Las dos centrales obreras de Argentina junto a movimientos sociales realizaron ayer la quinta huelga general que afronta el Gobierno de Mauricio Macri, un paro "contundente" en un escenario de recesión económica y cuando restan cinco meses para la elección presidencial.

La huelga de 24 horas fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina y dominada por dirigentes sindicales peronistas, opositores al Gobierno de Macri. Tuvo un "alto nivel de acatamiento", según aseguraron los líderes gremiales.

Héctor Daer, uno de los titulares de la CGT, dijo que la huelga tuvo como fin "reclamar medidas urgentes de rectificación de las políticas económicas que se llevan adelante, que sistemáticamente fueron erosionando toda la actividad productiva, trayendo consecuencias devastadoras en el tejido social".

La medida se realiza en momentos en que Argentina cumple un año sumida en recesión económica, con altos índices de inflación, caída del poder adquisitivo de los asalariados y un deterioro en los índices de empleo y pobreza.

"El acatamiento fue muy importante en todo el país. La contundencia de esta medida quedó demostrada en las grandes ciudades de Argentina, donde la fotografía fue una ciudad desierta", afirmó Daer.

A la protesta, que se hizo notar con fuerza en Buenos Aires, se sumaron los sindicatos alineados con Hugo Moyano, líder de los camioneros, de extracción peronista pero distanciado de la conducción de la CGT, y la Central de Trabajadores Argentinos, que agrupa mayoritariamente a gremios de trabajadores estatales.

El paro se sintió en actividades como el transporte público y de cargas, los bancos, el comercio, varias ramas industriales, los puertos, la educación, la construcción y la administración pública.

Según un trabajo elaborado por el Ministerio de Hacienda, la huelga de ayer supuso una pérdida para el país de 40 mil millones de pesos (unos 880 millones de dólares), la que afecta mayormente a la industria y el comercio.

El Presidente peruano Martín Vizcarra colocó ayer al parlamento opositor al borde de su disolución tras invocar un mecanismo legal extremo con el que exige aprobar cinco reformas políticas que buscan empoderar la lucha anticorrupción y el fortalecimiento institucional.

En caso de que el Congreso no apruebe el pedido presidencial con más de 66 votos en una sesión donde debe asistir el gabinete a explicar lo solicitado, Vizcarra podría usar la ley para cerrar el Parlamento unicameral de 130 legisladores y dominado por el partido derechista de la encarcelada Keiko Fujimori.

"La mayoría parlamentaria una vez más sigue dándole la espalda a los ciudadanos y haciéndole daño al Perú", dijo Vizcarra en un mensaje desde el palacio presidencial, acompañado de su gabinete en pleno y de varios gobernadores regionales.

La dura decisión surge luego de que el Parlamento archivara la semana pasada uno de los proyectos enviados por el Presidente para eliminar un privilegio que poseen los congresistas, quienes sólo pueden ser procesados si el Poder Legislativo lo permite.

Proyectos

Los proyectos que Vizcarra intenta aprobar son: uno que busca que la inmunidad parlamentaria pueda ser retirada por la Corte Suprema, otro que las personas condenadas no puedan ser candidatos y un tercero en el cual cualquier peruano pueda participar en la elección de candidatos en primarias internas partidarias.

Las otras iniciativas buscan que se elimine el voto preferencial para que se garantice la paridad y la alternancia de género en las listas de candidatos y finalmente que se prohíba el uso de dinero sucio en las campañas electorales.

Vizcarra afirmó que su decisión de corregir el sistema judicial y político "afecta a grandes grupos" de poder que son defendidos por "políticos inescrupulosos".

La cuestión de confianza, inspirada en el parlamentarismo europeo, es un mecanismo de control y equilibrio de poderes que puede ser usado por el gobierno.

El artículo 134 de la constitución sostiene que el presidente puede disolver el Parlamento si éste le niega la solicitud de "confianza" a dos consejos de ministros. El Congreso ya ha negado una vez la confianza a un consejo de ministros en septiembre de 2017 y si vuelve a hacerlo, podría ser disuelto por el Mandatario.

Redacción

Tras casi cuatro años sin publicar indicadores económicos, el Banco Central de Venezuela reveló en su sitio web una caída del Producto Interno (PIB) de 52,3% desde 2013, cuando Nicolás Maduro fue elegido Presidente.

La institución estima, además, que la inflación ha alcanzado la cifra más alta en la historia reciente del país, al pasar del 180,9 por ciento en 2015 al 130.060% en 2018.

Debajo de otras cifras

Los números están, en todo caso, muy por debajo de las estimaciones de la Asamblea Nacional, de firmas independientes y organismos multilaterales, que calcularon el alza de precios del año pasado por encima de 1.700.000% y que la situaron para el cierre de este 2019 superará los 10.000.000%.

Aun así, es el primer reconocimiento explícito del régimen chavista del inmenso deterioro en el que está inmersa la economía venezolana. De hecho, para la inflación acumulada en los primeros cuatro meses de 2019, la administración de Maduro tiene una estimación aún peor que la de la Asamblea Nacional, que lo calcula en el 666%. El Banco Central lo sitúa en más del 1.047% sólo entre enero y abril.

El organismo estatal informó, igualmente, que las exportaciones petroleras -fuente del 96% de los ingresos del país caribeño- se desplomaron hasta US$29.810 millones en 2018. Se ubicaban en US$85.603 millones en 2013 y en US$71.732 millones en 2014, cuando se derrumbaron los precios del crudo y estalló la profunda crisis que azota a los venezolanos.

Aunque las cotizaciones se recuperaron a partir de 2016, una abrupta baja en la producción ha impedido un repunte de los ingresos.

Según cifras oficiales citadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la oferta de petróleo venezolano, que fue de 3,2 millones de barriles por día hace una década, se colocó en 1,03 millones en abril. No obstante, fuentes secundarias de la OPEP la cifraron en apenas 768 mil barriles diarios el mes pasado.

El Banco Central venezolano también dio cuenta de que las importaciones cayeron de US$57.183 millones en 2013 a US$14.866 millones en 2018, dato que explica la severa escasez de bienes básicos.

Los venezolanos enfrentan desabastecimiento cíclico de alimentos y crónico en el caso de los fármacos y los insumos médicos, a lo que se suma ahora la falta de gasolina, buena parte importada.