Más de veinte exjefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina instaron al Consejo Permanente de la OEA a que condene "la grave violación" de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que, a su juicio, supone el que Evo Morales sea de nuevo candidato a la Presidencia de Bolivia.

Entre ellos, Jorge Quiroga, exmandatario de Bolivia; Óscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (Colombia) y el chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En una declaración los participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) recuerdan que la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia establece que el Presidente de ese país puede ser reelegido una sola vez de manera continua.

También indican que el Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano estableció en 2013, en contra de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución (Parágrafo II), que los mandatos presidenciales anteriores a la Carta Magna no cuentan a efectos de la reelección, lo que posibilitó que Morales, que fue elegido por primera vez en 2005, pudiera ser reelegido en 2014.

Los exjefes de Estado y de Gobierno dicen que el "intento de Evo Morales para perpetuarse en el ejercicio del poder, en fraude manifiesto a la Constitución".

EFE

El partido de Luiz Inácio Lula da Silva instó a la movilización contra lo que considera una "farsa judicial" construida por los fiscales de la investigación Lava Jato y el exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro y quien en 2017 condenó al expresidente a prisión.

El progresista Partido de los Trabajadores (PT) alzó la voz tras un reportaje publicado el domingo por The Intercept Brasil, que cuestiona la imparcialidad de la operación Lava Jato, la investigación que condujo a Lula a la cárcel por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

El medio publicó conversaciones privadas entre el fiscal Deltan Dallagnol, quien dirigía la Lava Jato en Curitiba, y el exmagistrado Sergio Moro.

Según las mismas, Moro orientó a través de mensajes de Telegram a Dallagnol durante la investigación que condujo a Lula a prisión, algo que, según especialistas, está prohibido en el Código Penal brasileño.

El entonces magistrado sugirió a Dallagnol cambiar el orden de las fases de la operación Lava Jato y dio consejos y pistas a los fiscales encargados del caso, según señala The Intercept con base en los documentos divulgados.

"Las revelaciones de The Intercept Brasil exponen la real dimensión de una trama criminal, en conversaciones que cubren de vergüenza el sistema judicial brasileño", dice un comunicado del PT. Para la tienda, las conversaciones, cuya veracidad fue confirmada por los fiscales de la Lava Jato, "comprueban la parcialidad de Moro y su actuación como maestro de una denuncia manipulada desde el inicio".

El actual ministro de Justicia, por su parte, restó importancia al contenido de los mensajes y subrayó que en los mismos "no se vislumbra cualquier anormalidad o dirección de actuación" cuando era magistrado, "a pesar de haber sido retiradas de contexto y del sensacionalismo de las noticias, que ignoran la gigantesca trama de corrupción revelada por la Operación Lava Jato".

También lamentó "la falta de identificación de la fuente responsable por la invasión criminal de los celulares de los procuradores".

Con base en los argumentos presentados por Dallagnol y los demás fiscales de la Lava Jato, Moro condenó a Lula en 2017 a 9 años y 6 meses de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, pena que fue ampliada por un tribunal de segunda instancia y concluyó con la prisión del exmandatario en abril de 2018.