.

"Hemos incrementado los albergues que operan durante todo el invierno. Estamos abriéndolos a lo largo de todo Chile y esto se completará el 15 de junio. Vamos a tener, cuando las condiciones sean adversas y esté activado el Código Azul, más de cien albergues", dijo el ministro de Desarrollo Social y Familia, Alfredo Moreno.

El Código Azul, que redobla los esfuerzos en días de mayor severidad climática, se activa en caso de que la temperatura caiga de los cero grados, o cuando haya lluvia y la temperatura baje de los 5 grados.

El plan también consta del programa Noche Digna, que brinda alternativas transitorias de alojamiento y atención en calle durante todo el año.