Más incentivos económicos, y sobre todo intelectuales, necesitan los docentes para asegurar la oferta de personal calificado en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), dijo en Londres Andreas Schleicher, director de Educación de ese organismo, al presentar los resultados del estudio TALIS 2018, un estudio que recoge la opinión de 260.000 maestros de en 48 países, entre ellos Chile.

"La calidad de la educación nunca puede exceder la calidad de sus docentes", por lo que los Gobiernos deben garantizar no sólo que los profesores sean bien remunerados, sino que "cuenten con formación continua relevante" y trabajen en un entorno "cooperativo y estimulante", dijo a EFE el experto.

El informe TALIS se realiza cada cinco años y examina el estado de la docencia en los países OCDE. En el caso chileno, participaron casi 1.971 maestros y 170 directivos de colegios públicos y privados, que destacaron junto con México en la formación en el uso de TIC (tecnología de la información y comunicación). Para este ítem, en ambos países el 77% de los encuestados dijo haber recibido formación en TIC, a diferencia de Suecia, donde aquello ocurrió sólo con el 36%. El promedio OCDE es 56%.

La radiografía a los profesores chilenos arrojó que tienen en promedio 41 años, mientras que el 27 % es mayor de 50. Esto significa que el país debe renovar uno de cada cuatro miembros de su fuerza laboral docente en los próximos 10 años.

Chile también destacó frente a otros países por sus esfuerzos contra el acoso laboral o "bullying": sólo el 4% reportó actos regulares de este tipo entre sus escuelas. El 96% restante afirmó tener una buena relación con sus estudiantes.

El cuestionario reveló además que los maestros chilenos mostraron su inconformismo con los programas de mentoría para avanzar en sus carreras en los centros educativos, ya que sólo el 7% dice participar.

Andreas Schleicher finalmente conminó a los Gobiernos a ofrecer incentivos para que los mejores profesores quieran ir a trabajar a los centros más problemáticos, de la misma manera que "un cirujano querría realizar la operación más compleja".

Con arraigo nacional quedó ayer el general en retiro y ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, tras ser formalizado por supuesto lavado de activos en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago

En febrero pasado, Fuente-Alba había sido procesado y puesto en prisión preventiva por la jueza especial Romy Rutherford por malversación de caudales públicos, por unos 3.500 millones de pesos, correspondientes a gastos reservados de la institución castrense.

Con ese proceso como base, el fiscal centro norte José Morales dio a conocer ayer una serie de operaciones financieras que habría realizado Fuente-Alba con el fin de ocultar o disimular el origen de aquellos y otros dineros. Entre esas acciones se consideran la compra y venta de vehículos de lujo y de algunos inmuebles, además de depósitos "sin fundamento" o de "origen desconocido" a distintas cuentas, algunas a nombre de su esposa.

El fiscal cifró en más de 422 millones de pesos y 341 mil dólares "los fondos clasificados como fondos por justificar y de origen desconocido, presuntamente provenientes del delito base".

En total, de acuerdo a Morales, entre 2010 y 2016 Fuente-Alba "realiza gastos, durante el periodo investigado, por $7.324.926.511. Los montos expresados no se condicen con los ingresos formalmente declarados por el imputado en su calidad de funcionario público, los que ascienden a $155.452.000 entre enero de 2010 y mayo de 2014".

"siete dinámicas"

El persecutor detalló, como ejemplo, que el exmilitar compró vehículos de lujo que pagaba en cuotas con 17 tarjetas bancarias, tanto nacionales como internacionales, cuyo saldo provendría de los gastos reservados. Según el fiscal, en ocasiones, Fuente-Alba no inscribió de inmediato los vehículos a su nombre, "para evitar establecer su origen ilícito".

En una ocasión, dijo Morales, compró un vehículo a nombre de su hijo, el que fue vendido siete meses después. Luego, el dinero fue depositado en un fondo mutuo a nombre del exuniformado.

"El imputado tiene alrededor de siete dinámicas o modalidades distintas de lavado de dinero: adquisición de vehículos, pagos con tarjetas de crédito e inyección de depósito en efectivo, pagos con ocupar testaferros para efecto de la compra y venta de vehículos, compra y venta de inmuebles, depósito en efectivo en cuentas, pago anticipado de créditos, con generación de inversiones", indicó el fiscal.

Agregó que se efectuaron "pagos por distintos conceptos con cheques de las cuentas secundarias o mediante tarjetas de créditos asociadas a estas cuentas". Luego, eran "cubiertos con fondos de la cuenta principal o con dineros en efectivo provenientes de gastos reservados, operaciones que le permitieron desvincular el dinero de su origen ilícito".

Durante la audiencia, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para Fuente-Alba, quien arriesga hasta 15 años de cárcel, pero el tribunal desestimó la solicitud debido a que el exmilitar cumple dicha medida desde que fue procesado por malversación. Así, el juez decretó el arraigo nacional y fijó 180 días para la investigación.

"errores grotescos"

El abogado del exuniformado, Maximiliano Murath, apuntó a la falta de rigurosidad de los informes de la Policía de Investigaciones (PDI) que, a su juicio, podrían ser "el único elemento de cargos serio que pudiese haber de parte de la Fiscalía".

Sin embargo, señaló que "hay errores tan grotescos como que en los mismos ítemes se cambian los números, disminuyendo el patrimonio del general antes del periodo 2014. Se omiten compraventas que se tuvieron antes de 2014 por montos cercanos a los 200, 300 millones de pesos. Se omiten créditos hipotecarios".